CASTELLÓ. La primera modificación de crédito del presupuesto de 2026 del Ayuntamiento de Castelló dio este jueves un nuevo paso con su aprobación inicial en el pleno ordinario de abril, donde el equipo de gobierno —el PP y Vox— sacó adelante una inyección de cerca de 11 millones de euros destinada a inversiones, servicios públicos y políticas de vivienda. La operación, avalada a mediados de mes por la Junta de Gobierno, apuntala la incorporación de remanentes de tesorería como palanca financiera y abre ahora el periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva.

Con ello, el expediente, que moviliza exactamente 10,97 millones de euros —la mayor parte procedente de los remanentes—, mantiene la arquitectura presentada hace unas semanas por el área de Hacienda: un refuerzo del gasto corriente, el impulso económico y un bloque inversor de más de 4,2 millones. Entre las partidas destacan los fondos para la renovación de semáforos, el transporte urbano, el mantenimiento de edificios municipales o las infraestructuras hidráulicas, junto a iniciativas como los bonos comercio o la ampliación de las taquillas inteligentes. En paralelo, el eje social y de vivienda concentra más de un millón de euros, con líneas destinadas al alquiler joven, la compra de vivienda social y la rehabilitación, en una de las áreas que ha centrado el grueso del debate político.

El bipartito y la oposición, a vueltas con la vivienda

En este sentido, la sesión plenaria evidenció las distintas posturas representadas en la corporación municipal acerca de la vivienda, una de las principales preocupaciones actuales de la sociedad. En primer lugar, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, criticó el incremento en publicidad y la reiterada negativa del gobierno municipal a incorporar enmiendas —cerca de 300 descartadas esta legislatura, según apuntó—, y defendió alternativas centradas en el asunto inmobiliario, como el aumento de las ayudas al alquiler joven o multiplicar las destinadas al alquiler social. En la misma línea, la portavoz socialista, Patricia Puerta, definió la modificación como "una declaración de prioridades" que, a su juicio, prioriza "gasto superfluo", y defendió sus enmiendas para redirigir fondos hacia la rehabilitación de barrios o mejoras en centros educativos. Las propuestas del PSPV y Compromís, un total de 15, decayeron tras haber sido rechazadas previamente en la comisión plenaria.

Frente a las críticas de la oposición, el gobierno municipal defendió la modificación de crédito como resultado de la "estabilidad" financiera. El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, subrayó que la incorporación de remanentes deriva del cumplimiento de la regla de gasto durante tres ejercicios consecutivos y contrapuso los niveles de ejecución presupuestaria actuales con los de anteriores mandatos. Por otro lado, el portavoz adjunto de Vox, Alberto Vidal, enmarcó la operación en una gestión "centrada en los ciudadanos" y destacó partidas como los bonos comercio o el refuerzo de políticas sociales, al tiempo que justificó su rechazo a las enmiendas de la oposición por una cuestión de prioridades políticas y marco normativo estatal.

Finalmente, la alcaldesa, Begoña Carrasco, intervino para situar el debate en un plano más amplio, especialmente en materia de vivienda, al rechazar el enfoque de la legislación estatal y reivindicar la acción municipal con nuevas partidas y la compra de seis viviendas sociales. La aprobación inicial de la modificación de crédito culmina así la fase política de un expediente que, en términos técnicos, redistribuirá más de un centenar de partidas apenas cuatro meses después de aprobar el presupuesto de 253,1 millones de euros para este 2026. Ahora, si el documento no recibe alegaciones de calado en la fase de exposición pública, el gobierno prevé que los fondos estén operativos a finales de mayo.

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