CASTELLÓ. Compromís por Castelló lamenta que la alcaldesa, Begoña Carrasco, continúe manteniendo al concejal de Movilidad del Partido Popular, Cristian Ramírez, después de que la Audiencia Provincial de Castellón haya ordenado la reapertura de la investigación judicial por la desaparición de más de un centenar de multas de la zona azul. Para la coalición, el hecho de que haya sido la justicia quien obligue a investigar unos hechos que el gobierno municipal se negó a aclarar evidencia una grave falta de responsabilidad política.
La resolución de la Audiencia deja sin efecto el archivo inicial de la causa y considera que la prescripción masiva de sanciones no puede explicarse como un simple error administrativo, especialmente teniendo en cuenta que los hechos afectan al máximo responsable político del área de Movilidad y del servicio de estacionamiento regulado. En este sentido, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que “que la señora Carrasco continúe manteniendo al señor Ramírez como concejal de Movilidad, sabiendo que ha sido la Audiencia Provincial la que ha ordenado investigar por qué al concejal del PP le han desaparecido más de cien multas que debería haber pagado, solo demuestra que es cómplice y que está protegiendo a su subordinado”.
Garcia ha añadido que “Carrasco está anteponiendo los intereses del Partido Popular a la transparencia, a la buena gestión y al buen nombre del Ayuntamiento de Castelló”, y ha recordado que Compromís lleva tiempo reclamando explicaciones sobre cómo es posible que 104 multas se volatilizaran sin que pasara nada, sin obtener ninguna respuesta por parte del gobierno municipal.
Las sanciones "sistemáticas"
Según la información oficial, Cristian Ramírez fue sancionado en 170 ocasiones por estacionar incorrectamente en la zona azul de Castelló. De estas sanciones, 136 multas impagadas fueron trasladadas a la Oficina de Recaudación municipal, y 105 de ellas acabaron archivadas por prescripción al no poder notificarse dentro del plazo legal. Compromís considera "especialmente grave que estas infracciones no fueran puntuales, sino sistemáticas -más de dos veces por semana-, y protagonizadas por el responsable político encargado de hacer cumplir la ordenanza de movilidad".
La coalición también recuerda que la alcaldesa rechazó en su momento investigar estos hechos, llegando a calificar la denuncia de “malintencionada” por el hecho de proceder de la oposición. En este sentido, Compromís subraya que en el mes de diciembre presentó una moción en el pleno municipal para exigir explicaciones sobre la desaparición de las multas al concejal de Movilidad, una iniciativa que fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox. “Compromís lo hemos estado reclamando desde el primer momento, y ahora no lo dice solo la izquierda, lo dice la Audiencia Provincial”, ha remarcado Garcia, quien considera especialmente grave que el gobierno municipal intente desacreditar una decisión judicial que únicamente pide que se investigue qué ha pasado.
Desde la formación concluyen que, tras la decisión judicial y el silencio de Carrasco durante todo el fin de semana, la alcaldesa ya no tiene margen político para seguir mirando hacia otro lado, y le exigen que actúe para garantizar la transparencia, la igualdad ante la ley y el buen funcionamiento del Ayuntamiento de Castelló.
