CASTELLÓ. La auditoría de la Intervención General de la Generalitat Valenciana vuelve a emitir un correctivo sobre la gestión del Hospital Provincial de Castelló, una amonestación que se repite año tras año y que pone en entredicho el modelo de consorcio. El Consorcio Hospitalario depende de la financiación de la Generalitat y del Estado- vía Diputación-, pero se encuentra fuera de la red autonómica de salud. Aunque las cuentas muestran una mejora, el informe vuelve a cuestionar el uso habitual de contratos sin expediente y señala la elevada temporalidad en la plantilla.
Esta evaluación tiene ya carácter definitivo, tras haber recibido y estimado parcialmente las alegaciones presentadas por la gerencia del Provincial. En este sentido, el centro suspende en la mayoría de valoraciones realizadas por la Intervención. En el área de contratación, la puntuación es desfavorable, al constatarse que la gestión económico-financiera "no se ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimientos o deficiencias".
El documento detalla que el centro contrató bienes y servicios "sin el correspondiente expediente de contratación" por un importe de 25,5 millones de euros, lo que representa el 41 % del total contratado en 2024 (61,2 millones). Aunque resalta que esta circunstancia se redujo un 15% respecto a 2023.
Asimismo, detecta un incumplimiento en el plazo de pago a proveedores en el 41 % de los contratos analizados, el mismo porcentaje que en 2023.
La Intervención también cuestiona la gestión de la tesorería, señalando que los sistemas informáticos que intervienen en el circuito del procedimiento de gasto no están interconectados. Además, el consorcio carece de un procedimiento formalizado para tramitar las altas, modificaciones y bajas de datos de personas físicas y jurídicas relacionadas con el hospital.
Área de personal: pago de 8,6 millones en retrasos
En el área de personal, la auditoría concluye con una valoración favorable con limitaciones. Sostiene que la gestión de este ámbito ha sido razonable, aunque puntualiza que las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las entidades que integran el sector público instrumental de la Generalitat -entre ellas, el Consorcio Hospitalario- no recibieron el preceptivo informe de la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público. Y esta omisión impidió aplicar en su totalidad las pruebas de auditoría planificadas.
Más allá de estas observaciones, las cuentas entregadas a la Intervención evidencian un elevado índice de temporalidad en el hospital, pese a las últimas convocatorias de estabilización del empleo público. El documento precisa que 624 de los 1.474 trabajadores del centro son personal eventual, lo que representa un 42 % del total. Por su parte, la plantilla se completa con 297 funcionarios de carrera, 197 funcionarios interinos, 296 trabajadores laborales fijos y 56 empleados encuadrados en otras categorías.
En materia de recursos humanos, el balance incorpora una provisión de 8,6 millones de euros destinada al pago de atrasos salariales al personal, en cumplimiento de una sentencia dictada en 2023. Esta resolución dio la razón a un recurso presentado por Comisiones Obreras contra la RPT de 2020, obligando a la dirección a abonar diferencias correspondientes a los complementos de destino y específicos del año 2017.
Mejora económica en 2024
El auditor destaca una mejora en la situación económica del hospital durante 2024, al haberse logrado "por primera vez en la última década la presentación de un patrimonio neto positivo". Las vías de financiación del Consorcio Hospitalario corresponden a la Conselleria de Sanidad y a la Diputación de Castellón, aunque en este segundo caso los fondos proceden de la Administración central.
El Consell aportó el pasado ejercicio 93 millones de euros, mientras que la Diputación transfirió 40,1 millones. El centro cerró el ejercicio con unos gastos de 119 millones de euros, por debajo del techo presupuestario aprobado, fijado en 134 millones.
El informe poen en valor que el consejo de gobierno del centro aprobó en diciembre de 2024 un reglamento interno de delegación de competencias de contratación administrativa, así como un manual de prevención de fraudes, con el objetivo de paliar las deficiencias detectadas en 2023 y que en 2024 prosiguieron.
