CASTELLÓ. El plan ‘Una provincia protegida’ de la Diputación de Castellón logra la adhesión de los 115 municipios candidatos para la instalación de 451 cámaras de control de tráfico. Durante el plazo establecido, todos los municipios de menos de 5.000 habitantes han aceptado su participación en el plan con el que la institución provincial, con una inversión de 4,4 millones de euros, garantizará la supervisión eficiente y automática de las entradas y salidas de los núcleos urbanos. “La adhesión de todos los municipios candidatos demuestra que este plan ha nacido de la escucha activa, del contacto permanente con los alcaldes y alcaldesas de nuestra provincia, y del compromiso firme de esta Diputación de continuar ofreciendo soluciones reales a los problemas reales”, ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

La dirigente provincial ha incidido en que este plan tiene como objetivo “dotar a los pueblos pequeños de las mismas oportunidades y herramientas que tienen las grandes ciudades en materia de seguridad, prevención y gestión inteligente del territorio”. Todo ello mediante una tecnología avanzada, plenamente respetuosa con la privacidad de los ciudadanos y ajustada a la normativa vigente, “que contribuirá a proteger nuestros municipios y a reforzar la tranquilidad de sus vecinos y vecinas”.

Para la elaboración del plan, la Diputación de Castellón, a través del área de Ingeniería Interna con el diputado José María Andrés al frente, ha trabajado en un estudio de evaluación previa y, junto a una empresa especializada, se ha recorrido pueblo por pueblo toda la provincia, detectando los accesos clave, analizando las necesidades específicas de cada municipio y se ha determinado la mejor solución técnica para cada caso. Con todo, se ha redactado el estudio de evaluación previa por cada una de las 451 ubicaciones en 181 núcleos urbanos, documentando la viabilidad física y de red.

Alianza provincial y municipal

En este proyecto en el que se alían la Diputación y los ayuntamientos, la institución provincial es la encargada de asumir la redacción de los proyectos técnicos a través del Servicio de Ingeniería; asimismo, es la Diputación la que se encargará de financiar, contratar y ejecutar la totalidad de las instalaciones, así como facilitar la evaluación de impacto en protección de datos y gestionar de manera integrada la plataforma SmartVillages. Además de ello, la institución provincial ofrecerá la posibilidad de disponer de un servicio de mantenimiento integral garantizado durante cinco años.

Por parte de los ayuntamientos, una vez aceptada su participación y las ubicaciones propuestas, deberán facilitar los espacios y los puntos de suministro eléctrico necesarios, así como asumir la titularidad y la custodia de los sistemas, designar un coordinador municipal para el seguimiento y validar los proyectos técnicos y las condiciones establecidas. Tras la aceptación de los ayuntamientos de su inclusión en el plan, la previsión es que durante el presente ejercicio 2026 se tramite la licitación y adjudicación del plan para, con ello, comenzar con la instalación de las cámaras en 2027.

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