CASTELLÓ. La empresa promotora Urbanización La Coma y la Comunidad de Propietarios de la Urbanización La Coma Fase 1A han interpuesto dos recursos contencioso-administrativos para intentar anular el acuerdo del pleno municipal de Borriol del pasado febrero que aprobó someter a información pública los dos proyectos de ejecución de obras y las cuotas de urbanización que deberían asumir los vecinos, cifradas en 1.149.542 euros. Los recurrentes rechazan también la decisión que adoptó el Ayuntamiento en septiembre del año pasado, cuando declaró el incumplimiento de la ejecución de las obras de urbanización que permanecían pendientes desde 2004, apartó a la empresa promotora de su ejecución e impuso a los propietarios el pago de los 1,15 millones en cuotas para completar los trabajos de urbanización de La Coma.
Los dos proyectos contemplan una inversión de 400.131 euros destinada a la limpieza de zonas verdes y a la ejecución de pasos peatonales, aceras y señalización en la fase 1A. Además, prevén otros 749.411 euros para actuaciones que afectarán a las fases 1A y 1B. De esta cantidad, 385.226 euros se destinarán al proyecto de tratamiento y evacuación de aguas residuales desde la depuradora de La Coma, que ya se encuentra al 100% de su capacidad, hasta el casco urbano; otros 302.595 euros servirán para conectar la red de agua potable entre el casco urbano y el depósito de la urbanización; 5.929 euros financiarán el seguimiento arqueológico del yacimiento existente en el trazado, mientras que el resto se destinará a las direcciones de obra.
Salvo que las plazas 1 y 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativa resuelvan lo contrario, las obras serán sufragadas por los propietarios de las 349 parcelas afectadas. De ellas, 279 pertenecen al sector 1A y 70 al 1B. También contribuirán a la financiación la empresa propietaria del campo de golf, que ocupa el 30% del terreno, y los titulares de la zona cultural, docente y comercial, que representa el 6,2% restante del suelo.
Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en la modificación de la normativa urbanística municipal, especialmente restrictiva para construir en La Coma respecto al resto de urbanizaciones dispersas por el término municipal. El pleno aprobó el pasado diciembre la modificación puntual número 35 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, que reduce de 10 a 3 metros la distancia mínima entre una nueva vivienda y la línea viaria en parcelas con una pendiente superior al 35%. Hasta ahora, esa separación impedía construir barbacoas, trasteros, pérgolas cubiertas, piscinas o pistas de tenis. La modificación del artículo 40 y la derogación del artículo 355.d de las ordenanzas ponen fin a esta limitación.
El segundo cambio urbanístico permitirá construir una vivienda de hasta 360 metros cuadrados por parcela. Asimismo, en terrenos segregados de más de 1.000 metros cuadrados, las nuevas viviendas podrán alcanzar una superficie máxima de 200 metros cuadrados. Hasta ahora, el Ayuntamiento permitía construir hasta tres viviendas en dos parcelas pero impedía segregarlas, una restricción que únicamente existía en La Coma y que afectaba a 18 propiedades privadas. La modificación puntual número 36 de las Normas Subsidiarias, que varía el artículo 350, ya cuenta con el informe ambiental y territorial estratégico favorable.
Un proyecto impulsado en el 1978
La Urbanización La Coma, impulsada en el año 1978, dispone actualmente de 155 viviendas construidas y un total de 591 parcelas, lo que supone una población potencial cercana a las 1.500 personas.
Otra de las zonas residenciales de Borriol inmersa en un proceso de regularización es la Unidad de Ejecución Alcormar. El Ayuntamiento aprobó el pasado diciembre el proyecto de urbanización promovido por la Agrupación de Interés Urbanístico Alcormar Afanías para urbanizar y regularizar las siete calles de este ámbito residencial.
La inversión, presupuestada en 1.691.316 euros y todavía pendiente de licitación, se financiará mediante seis cuotas de urbanización mensuales que deberán abonar los propietarios de las 87 parcelas afectadas. Las obras solucionarán las principales deficiencias que arrastra Alcormar desde hace años, entre ellas una red de abastecimiento obsoleta que no suministra agua potable, la ausencia de aceras y pasos de peatones, el soterramiento del tendido eléctrico aéreo, la mejora de la red de alumbrado público y la instalación de una red de aguas residuales.
El tercer ámbito cuya urbanización trata de impulsar el consistorio es el sector ZU-7, situado en el extremo noreste del casco urbano de Borriol. El pleno aprobó el pasado diciembre el proyecto de reparcelación y desestimó las dos alegaciones presentadas. Las obras, previstas en la modificación puntual número 33 de las Normas Subsidiarias, afectan a una superficie de 4.696 metros cuadrados, cuentan con un presupuesto de 266.461 euros y permitirán mejorar el vial que conecta la calle del Peiró con el cruce entre la calle San Bartolomé y el camino de la Serra. Ademas, se reubicará la zona verde prevista a ambos lados del vial, se ajustarán las alineaciones y se modificará la calificación de varias parcelas.
El Ayuntamiento lleva desde 2008 intentando resolver la deficiente conexión viaria en este punto del casco urbano. En 2015 trató de deslindar el vial, concebido originalmente como un camino pecuario, y actualmente impulsa esta modificación urbanística.
Todos estos procesos de regularización residencial llegan después de que el Ayuntamiento aprobara en marzo de 2024 el texto consolidado del Planeamiento Urbanístico Vigente, cuya redacción fue financiada mediante una subvención de 18.000 euros concedida por la Generalitat.
El consistorio, sin embargo, no tuvo tanta suerte en su intento de anular la aprobación del Plan General Estructural de Castellón. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó en octubre de 2024 el recurso contencioso-administrativo que el Ayuntamiento había interpuesto contra el acuerdo de aprobación adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón de diciembre de 2021.
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