COMARCAS

Juzgan a tres exalcaldes del PP de Cabanes por irregularidades en contratos de obra

Artemio Siurana, Francisco Vicente Artola y Estrella se sentarán en el banquillo por adjudicaciones entre 2008 y 2013

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CASTELLÓ (EFE). La Audiencia Provincial de Castellón juzga el próximo jueves a tres exalcaldes de Cabanes, un arquitecto municipal, un ex jefe de Urbanismo y otro arquitecto por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra del Ayuntamiento entre 2008 y 2013, por un importante total de 211.115 euros.

La Fiscalía sostiene que el arquitecto municipal, que era un funcionario interino, comenzó a hacer valer su cargo para lograr que le adjudicaran a otro arquitecto, que era compañero de su propio despacho profesional, hasta 28 trabajos consistentes en obras en el municipio.

Para ello contó, presuntamente, con la colaboración de dos alcaldes y una alcaldesa que se sucedieron durante esos años en el cargo, así como de un funcionario que era jefe del departamento de Urbanismo y que ejercía las funciones también de secretario interventor del Consistorio.

Los contratos, supuestamente, se tramitaban como contratos menores sin expediente, ni encargo ni informe, al tiempo que se fraccionaban para eludir la aplicación del procedimiento negociado, según el relato del Ministerio Público.

La acusación solicita penas que van desde los ocho años y seis meses a los diez años de inhabilitación para cargo público para el exjefe de Urbanismo y los tres exalcaldes, por un delito continuado de prevaricación, hasta los dos años de cárcel para los dos arquitectos por tráfico de influencias.

Los hechos que se juzgan la próxima semana en la sección segunda de la Audiencia provincial ocurrieron cuando eran alcaldes de Cabanes Artemio Siurana (desde 2008 a 2011), Francisco Vicente Artola (2011 y 2012) y Estrella Borrás (2012 y 2013), todos ellos del Partido Popular.

Esas contrataciones fueron trasladadas a la Fiscalía entre 2013 y 2014 por el concejal entonces de la oposición Carles Mulet, al considerar que eran sospechosas de estar fuera de la legalidad. La Fiscalía imputó inicialmente al arquitecto municipal y a la alcaldesa en ese momento, si bien posteriormente han acabado siendo seis las personas investigadas. 

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