CASTELLÓ. Compromís per Castelló presentará en el próximo pleno una moción para que el Ayuntamiento dé apoyo activo al proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno de España el pasado 27 de enero, que permitirá que personas extranjeras que ya residen en el Estado y acrediten arraigo puedan obtener residencia y autorización de trabajo legal, con acceso a derechos básicos como la asistencia sanitaria, la educación y la cotización a la Seguridad Social.

Según las estimaciones, en la ciudad de Castelló podrían acogerse a este proceso más de 12.000 personas. Para Compromís per Castelló, esta cifra demuestra la importancia de que el Ayuntamiento actúe con responsabilidad y ponga los recursos municipales al servicio de un proceso que afectará directamente a miles de familias de la ciudad, más allá de posicionamientos partidistas y dogmatismos.

El concejal de Compromís, Pau Sancho, ha destacado que "no estamos hablando de personas anónimas, sino de vecinos y vecinas que ya forman parte de Castelló. Son personas que ya conviven en los barrios, trabajan, tienen hijos e hijas escolarizados y contribuyen a la vida comunitaria. Han construido su vida aquí y merecen derechos y seguridad jurídica". Sancho ha insistido en que la regularización "no es solo una cuestión administrativa, es una cuestión de dignidad, cohesión social y justicia".

En este sentido, la moción plantea que el Ayuntamiento, a través de las concejalías de Convivencia Social e Interculturalidad y de Bienestar Social, se comprometa a facilitar información y asesoramiento a las personas que quieran iniciar los trámites de regularización, así como a reforzar los servicios municipales que puedan ver incrementada su carga de trabajo.

La propuesta también contempla la posibilidad de ceder espacios municipales, si fuera necesario, para facilitar la instalación provisional de servicios consulares que agilicen la tramitación de documentación imprescindible para el proceso, así como trasladar esta información a las asociaciones y colectivos de personas migrantes de la ciudad.

Sancho ha remarcado que "esta medida pretende evitar situaciones de vulnerabilidad y explotación laboral, así como reforzar la cohesión social y la convivencia", y ha defendido que el Ayuntamiento de Castelló "debe estar a la altura y actuar como una institución comprometida con los derechos humanos y con la plena inclusión de todas las personas que viven entre nosotros".

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