CASTELLÓ. Giro en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló. El hasta ahora concejal de Movilidad y Medio Ambiente, el popular Cristian Ramírez, ha presentado en la tarde de este miércoles su renuncia al cargo "de manera voluntaria e inamovible" para poner fin —según explica en un comunicado— a "la campaña rastrera y desmedida" que asegura haber sufrido a raíz de la denuncia del PSPV por el impago de multas de la zona azul. La decisión, transmitida a la alcaldesa, Begoña Carrasco, abre un relevo inmediato en el ejecutivo local. De esta manera, según el orden de la lista electoral de mayo de 2023, el exconcejal Gonzalo Romero —durante dos legislaturas, entre 2007 y 2015— ocupará el acta y tomará posesión en el próximo pleno ordinario, que tendrá lugar el jueves 26 de febrero.
Con ello, en su escrito, Ramírez admite haber cometido "un error" por el que ya pidió disculpas, aunque sostiene que la oposición ha mantenido "una campaña desmedida que no respeta ni la vida de las personas ni los ámbitos privados ni los derechos que, como persona o ciudadano, tengo". "Viven en su estrategia permanente de desgastar al contrario, sin importarles lo más mínimo la condición humana ni el respeto a la decisión de los votantes", afirma el ya exedil, que denuncia además una "judicialización de la política" y un clima de descrédito continuado desde hace más de dos años.
Causas basadas en "mentiras, odio y descrédito"
El exresponsable de Movilidad en Castelló describe una presión personal sostenida en el tiempo. "Durante este tiempo he tenido que vivir con personas vigilándome en la puerta de mi domicilio, fotografiando mi coche mañana, tarde y noche; poniendo en entredicho mi honorabilidad y mi trabajo; cuestionando mi derecho a la defensa legal personal o despreciando documentos oficiales que acreditan que he cumplido con todas mis obligaciones", expone en el comunicado. A su juicio, se han impulsado causas "basadas en mentiras, odio y descrédito", todas ellas —asegura— sin recorrido judicial.
En este sentido, Ramírez justifica su marcha con una doble finalidad: por un lado, "dejar de ser un cargo público y, con ello, poner fin a la desmedida y rastrera campaña de persecución" que, explica, ha afectado a su entorno; y, por otro, "dejar al margen de todo debate" a sus compañeros del equipo de gobierno y a las siglas del partido. El exedil subraya que no se trata de una decisión impulsiva y que necesita "priorizar su salud mental" ante un nivel de ansiedad "inasumible". "Para mí no todo vale en política. No voy a tolerar lecciones de quienes tanto tienen que callar", añade, antes de reiterar su petición de disculpas y su voluntad de "proteger la salud y recuperar el equilibrio".
Carrasco agradece una decisión "valiente"
Por otro lado, en el balance de su gestión, el ya exconcejal pone en valor los proyectos impulsados desde junio de 2023: la renovación integral del Bicicas, el nuevo contrato del autobús urbano —en fase avanzada—, la desconexión del sistema de cámaras del centro y la mejora del servicio de jardinería. También reivindica avances en materia de juventud y la simplificación administrativa para el món de la festa, con la tramitación unificada de permisos para las Fiestas de la Magdalena. Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la "decisión valiente y comprometida" de Ramírez y ha reconocido "el trabajo desempeñado" y su contribución a "transformar la ciudad y cumplir con la palabra dada".
La dimisión se produce con la causa judicial reactivada. La Audiencia Provincial de Castellón ordenó en enero reabrir la investigación sobre las supuestas multas de estacionamiento impagadas tras estimar un recurso del PSPV contra el sobreseimiento provisional acordado en diciembre de 2024. El tribunal consideró "llamativo" el elevado número de denuncias prescritas —al menos 134 entre enero de 2023 y enero de 2024— y ordenó nuevas diligencias para aclarar lo sucedido y valorar una eventual relevancia penal por posible tráfico de influencias. En febrero de 2024, Ramírez se disculpó en el pleno y defendió haber abonado las sanciones pendientes, mientras el gobierno local sostuvo que no constaban multas sin pagar de su etapa como concejal y atribuyó prescripciones millonarias al mandato anterior.
Las reacciones de la oposición
Desde la oposición, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha afirmado que la dimisión "llega un año tarde" y la vinculó a la reapertura de la investigación, calificándola de "estilo Mazón", con una salida "victimista" tras la presión política y social. "Servir a la ciudadanía es dar ejemplo y dejar 167 multas sin pagar no lo es, menos aún para el concejal de Movilidad", ha subrayado. En la misma línea, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha sostenido que la renuncia "no responde a ética política, sino a un interés partidista, y que el PP lo ha mantenido hasta que la situación ha resultado insostenible en año preelectoral". La coalición ha hablado de un balance "negativo" en Movilidad y ha concluido que la dimisión llega "tarde y mal".
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