CASTELLÓ. Compromís per Castelló ha denunciado que el Partido Popular y Vox han pactado desde València la recuperación del monumento a los caídos del parque Ribalta, retirado en 2023 en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La medida, incluida en una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, se ha acordado sin consultar al Ayuntamiento y supone, para la formación valencianista, un ataque frontal a la autonomía municipal.

“La aprobación de esta enmienda y la inclusión de una partida de 200.000 euros para el parque Ribalta constatan que el cuarto grupo de Les Corts, Vox, es quien gobierna hoy Castelló por encima de Begoña Carrasco. Es la prueba de que, para salvar el cargo de Mazón, el PP es capaz de recuperar un monumento que puso el franquismo, en el mismo lugar donde lo puso el franquismo. Y eso es una auténtica vergüenza”, ha manifestado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia.

La formación recuerda que este monumento se retiró en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y se encontraba ubicado en un espacio declarado Bien de Interés Cultural. Ahora, la modificación legal acordada por PP y Vox permitiría a la Generalitat y al Ayuntamiento restituir elementos como este, sin ninguna participación ni decisión por parte de la ciudad. Compromís denuncia que la partida presupuestaria se ha negociado al margen de la corporación municipal, ignorando al Ayuntamiento y a su alcaldesa, lo que consideran una muestra del desprecio del PP de València hacia la autonomía local de Castelló. Alertan de que se trata de un peaje político que el Partido Popular está pagando a Vox para mantener a Mazón al frente del Consell.

La coalición también señala que esta forma de actuar no es un hecho aislado. En Borriana, el PP ha impedido recientemente la celebración de un acto sobre memoria democrática, restringiendo el uso de un espacio público. Para Compromís, se trata de un patrón preocupante en el que el PP está dispuesto a vulnerar derechos fundamentales y romper las reglas básicas de la democracia para conservar el poder. Por todo ello, exigen la retirada inmediata de la enmienda y que los recursos públicos se destinen a reforzar servicios esenciales, y no a imponer símbolos franquistas ni a reabrir heridas que la sociedad ya había cerrado con consenso democrático.