CASTELLÓ. La aprobación del convenio con la Generalitat para desarrollar una gran zona verde de 58.295 metros cuadrados como espacio de transición entre la playa de Om Blanc y el Serrallo ha aportado una buena dosis de suero fisiológico a la herida que permanecía abierta desde hace dos años entre el Ayuntamiento de Almassora y las empresas del polígono petroquímico. El acuerdo, aprobado en el pleno municipal del pasado 3 de agosto, no fue fácil. Apenas cuatro meses antes, en ese mismo escenario, los votos mayoritarios del PSPV, Compromís y Vox habían obligado al equipo de gobierno del PP a dejar el convenio sobre la mesa para resolver algunos flecos pendientes.
El compromiso de la Generalitat para renaturalizar el punto fronterizo entre Almassora y el Serrallo desescala, al menos a corto plazo, la tensión institucional que el Ayuntamiento visibiliza desde hace dos años. El conflicto coincidió con el anuncio de ampliación del entorno del polígono petroquímico mediante una plataforma logística de 1,7 millones de metros cuadrados. El proyecto Logistics, anunciado por el Ayuntamiento de Castellón y respaldado por el Puerto y por las empresas del Serrallo, no fue bien recibido en Almassora, donde la convivencia entre la refinería de BP y las viviendas de la zona marítima siempre ha sido difícil, una situación agravada por los crecientes problemas de inundaciones derivados de la regresión del litoral.
Ese progresivo alejamiento entre los intereses municipales de Almassora y los empresariales del Serrallo adquirió una nueva dimensión pocos meses después de la presentación de Logistics. A finales de 2024, tanto BP como la asociación de empresas del Serrallo (Indes) presentaron dos demandas judiciales por la vía contencioso-administrativa para intentar anular el nuevo Plan Acústico Municipal de Almassora, al entender que prioriza a las viviendas sobre la actividad industrial.
Las empresas del polígono petroquímico pretenden que el Ayuntamiento de Almassora modifique su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para declarar incompatibles los usos residenciales con la actividad de la refinería. En la práctica, esta modificación ‘ilegalizaría’ las viviendas de la playa, según entienden tanto el equipo de gobierno como la oposición almassorina.
Frente a esta posibilidad, ambas partes aprobaron en diciembre de 2024 una declaración institucional conjunta en defensa de la zona residencial de la playa. El Ayuntamiento sostiene que las primeras alquerías y villas vacacionales de los caminos Om Blanc, Catalans, Benafeli y del Panyet de San Ramón son anteriores a la apertura de la refinería, en junio de 1967.
Gobierno y oposición volvieron a mostrar su unanimidad pocos meses después, en julio de 2025, para validar una moción de Compromís en favor de proteger las viviendas de primera línea de la costa frente al preocupante fenómeno de la regresión provocada por el cambio climático y por la construcción del Puerto de Castellón sin implementar las adecuadas medidas de protección.
El Ayuntamiento dio entonces un paso más y amenazó con encargar un estudio técnico para declarar las viviendas de primera línea de playa como Bienes de Relevancia Local (BRL) e incorporarlas al Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos.
Diversos enfrentamientos
El desencuentro entre el consistorio almassorino y las empresas del Serrallo sumó otro capítulo en septiembre de 2025. Ese mes, el pleno aprobó por unanimidad una moción del PSPV para que el Ayuntamiento estudiara remitir a la Fiscalía de Castellón un informe sobre el ruido del polígono del Serrallo. Las mediciones realizadas por la empresa Isoltec entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 habían detectado niveles de ruido nocturno muy superiores al límite legal establecido por la Generalitat. El informe atribuyó la procedencia del ruido a emisiones en altura de las industrias, una circunstancia que afectaba directamente a las viviendas de la zona costera de Almassora.
El último episodio del enfrentamiento político-empresarial se produjo el pasado mes de febrero, cuando el pleno aprobó también por unanimidad otra moción de Compromís. En este caso, el Ayuntamiento reclamó a BP que desmonte ya de la plataforma marina que quedó en desuso en el Serrallo en 2012. La concesión vence el 15 de diciembre de 2027 y, a partir de esa fecha, la empresa dispondrá de dos años adicionales para desmantelar la instalación y sus conexiones submarinas con la refinería.
Ese alineamiento sin fisuras entre el gobierno y la oposición se quebró el pasado mes de abril, cuando la Generalitat apareció como mediadora y ofreció como solución el proyecto de renaturalización del linde municipal con el Serrallo. El documento se quedó sobre la mesa por los votos de la oposición, pero el consenso recuperado ahora ha permitido cicatrizar aquel desencuentro político. Al menos, sobre el papel.
Mientras tanto, el polígono del Serrallo sigue inmerso en el incipiente proceso de crecimiento, con ambiciosos proyectos empresariales como las plantas de hidrógeno verde y de amoniaco verde. Todo ello se planifica bajo el paraguas de Logistics y de la estación ferroviaria intermodal, que estará lista en diciembre.
Este afán de crecimiento empresarial choca frontalmente con el carácter residencial de la zona, con los problemas medioambientales derivados de la regresión de la costa y con el intento de Almassora de posicionarse como destino turístico.
Compatibilizar estas dos ambiciones contrapuestas constituye el difícil punto de encuentro que ambas partes seguirán explorando durante los próximos años, a medida que Logistics esté más cerca de ser una realidad.
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