CASTELLÓ. Compromís per Castelló ha presentado una declaración institucional para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y reforzar el acceso libre, seguro, público y universal al aborto. La iniciativa, que se lleva a la Junta de Portavoces con el objetivo de elevarla al pleno con unanimidad, reclama también el cumplimiento efectivo de la legislación vigente que protege a las mujeres del acoso en las puertas de las clínicas. La concejala de Compromís, Vera Bou, ha señalado que "el Ayuntamiento de Castelló no puede situarse del lado de quienes quieren dar pasos atrás en derechos fundamentales. Bloquear esta declaración supondría dar cobertura institucional a los grupos ultracatólicos que acosan a las mujeres cuando acceden a las clínicas de IVE, y sería negar una realidad que en Castelló también se da".
La coalición alerta de que el acoso en las clínicas IVE sigue siendo una realidad, a pesar de que la Ley Orgánica 4/2022 penaliza de manera explícita las coacciones e intimidaciones a las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Sin embargo, diversos colectivos "provida" mantienen estas prácticas en las puertas de clínicas de todo el Estado, vulnerando la intimidad y la libertad de decisión de las pacientes.
Además, los datos de los departamentos de salud valencianos ponen de manifiesto otra desigualdad importante en el acceso al aborto. En el de Castelló, en 2024, solo 14 de las 484 interrupciones del embarazo se realizaron en la sanidad pública, mientras que en Vinaròs cerca del 84% se practicaron en centros públicos. "La derivación sistemática a la privada no solo es más costosa, sino que también deja a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, porque los hospitales son quienes cuentan con los protocolos y los equipos para actuar ante cualquier complicación", ha señalado Bou. La concejala ha remarcado que "cuando la sanidad pública no asume este servicio esencial, estamos ante una forma de violencia institucional que afecta directamente al derecho a una atención segura y digna".
Instancia sobre el personal no objetor
Asimismo, la iniciativa insta al Gobierno del Estado y a la Generalitat Valenciana a garantizar que todos los departamentos de salud dispongan de personal no objetor, para evitar la discriminación territorial que afecta especialmente a las mujeres jóvenes y a las que viven en zonas rurales. Bou ha destacado que la declaración sigue las recomendaciones de organismos internacionales y del Parlamento Europeo, que han reclamado incluir el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
"El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho democrático que no puede depender del código postal, de la moral de unos pocos ni de creencias religiosas", ha remarcado la concejala, quien ha añadido: "Es inadmisible que en pleno siglo XXI todavía haya mujeres que tengan que acceder a un centro médico con miedo, insultadas o escrutadas por grupos organizados".
Compromís ha expresado que continuará trabajando para que Castelló sea un municipio comprometido con los derechos sexuales y reproductivos, con políticas públicas que sitúen la salud, la libertad y la dignidad de las mujeres y personas gestantes en el centro. En este sentido, la formación ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que no frene una declaración que busca proteger derechos fundamentales y garantizar que todas las mujeres puedan ejercer el aborto en condiciones de seguridad y dignidad.
