CASTELLÓ. La Fiscalía de Castelló acuerda la apertura de diligencias previas para estudiar un posible fraccionamiento de contratos, prevaricación y malversación durante el ejercicio de 2024 en el Patronato Municipal de Turismo. La decisión del ministerio público, desvelada este lunes en una comparecencia conjunta de los portavoces del PSPV y Compromís en el Ayuntamiento, Patricia Puerta e Ignasi Garcia, se sustenta en el informe de control financiero elaborado por la Intervención General Municipal dentro del Plan Anual de 2025 y se activa tras las denuncias presentadas a principios de febrero por los dos partidos políticos de la oposición en el consistorio.

En este sentido, la Fiscalía, según han explicado ambas formaciones, aprecia "indicios suficientes" para iniciar la investigación, después de que hasta el momento "las advertencias sobre la contratación en Turismo se limitaran a advertencias técnicas", ha asegurado Puerta. Las notificaciones de apertura de diligencias previas se produjeron el pasado 27 de febrero; si bien la portavoz socialista ha subrayado que han optado por "respetar los tiempos institucionales" relativos a las Fiestas de la Magdalena antes de hacerlo público. Asimismo, Puerta ha indicado que "más del 70% del gasto en Turismo se realizaba mediante contratos menores", con adjudicaciones que superan "un total global de 680.000 euros".

El documento de la Intervención municipal

Con ello, el informe de la Intervención General Municipal, que la oposición califica de "demoledor", apunta a un "uso estructural" de esta figura contractual, concebida legalmente para "necesidades puntuales y no planificables". Así, el documento advierte del riesgo de incumplir la normativa y de "incurrir en la prohibición de fraccionamiento" recogida en la legislación de contratos del sector público, al dividir prestaciones con el objetivo de "eludir procedimientos ordinarios". Además, el PSPV y Compromís han denunciado "patrones" como la reiteración de proveedores o la concatenación de servicios vinculados a "eventos recurrentes" —ferias, campañas o citas turísticas— que señalan que "no se trata de un accidente, sino de una forma de gobernar sin transparencia", ha criticado Patricia Puerta.

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha planteado que ahora corresponde a la acusación determinar si se trata de "desidia, mala gestión o algo más grave", aunque en el plano político ha reclamado explicaciones al gobierno municipal encabezado por la alcaldesa, Begoña Carrasco. Las formaciones han coincidido en que la apertura de diligencias previas sitúa "de nuevo en entredicho" al ejecutivo local después de la dimisión del concejal de Movilidad y Juventud, Cristian Ramírez, a mediados de febrero. Finalmente, Puerta y Garcia han apuntado a "un modelo de gestión sin planificación ni transparencia" y han exigido, desde el punto de vista institucional, el inicio de una "investigación para aclarar" el asunto.

Miralles resta alcance a la decisión de la Fiscalía

Por su parte, la presidenta del Patronato Municipal y concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha rechazado las acusaciones y ha enmarcado la actuación del PSPV y Compromís en una estrategia de confrontación política. "Es su manera de hacer política: recurrir a los tribunales para intentar ganar lo que no ganan en las urnas", ha afirmado la edil de Vox, al tiempo que ha restado alcance a la decisión de la Fiscalía al considerar que se trata de "un procedimiento habitual" cuyo recorrido se dilucidará. Asimismo, la munícipe ha defendido que el informe de Intervención "no habla de ilegalidades, sino de mejora de procedimientos", ha reivindicado la gestión actual y ha asegurado que el gobierno "corrige y perfecciona" la contratación turística dentro de un marco de "transparencia y planificación".

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