VILA-REAL. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja para atajar los comportamientos incívicos y peligrosos de personas que acceden a diferentes zonas del río Mijares a su paso por la localidad, especialmente en la zona conocida como los 'Matxos', en el azud. Así, se ha pedido la colaboración y cooperación de la Generalitat Valenciana ya que, según la Ley de Protección Civil y Emergencias, es la administración autonómica la competente en la materia. "Estamos tramitando el expediente e iniciaremos en breve una campaña de sensibilización y multas para evitar estas acciones tremendamente incívicas", apunta el máximo responsable municipal.
Según recoge un informe realizado por la Policía Local, la problemática viene de años atrás y actualmente se ha producido un incremento de la cantidad de jóvenes que se lanzan al río desde las casetas del azud, lo que "genera un gran riesgo para estas personas" pese a estar señalizado el peligro que conlleva en las propias construcciones así como mediante cartelería, instalada por el Consorcio del paraje protegido del Millars, aunque ha resultado una medida ineficaz.
Viendo que las medidas preventivas e informativas no han dado resultado, el consistorio considera imprescindible aplicar medidas sancionadoras en base al artículo 75.1.j de la Ley 13/ 2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat de Protección Civil y Gestión de Emergencias que estipula como infracción grave "realizar actos negligentes o contrarios a las recomendaciones e instrucciones de las consellerias competentes en materia de protección civil y en materia de medio ambiente que provocan la movilización necesaria de recursos de los servicios esenciales de intervención" ya que "es evidente que se da y provoca la movilización de recursos esenciales de intervención".
Para poder sancionar por este artículo, remarcan, es necesario que exista una recomendación y/o instrucción de la Conselleria competente, en este caso, la de Emergencias e Interior o la de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Así, se requiere al Gobierno autonómico que realice este pronunciamiento sobre la prohibición de baño en el azud y otras zonas de baño que supongan riesgo para la vida e integridad de las personas.
En caso de poder multar, dicha ley estipula en el artículo de sanciones (77.2) que las infracciones graves tendrán un importe que va de 6.001 a 150.000 euros.
