CASTELLÓ. Los grupos municipales de Compromís y el PSPV en el Ayuntamiento de Castelló han registrado una moción conjunta para frenar la proliferación de bajos comerciales convertidos en infraviviendas en la ciudad, una problemática que "se está extendiendo por diferentes barrios y que ha generado un creciente malestar vecinal" ante la falta de respuesta del gobierno municipal del Partido Popular.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha advertido que "pagar más de 120.000 euros por vivir en una infravivienda de 30 metros cuadrados en un bajo comercial no puede considerarse nunca una solución habitacional para una familia". En este sentido, ha señalado que "el incremento del precio de la vivienda y la especulación están convirtiendo muchos bajos comerciales de la ciudad en infraviviendas, algunos con la intención de destinarlos únicamente a uso turístico, y este no es el modelo de ciudad que queremos".

Garcia ha remarcado que esta dinámica está comportando, además, problemas de convivencia en los edificios y una degradación progresiva de diferentes barrios, y ha destacado que el problema no es que alguien quiera hacerse una vivienda, sino que "la especulación y el aumento del precio de la vivienda están favoreciendo la conversión masiva de bajos comerciales ante la inacción del Ayuntamiento".

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, ha acusado a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de "seguir mirando hacia otro lado pese a la proliferación de bajos comerciales convertidos en infraviviendas". Desde el Partido Socialista señalan que "llevamos meses denunciando esta situación, muy presente en toda la zona del Raval Universitario, pero que ya se está extendiendo por toda la ciudad, sin que Carrasco tenga ninguna intención de actuar".

Puerta ha indicado que, pese a todo, "le damos una nueva oportunidad para que, en el próximo pleno, apruebe la moción conjunta de PSPV y Compromís, en la que reclamamos, entre otras cuestiones, una moratoria en estas obras, más inspecciones, revisar las denuncias vecinales y exigir que exista una autorización de la comunidad de propietarios".

La moción registrada pone el foco, de este modo, en el creciente "malestar de la ciudadanía" ante obras que afectan a elementos comunes de los edificios sin autorización, así como en la sensación de indefensión de muchas comunidades de propietarios. Por ello, la iniciativa reclama que sea obligatoria la autorización expresa de las comunidades de propietarios en todas aquellas obras que afecten a estructuras, instalaciones o servicios comunes de los edificios, con el objetivo de evitar conflictos vecinales y prácticas irregulares.

Además, el texto plantea medidas concretas como reforzar las inspecciones urbanísticas, revisar de manera sistemática las denuncias del vecindario, paralizar y sancionar las obras que no cumplan la normativa, establecer una moratoria inmediata a este tipo de conversiones y ampliar la reglamentación del Plan General para garantizar el desarrollo comercial y la convivencia.

Con todo, Compromís y el PSPV insisten en que el Ayuntamiento debe asumir un papel activo ante esta situación que "está alterando la naturaleza de los barrios, eliminando los negocios de proximidad y dificultando el acceso a una vivienda digna". Frente a ello, reclaman una actuación decidida para poner límites a la especulación.