CASTELLÓ. El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha lamentado que las tres declaraciones institucionales presentadas por su formación para su debate en el pleno ordinario de octubre hayan sido rechazadas en la Junta de Portavoces previa a la sesión. Las iniciativas reclamaban medidas para evitar la saturación de los servicios públicos y garantizar su acceso a los castellonenses, establecer la prioridad nacional en el acceso a la vivienda y exigir al Gobierno de España la derogación de la obligación de que la tasa de residuos cubra el coste del servicio.
El portavoz adjunto ha defendido que las tres iniciativas responden a problemas que afectan directamente a las familias, los trabajadores, los jóvenes y los autónomos de Castelló, y ha acusado a la izquierda de mantener unas políticas que agravan las dificultades de acceso a los servicios públicos, la vivienda y la capacidad económica de los ciudadanos. “Una vez más, Vox se queda solo defendiendo medidas de sentido común para proteger a los castellonenses. Mientras otros partidos prefieren rechazar nuestras propuestas, nosotros seguiremos señalando los problemas y exigiendo soluciones”, ha afirmado.
La saturación de la sanidad y la educación públicas
La primera declaración institucional de Vox reclamaba medidas para garantizar la sostenibilidad de la sanidad y la educación públicas, reforzar los recursos disponibles y evitar que los castellonenses sufran las consecuencias de una demanda que no está siendo atendida adecuadamente por las administraciones. La iniciativa ponía el foco en la necesidad de planificar los recursos de acuerdo con la capacidad de los servicios públicos, mejorar las condiciones de los profesionales y garantizar una atención de calidad.
Vidal ha defendido que las administraciones deben abordar de frente los problemas de saturación y ofrecer transparencia sobre el impacto y el coste de las políticas migratorias en los servicios públicos. “Los castellonenses pagan sus impuestos y tienen derecho a recibir una sanidad y una educación públicas de calidad. No podemos mirar hacia otro lado mientras hay familias que encuentran dificultades para acceder a determinados servicios y profesionales que trabajan bajo una presión cada vez mayor”, ha señalado.
El portavoz adjunto ha criticado que el PSPV y Compromís hayan rechazado la iniciativa y ha lamentado que el PP tampoco la haya respaldado. “Cuando planteamos que los servicios públicos deben estar bien dimensionados y que hay que garantizar su sostenibilidad, esperamos que los partidos dejen a un lado sus cálculos y piensen en los castellonenses. Los recursos públicos son limitados y las administraciones tienen la obligación de gestionarlos con responsabilidad”, ha manifestado.
"Prioridad nacional" en el acceso a la vivienda
La segunda declaración institucional tenía como objetivo reclamar al Gobierno de España soluciones al problema de la vivienda y establecer la prioridad nacional para los españoles en el acceso a viviendas sociales y protegidas, así como en la concesión de ayudas públicas destinadas a facilitar el acceso a un hogar. Vidal ha responsabilizado a las políticas del Gobierno de España, especialmente al intervencionismo, la inseguridad jurídica y la falta de medidas eficaces para aumentar la oferta, de contribuir al deterioro de la situación del mercado inmobiliario. Según ha señalado, “las restricciones regulatorias y la insuficiente construcción de vivienda dificultan la emancipación de los jóvenes y obligan a muchas familias a destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler o a la compra de una vivienda”.
“Tenemos a jóvenes que trabajan, se esfuerzan y cumplen con sus obligaciones, pero que no pueden emanciparse porque los precios se han convertido en una barrera prácticamente insalvable. El Gobierno de Sánchez lleva años prometiendo soluciones mientras la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de los españoles”, ha afirmado. El portavoz adjunto ha defendido que las ayudas públicas deben priorizar a los españoles y ha criticado que los partidos que han impulsado las políticas de vivienda del Ejecutivo rechacen una propuesta que pretende, según ha señalado, “poner a los españoles en primer lugar y garantizar que el esfuerzo de quienes han contribuido durante años al sostenimiento del sistema tenga una respuesta por parte de las administraciones”.
La derogación del "'basurazo' de Sánchez"
La tercera declaración institucional reclamaba modificar la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, para una economía circular, para eliminar la obligación de que la tasa municipal de residuos tenga carácter no deficitario. Vox considera que esta exigencia limita la autonomía financiera de los ayuntamientos y reduce su margen para asumir con cargo a los ingresos generales una parte del coste del servicio, evitando que recaiga íntegramente sobre vecinos y actividades económicas.
Vidal ha criticado que el Gobierno de Sánchez haya trasladado a los ciudadanos una mayor presión fiscal mediante una normativa que condiciona la forma en que los municipios financian la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos. “El basurazo es otro ejemplo de cómo el Gobierno de Sánchez pretende que sean los vecinos, los comercios y los autónomos quienes paguen la factura de sus decisiones. No tiene sentido que se limite la capacidad de los ayuntamientos para aliviar esa carga cuando sus presupuestos lo permiten”, ha señalado.
La declaración también reclamaba preservar y ampliar las bonificaciones para quienes reduzcan la generación de residuos, practiquen el compostaje o separen y reciclen correctamente. “Quien genera menos residuos y recicla mejor debe poder pagar menos. Lo que no puede hacer el Gobierno es imponer un modelo que limite la capacidad municipal para ayudar a sus vecinos y después desentenderse de las consecuencias económicas”, ha añadido. Vidal ha lamentado el rechazo de la iniciativa y ha insistido en que Vox continuará exigiendo la modificación de la normativa estatal para recuperar autonomía municipal y evitar que la tasa de residuos se convierta en una carga cada vez mayor para las familias y el tejido económico de Castelló.
