CASTELLÓ. El contrato para intervenir de forma subsidiaria en edificios en ruinas y situaciones urbanas de riesgo en Castelló da un vuelco en su recta final. De esta manera, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado jueves una nueva propuesta de adjudicación después de que la empresa seleccionada, la coruñesa Applus Norcontrol, no completara el procedimiento administrativo en plazo. Así, el servicio pasará previsiblemente a manos de Transportes Alegre Monferrer, filial del castellonense Grupo Menguilló, segunda clasificada en el concurso público creado por el Ayuntamiento. Además, el consistorio ha iniciado un expediente sancionador contra la firma inicialmente propuesta, a la que impondrá una penalidad de 10.800 euros por desistir del contrato tras resultar adjudicataria provisional.
Con ello, la modificación se produce apenas unas semanas después de que la Mesa de Contratación situara a Applus Norcontrol como la mejor oferta del procedimiento. La compañía gallega había presentado una rebaja del 32 % sobre los precios unitarios de referencia del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), frente al descuento del 25 % ofertado por Transportes Alegre Monferrer. La diferencia económica permitió a la primera alcanzar la máxima puntuación automática, con 50 puntos, mientras que la mercantil castellonense obtuvo 39,06 puntos. Sin embargo, según explicó el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, la adjudicataria propuesta "no presentó la documentación en tiempo y forma", circunstancia que ha obligado al Ayuntamiento a acudir a la segunda clasificada para evitar reiniciar el procedimiento desde cero.
Actuación rápida ante situaciones de riesgo
En este sentido, el contrato queda encarrilado para la empresa local vinculada al Grupo Menguilló, especializada en movimientos de tierra, transporte y obra civil. El servicio posee un marcado carácter estratégico para el área de Urbanismo, ya que permite al consistorio actuar de forma rápida ante situaciones de riesgo derivadas del mal estado de inmuebles, solares o elementos constructivos. En concreto, el acuerdo contempla actuaciones subsidiarias cuando los propietarios incumplen sus obligaciones de conservación, desde demoliciones de edificaciones ruinosas hasta apuntalamientos, vallados, retirada de escombros o trabajos de estabilización estructural. Asimismo, la concesión incluye la redacción de informes, proyectos y tareas de localización de datos asociados a cada intervención.
- El contrato incluye respuesta incluso en festivos y atención las 24 horas.
Además, el expediente supone un salto económico y operativo respecto al contrato anterior. La nueva licitación salió a concurso a principios de marzo por 406.500 euros para un periodo inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos ejercicios más. La cifra representa un incremento de más de 116.000 euros respecto al anterior acuerdo, adjudicado en 2022 a la castellonense Gimecons, del Grupo Nealis, por unos 240.000 euros para el mismo periodo. El Ayuntamiento justifica este refuerzo por la necesidad de disponer de una herramienta más ágil y estable para responder a incidencias urbanas graves, especialmente en un contexto de aumento de actuaciones relacionadas con desprendimientos, estructuras deterioradas o inmuebles abandonados.
Capacidad de respuesta en festivos y atención las 24 horas
En paralelo, el pliego técnico dibuja un dispositivo de intervención permanente con capacidad de actuación incluso en festivos y atención durante las 24 horas. De hecho, el gobierno municipal define el servicio como una suerte de "brigada de obras urgentes" destinada a responder ante caídas de cornisas, desperfectos o episodios con peligro para la vía pública. En los casos de riesgo inminente, los técnicos municipales podrán ordenar actuaciones inmediatas sin necesidad de proyecto previo, limitadas a eliminar el peligro de forma urgente. Posteriormente, el coste de los trabajos se repercutirá a los propietarios, dentro del mecanismo de ejecución subsidiaria previsto por la normativa urbanística.
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