CASTELLÓ. El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una iniciativa con el objetivo de reforzar la protección de los profesionales sanitarios. La propuesta busca también promover un endurecimiento de las penas contra quienes los agreden durante el ejercicio de su labor, ante el incremento de este tipo de conductas en los últimos años en toda España.  El portavoz de Vox en el Consistorio, Antonio Ortolá, ha señalado que “los recientes hechos ocurridos en nuestra ciudad, en los que dos profesionales sanitarias fueron insultadas y agredidas mientras prestaban asistencia médica en la vía pública durante las fiestas de la Magdalena, ponen de manifiesto que hacen falta penas más duras para quienes agreden contra sanitarios”. 

Ortolá ha subrayado que “se trata de situaciones especialmente graves, ya que se producen cuando los sanitarios están desempeñando su trabajo, atendiendo emergencias y velando por la salud de todos los ciudadanos, y en este caso el agresor fue detenido de inmediato por la Policía Local, que se encontraba a escasos metros del lugar de los hechos”.

“Este tipo de agresiones no solo afectan a la integridad física y psicológica de los profesionales, sino que suponen también un ataque directo al conjunto del sistema sanitario público y a los valores básicos de convivencia. Las estadísticas reflejan un incremento sostenido de estos episodios en toda España, con cientos de casos registrados cada año, lo que evidencia que estamos ante un problema estructural que requiere una respuesta firme y coordinada por parte de las administraciones públicas”, ha indicado el edil. 

El portavoz de Vox ha incidido además en que “aunque el ordenamiento jurídico español ya contempla estas agresiones como delito de atentado contra la autoridad cuando se producen en el ejercicio de la función pública, la experiencia demuestra que las penas actuales no siempre resultan suficientemente disuasorias”. Por ello, ha defendido la necesidad de “reforzar el marco legal para evitar la reiteración de estos comportamientos y combatir la sensación de impunidad que, en ocasiones, perciben quienes los cometen”.

“Desde Vox creemos que la sociedad debe enviar un mensaje claro y contundente: agredir a un profesional sanitario es agredir a todo el sistema público de salud y, por tanto, al conjunto de los ciudadanos”, ha afirmado Ortolá, quien ha insistido en que “es imprescindible actuar con determinación para proteger a quienes, con vocación y profesionalidad, sostienen uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar”.

Cinco propuestas de acuerdo

El Grupo Municipal Vox ha planteado una iniciativa que se articula en cinco propuestas de acuerdo dirigidas a reforzar el respaldo institucional y mejorar la protección efectiva del personal sanitario. En primer lugar, la iniciativa propone que el Ayuntamiento de Castellón exprese de manera formal su reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales sanitarios por la labor que desempeñan diariamente, con especial mención a aquellos que trabajan en contextos de emergencia o bajo condiciones de elevada presión asistencial, donde su compromiso resulta especialmente determinante.

En segundo término, se plantea que el consistorio manifieste su apoyo y solidaridad con los profesionales sanitarios que han sido víctimas de agresiones en el ejercicio de sus funciones, reconociendo el impacto personal y profesional que estos episodios generan y la necesidad de acompañar institucionalmente a quienes los sufren. La tercera propuesta recoge la solicitud al Gobierno de España y a las Cortes Generales para que estudien y promuevan una reforma legislativa orientada a reforzar la protección penal del personal sanitario, contemplando un incremento de las penas por agresiones físicas o verbales cuando estas se produzcan en el desempeño de su actividad profesional.

Asimismo, Vox plantea impulsar un plan nacional de prevención de agresiones al personal sanitario que incluya medidas concretas en materia de seguridad, campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía y el establecimiento de protocolos de actuación coordinados entre las distintas administraciones públicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Finalmente, la iniciativa contempla el traslado de estos acuerdos al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Justicia, a las Cortes Generales, a la Generalitat Valenciana y a las organizaciones profesionales sanitarias, con el fin de darles conocimiento y promover una respuesta conjunta ante esta problemática.