CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló activa un nuevo contrato para intervenir en situaciones urbanas de riesgo con un salto cuantitativo y económico respecto al anterior acuerdo. Así, la licitación del servicio de ejecución subsidiaria de obras —que incluye la demolición de edificaciones en ruina— sale a concurso por un periodo inicial de dos años y un presupuesto de 406.500 euros, con la posibilidad de prorrogarlo otros dos ejercicios más. El movimiento evidencia un refuerzo de este instrumento municipal, clave para actuar con rapidez ante incidencias graves en el espacio urbano.

En este sentido, el incremento económico resulta uno de los elementos más significativos del nuevo expediente. El contrato anterior, adjudicado en 2022 a la firma castellonense Gimencons, del Grupo Nealis, partía de una base de licitación ligeramente superior a los 290.000 euros y se asignó finalmente por 240.000 euros para dos años, también ampliables a cuatro. Ahora, el consistorio eleva en 116.000 el presupuesto inicial, en un contexto de mayor presión sobre el mantenimiento urbano y la necesidad de dar una respuesta ágil a situaciones de deterioro estructural en inmuebles.

Asimismo, el alcance del servicio viaja más allá de los derribos. En efecto, según el pliego técnico, el contrato abarca desde la demolición de construcciones ilegales o en ruina hasta trabajos de apuntalamiento, estabilización, vallado de parcelas o retirada de escombros, además de la redacción de informes técnicos y proyectos asociados. Por tanto, se trata de una herramienta integral para restablecer la legalidad urbanística y garantizar el deber de conservación de los inmuebles, con capacidad de actuación tanto preventiva como correctiva.

Una "brigada de obras urgentes"

El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, enmarcó la licitación en la operativa de una "brigada para obras urgentes" destinada a intervenir en episodios críticos. "Se trata de asuntos graves como desperfectos, caídas de cornisas o urgencias por peligro en la calle", explicó, a la vez que subrayó el carácter puntual pero esencial de estas actuaciones. Con ello, el modelo responde a una lógica de intervención subsidiaria, es decir, una vez ejecutadas las obras, el coste se repercute a los propietarios o a las comunidades de vecinos responsables.

Por otro lado, desde el punto de vista técnico, el contrato introduce un sistema de ejecución flexible condicionado por la urgencia de cada intervención. En situaciones de riesgo inminente, los técnicos municipales pueden ordenar actuaciones inmediatas sin necesidad de proyecto previo, con límite a lo estrictamente necesario para eliminar el peligro. En el resto de casos, se exige la redacción de proyectos con criterios ajustados a la normativa autonómica y a los precios de referencia del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), lo que aporta homogeneidad a las valoraciones económicas.

Al detalle, la licitación define una estructura operativa exigente para la empresa adjudicataria. De esta manera, deberá disponer de personal técnico cualificado, capacidad de respuesta incluso en festivos y un sistema de atención permanente las 24 horas. Además, se contempla la posibilidad de intervenir en inmuebles con acceso restringido mediante autorización judicial, lo que refuerza el carácter coercitivo del servicio cuando existe incumplimiento del deber de conservación. En definitiva, con este contrato, el Ayuntamiento busca consolidar un dispositivo estable para afrontar uno de los frentes más sensibles de la gestión urbana: la seguridad en el espacio público vinculada al estado del parque edificatorio.

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