CASTELLÓ. El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha presentado este jueves en Castelló la campaña de vivienda de la coalición, en la que insiste en declarar la ciudad como "zona tensionada" para limitar el precio del alquiler y exige "luz y taquígrafos" en la gestión de las viviendas de protección pública (VPP). La comparecencia ha tenido lugar en el Raval Universitari, frente a un local comercial donde se construyen 15 'minipisos', un ejemplo, a juicio de la formación, del "modelo que favorece" el bipartito entre el PP y Vox. "Encuesta tras encuesta, la vivienda supone el principal problema social actual", ha afirmado Baldoví, que ha señalado que Castelló representa la ciudad en la que más aumenta el alquiler. "El bipartito no ha hecho nada; al contrario, facilitan infraviviendas para hacer negocio a precios prohibitivos", ha criticado.
Así, frente a lo que ha calificado como "especulación y negocio entre promotores y políticos", el síndic ha defendido declarar la ciudad como zona tensionada, "una medida totalmente razonable ante la que el PP y Vox no son valientes". En este sentido, Baldoví ha planteado además la construcción de pisos públicos a través de un listado transparente de oferta y demanda, dado que "existen 3.000 personas que demandan hogares públicos y no debe ir a parar a amigos del PP, como en Alicante". El portavoz de Compromís también ha reprochado al PSPV no haber sido "valiente" para controlar los precios.
La oferta de viviendas turísticas frente al alquiler
En el plano puramente local, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha denunciado que el gobierno municipal "ha dado la espalda al vecindario" del Raval desde que advirtieron del caso de las infraviviendas "en mayo de 2025". A tal efecto, Garcia ha señalado que los constructores "entran en las comunidades y operan sobre sus instalaciones sin permiso" y ha reclamado al bipartito que requiera la autorización expresa para ello. Por otro lado, el edil ha lamentado que "la única política de vivienda" impulsada por la alcaldesa, Begoña Carrasco, haya sido "convertir 23 VPP en el Grau en renta libre". El portavoz de la coalición en el consistorio ha recordado asimismo que la ordenanza fiscal aprobada por el propio ejecutivo local "permite un recargo del 50% a grandes tenedores con pisos vacíos, una herramienta que no se aplica".
- La propuesta de la coalición incluye medidas para la rehabilitación en zonas rurales.
Finalmente, Garcia ha apuntado que en Castelló existen "cuatro veces más viviendas turísticas en oferta que de alquiler" y, según los datos del Ministerio, "al menos 50 son ilegales, pese al compromiso de controlarlas realizado por Carrasco en Fitur 2025". Por su parte, la diputada autonómica María José Calabuig, miembro de la comisión de Vivienda, ha presentado una página web con las propuestas de la coalición, entre las que también destacan medidas para la rehabilitación en el ámbito rural.
Por otra parte, el portavoz del gobierno municipal de Castelló, Vicent Sales, se ha referido este jueves a la polémica por las adjudicaciones de VPP a cargos públicos en Alicante y ha asegurado que el consistorio está "con la antena puesta y vigilante para que no ocurra un caso similar". De esta manera, Sales ha puntualizado que no se trata de los ayuntamientos quienes elaboran el listado de adjudicatarios, "sino que es la Conselleria en colaboración con la empresa constructora, que selecciona a los compradores en base a los requisitos que le proporciona la administración".
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