CASTELLÓ. El pasado 27 de julio, el grupo de Compromís en la Diputación de Castellón denunció una de las últimas ayudas que la institución provincial ha concedido. El ejecutivo que preside Marta Barrachina decidió otorgar a la Asociación Provida Castelló una subvención de 11.000 euros, una medida duramente criticada por la coalición valencianista por ser, según María Fajardo, "una entidad que actúa contra los derechos fundamentales de las mujeres". 

Provida, en su propia página web, se define como "una Organización No Gubernamental de voluntariado que promueve el respeto a toda vida humana desde la concepción hasta su extinción natural", por lo que la diputada por Compromís calificó la ayuda como "una declaración ideológica en toda regla y un insulto a la libertad, la salud y la dignidad de las mujeres de las comarcas de Castellón". 

La afirmación choca de lleno con un documento al que Castellón Plaza ha podido acceder y que demuestra que el Partido Popular no ha sido el único que ha subvencionado a Provida mientras ha estado al frente de la Diputación. La coalición formada por el PSPV y Compromís entre 2019 y 2023 otorgó a la asociación un total de 25.507,98 euros para seis proyectos distintos. 

La primera concesión, por valor de 2.500 euros, tuvo lugar en 2019 y estuvo destinada a la ayuda de la mujer embarazada en extrema vulnerabilidad y sus bebés. En 2020, la institución presidida entonces por José Martí aportó 2.744,47 euros a un proyecto de ayuda integral a las mujeres gestantes en extrema vulnerabilidad. Un año más tarde, se aportaron otros 2.442,08 euros a Provida para la realización de actividades sociales, mientras que, en 2022, se ayudó a la asociación con 3.267,01 y 3.528,37 euros respectivamente para cubrir, por un lado, las necesidades básicas de mujeres embarazadas y lactantes vulnables en riesgo de exclusión y, por otro, para la promoción de la solidaridad y el voluntariado para el bienestar social.

La mayor aportación de la Diputación a Provida entre 2019 y 2023 y, también la última, tuvo lugar durante el último año de la legislatura. La cuantía total de la concesión ascendió hasta los 13.026,05 euros y su misión fue, como en 2022, cubrir las necesidades básicas de mujeres embarazadas, de lactantes vulnerables y de sus familias en riesgo de exclusión social.