CASTELLÓ. El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una declaración institucional para instar al resto de grupos políticos a respaldar la solicitud de una moratoria en la aplicación del artículo 11.3 de la Ley 7/2022, que obliga a los municipios a repercutir a los ciudadanos el 100% del coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales. Según el portavoz Alberto Vidal, “la aplicación inmediata de esta normativa genera importantes dificultades técnicas, económicas y sociales para los ayuntamientos y, sobre todo, para los ciudadanos, que se ven obligados a asumir un coste creciente sin criterios claros sobre qué se considera coste completo ni un marco reglamentario estatal que lo defina”. 

El portavoz adjunto ha recordado que Vox fue "el único grupo político que votó en contra de esta ley tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados, advirtiendo desde el primer momento de los efectos negativos que tendría sobre familias, autónomos y comercios". “Recientemente presentamos otra declaración institucional para rechazar la ley a nivel local, pero el PSPV votó en contra, demostrando que su prioridad no son los vecinos, sino imponer de manera apresurada una normativa centralista que encarece la vida de los castellonenses. Con esta nueva declaración, seguimos poniendo a prueba si el PSPV está realmente del lado de los castellonenses o de su líder, Pedro Sánchez”, ha afirmado.

Voz acusa de la subida "al PSPV y a Compromís"

“Dejen de engañar a la ciudadanía. Si se ha subido la tasa de basuras a los ciudadanos, es culpa de Sánchez, del PSPV y de Compromís, que han aprobado esta ley absurda sin contar con criterios claros de costes y sin permitir que los municipios puedan adaptarse a tiempo. Y si alguien duda, que explique por qué hay protestas en otros municipios gobernados por el PSPV, como en Vila-real, donde los vecinos también sufren estas subidas”, ha añadido Vidal.

La declaración institucional presentada por Vox propone instar al Gobierno a aprobar una moratoria que permita a los municipios adaptar ordenanzas fiscales, sistemas tarifarios e infraestructuras, mientras se elabora un reglamento estatal que clarifique criterios técnicos, económicos y jurídicos para determinar los costes directos e indirectos del servicio de residuos, así como el marco para aplicar posibles bonificaciones sin comprometer la sostenibilidad financiera municipal. Vidal ha subrayado que “Vox seguirá defendiendo los intereses de los castellonenses frente a decisiones centralistas y perjudiciales tomadas por el Gobierno de Sánchez y sus aliados, y exigirá siempre que las políticas ambientales y de gestión de residuos sean efectivas, equilibradas y respetuosas con la economía local”.