CASTELLÓ. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha denunciado que la grave situación de acceso a la vivienda que sufre la ciudad y el país “no es consecuencia de la gestión municipal, sino el resultado directo de las políticas ideológicas, irresponsables y fallidas del Gobierno de Pedro Sánchez, que están provocando una falta de oferta de vivienda, un encarecimiento artificial de los precios y una inseguridad jurídica que impide que el mercado funcione con normalidad”.
En este sentido, Ortolá ha insistido en que “para que se construya vivienda de forma sencilla hacen falta condiciones básicas que hoy no existen, y esas condiciones dependen en su mayoría del Gobierno central”. “Lo vamos a repetir una y mil veces: si no hay seguridad jurídica, si no hay incentivos y si se castiga fiscalmente a quien construye o compra, la vivienda no se construye”, ha afirmado, subrayando que “ningún gobierno municipal puede solucionar un problema cuya raíz es estrictamente nacional”.
Como primer factor clave, el portavoz de Vox ha exigido la derogación inmediata de la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023, una norma que, según ha explicado, “ha generado una absoluta inseguridad jurídica que ha espantado a promotores, constructores y propietarios”. Ortolá ha señalado que esta ley “ha reducido la oferta de vivienda disponible y ha provocado exactamente lo contrario de lo que prometía: precios más altos y menos opciones para las familias”, recalcando que “esta ley no la ha aprobado el Ayuntamiento de Castellón, sino el Gobierno de Sánchez, y por el momento solo el Gobierno de Sánchez puede derogarla”.
"Vacío real" de inversión en vivienda pública
En segundo lugar, Ortolá ha denunciado el vacío real de inversión en vivienda pública por parte del Ejecutivo central, criticando que “los anuncios de miles de millones y de miles de viviendas que hace Pedro Sánchez se quedan en propaganda. Si el Gobierno quiere que se construya vivienda pública, tendrá que dotar económicamente a su propio Ministerio de Vivienda para que esas promesas se traduzcan en hechos y no en titulares”.
Otro de los elementos fundamentales señalados por Ortolá ha sido la asfixia fiscal que soporta la vivienda en España, reclamando una bajada drástica de impuestos que afectan a promotores, constructores y, especialmente, a los compradores. “Entre el 22% y el 33% del coste final de una vivienda son impuestos que se quedan las administraciones públicas”, ha explicado, añadiendo que “mientras se siga exprimiendo fiscalmente la vivienda, será imposible abaratarla”. En este punto, ha recordado que “el Ayuntamiento de Castellón no tiene capacidad para reducir la carga fiscal estatal, que sigue aumentando con nuevas imposiciones aprobadas por el Gobierno nacional”.
Asimismo, el portavoz de Vox ha defendido “la liberalización del suelo y una profunda desregulación urbanística, denunciando que la burocracia excesiva, los plazos interminables y la proliferación de prohibiciones hacen inviable construir vivienda con agilidad”. “La falta de libertad, la maraña normativa y la obsesión intervencionista están bloqueando el desarrollo de suelo y retrasando proyectos durante años”, ha afirmado, destacando que Vox trabaja a nivel nacional con un enfoque claro de desregulación para reducir trabas administrativas y facilitar que se pueda construir más y más rápido.
La regularización de migrantes
En este contexto, Ortolá ha vinculado el problema de la vivienda con el modelo migratorio del Gobierno de Sánchez, reclamando el endurecimiento de los requisitos de empadronamiento y la prioridad para los nacionales. “En los últimos siete años han entrado en España más de tres millones de personas de forma ilegal, y ahora el Gobierno pretende regularizar a más de 500.000 más, generando un efecto llamada brutal y un aumento exponencial de la población a través de la reagrupación familiar”, ha advertido. Ortolá ha subrayado que “no existe ningún gobierno capaz de crear vivienda al mismo ritmo que la inmigración legal e ilegal que está fomentando el PSOE”.
“Este modelo de inmigración es sencillamente inviable”, ha afirmado Ortolá, quien ha asegurado que “el principal causante del fenómeno de la infravivienda y del hacinamiento familiar es la corrupción política y la irresponsabilidad del Gobierno socialista”. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo central de promover un sistema que “termina costando vidas”, al incentivar la inmigración ilegal y empujar a miles de personas a jugarse la vida en el mar.
Por último, el portavoz de Vox se ha dirigido a Compromís y al Grupo Municipal Socialista, recordándoles que “tras ocho años gobernando el Ayuntamiento de Castellón no hicieron absolutamente nada por la vivienda. Ahora, de repente, parece que les preocupa este problema. Esperamos que con la misma insistencia con la que exigen medidas a este gobierno municipal, exijan responsabilidades al Gobierno central que sostienen y apoyan en Madrid”.
