CASTELLÓ. El portavoz del gobierno municipal de Castelló, Vicent Sales, salió este jueves en defensa del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, después de la reapertura judicial de la investigación sobre las multas de estacionamiento en la zona azul que presuntamente quedaron impagadas y prescribieron. Así, Sales negó que exista tráfico de influencias y aseguró que, según las comprobaciones realizadas por el ejecutivo local, "en el servicio de Recaudación no constan multas desde que Ramírez ejerce como concejal", es decir, desde el 17 de junio de 2023. De esta manera, a su juicio, el auto de la Audiencia Provincial se contextualiza en un "problema heredado del anterior mandato" y no en una actuación irregular del actual responsable político del área.

En este sentido, el concejal portavoz subrayó que "únicamente puede existir tráfico de influencias si hubieran prescrito multas fechadas desde que entramos en el gobierno", una circunstancia que, según afirmó, no se da. "Si son de antes de esa fecha y prescribieron, es cosa del anterior gobierno por no haberlas cobrado", insistió. Sales recalcó además que ni el Ayuntamiento ni el propio Ramírez han recibido notificación alguna sobre las sanciones y recordó que el concejal explicó en el pleno de febrero de 2024 que saldó 29 multas "vivas", en periodo voluntario. "Según nuestras averiguaciones, ni en Recaudación ni en el servicio de aparcamiento regulado (ORA) constan las cifras del PSPV", añadió.

"Alrededor de 8 millones en multas prescritos desde 2020"

El portavoz del gobierno local fue más allá y elevó el tono contra la gestión del anterior ejecutivo municipal, el denominado Acord de Fadrell, al que atribuyó una "negligencia grave" en materia de cobro de sanciones. A tal efecto, según Sales, "entre 2020 y 2023 prescribieron alrededor de 8 millones de euros en multas por la falta de diligencia municipal", una situación que vinculó directamente a que el contrato de la Oficina de Recaudación "llevaba siete años caducado" antes de que el actual gobierno lo licitara de nuevo en 2025. "Si hubiera multas anteriores a junio de 2023, no pueden constituir tráfico de influencias; en todo caso evidenciarían una negligencia del anterior gobierno por no cobrarlas", zanjó.

Por otro lado, las declaraciones de Sales chocan con la denuncia que el PSPV sostiene desde hace dos años. Los socialistas recuerdan que Ramírez habría acumulado hasta 167 sanciones entre enero de 2023 y enero de 2024, de las que más de un centenar prescribieron sin ser notificadas, y aseguran que al menos 85 de ellas corresponden al periodo en el que ya era concejal de Movilidad. De hecho, la Audiencia Provincial calificó de "llamativo" en su auto de hace unas semanas el número de multas prescritas y ordenó practicar nuevas diligencias para esclarecer si los hechos pueden tener relevancia penal. Mientras el PSPV exige la "dimisión" del edil, el gobierno cierra filas de nuevo en torno a Ramírez.

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