CASTELLÓ. Las expropiaciones de los municipios para realizar obras rara vez se resuelvan a la primera. Lo normal es que los propietarios, en desacuerdo con los precios establecidos por sus parcelas, alarguen el tira y afloja hasta llegar al juzgado. En pocas ocasiones, suele ser la entidad local la que acude al Contencioso-administrativo al no estar conforme con el resultado de ese proceso, en el que interviene siempre el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. En esta situación se encuentra el Ayuntamiento de Castelló, que acaba de aprobar la interposición de varios recursos Contencioso-administrativos. En concreto, por la adquisición de solares de la fase I y II de la Ribera del Riu Sec y de suelo dotacional en el entorno de la estación de tren y del CEIP Jaume I, donde se proyecta un aparcamiento.
La diferencia de importantes entre lo que fijó en su momento el consistorio por metro cuadrado, lo que reclamaron los titulares y lo que finalmente ha decidido el justiprecio es notable. Al iniciarse los expedientes de obtención de los solares, la entidad local determinó como tasaciones cuantías de entre 56,51 euros y 56,63 euros el m2. Frentes a estos precios, los propietarios solicitaron sumas mucho mayores. Desde 104,47 euros hasta 317 euros. Para resolver la disputa (algo muy habitual en estos procedimientos) intervino el mentado Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que ahora ha acordado que el valor del metro cuadrado se sitúa entre los 80,60 euros y los 82,74 euros.
Los litigios no afectan a los proyectos
Una valoración que el Ayuntamiento considera alejada del valor de mercado. De ahí que ahora haya decidido abrir la vía legal. Los recursos, en cualquier caso, no afectan a ninguna de las actuaciones previstas. Esto es, la adecuación del cauce del Riu Sec para construir un instituto, cuya ejecución está a punto de concluir; y el parking de la estación, que en la actualidad encara su segunda fase.
El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, reconoce que no solo el Ayuntamiento podría haber presentado los Contencioso-administrativos, ya que no se descarta que los afectados lo hayan hecho antes al diferir también del dictamen del justiprecio. Es más, lo habitual es que tampoco estén satisfechos con las resoluciones, por lo que los conflictos terminan resolviéndose en los tribunales. Unas sentencias que acaban suponiendo un mayor desembolso para las arcas municipales por la compra de los terrenos.
