CASTELLÓ. La precampaña y el debate sobre la gestión del Gobierno central se han colado en la sesión ordinaria del mes de octubre del pleno de la Diputación de Castellón con el debate de una moción popular para exigir un plan de choque al ejecutivo de Pedro Sánchez para recuperar el poder adquisitivo de las familias; en la sesión plenaria también se ha dado luz verde de manera provisional a los proyectos y asignaciones del plan Més Esport, dotado con cerca de 12 millones de euros, así como al reparto de subvenciones para los municipios afectados por el incendio originado este verano en la Vall d'Uixó.
El pleno ha aprobado por unanimidad la distribución provisional del plan Més Esport, que movilizará 15,83 millones de euros para mejorar las instalaciones deportivas de la provincia, con una aportación de la Diputación de cerca de 11,91 millones y el resto a cargo de los ayuntamientos. La iniciativa permitirá financiar actuaciones en campos de fútbol, pistas de pádel, tenis y frontón, piscinas municipales, vestuarios y gimnasios, entre otras infraestructuras.
El vicepresidente provincial y responsable del área de Buen Gobierno e Infraestructuras, Héctor Folgado, ha destacado la rapidez de la tramitación, apenas un mes después de la aprobación de las bases y la convocatoria. Tras este visto bueno provisional, el plan se someterá a un periodo de información pública de diez días para la presentación de posibles alegaciones. Una vez resueltas, la propuesta volverá al pleno para su aprobación definitiva y los ayuntamientos podrán recibir un anticipo del 85% de las ayudas.
La sesión también ha dado luz verde, por unanimidad, a las subvenciones destinadas a 14 municipios afectados por el incendio forestal originado en la Vall d'Uixó el pasado 25 de julio. Las ayudas permitirán compensar los gastos derivados de la reparación de infraestructuras municipales y caminos, así como de la contratación de personal, servicios, maquinaria y equipos necesarios para paliar los efectos del fuego. También cubrirán determinados costes extraordinarios de transporte, alojamiento y manutención vinculados a las actuaciones de emergencia.
Los municipios beneficiarios son Alfondeguilla, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Torralba del Pinar, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Almedíjar, Sueras, la Vilavella, Betxí, Artana y Nules.
- La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, durante el pleno.
Debate a cuenta de la gestión del Gobierno central
El principal rifirrafe político de la sesión se ha producido en el apartado de mociones, con la propuesta del Gobierno provincial para reclamar al Ejecutivo central un plan de choque que permita recuperar el poder adquisitivo de las familias. La moción ha centrado el debate, con reproches de la oposición sobre el uso partidista de la Diputación y la responsabilidad de las distintas administraciones ante la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha criticado el carácter "partidista" de la iniciativa y la ha calificado de "poco rigurosa, oportunista y electoralista". A su juicio, la propuesta está alejada de las competencias de la Diputación y se limita a recoger un extracto del programa político del PP, sin concretar las medidas necesarias para llevarla a la práctica. "En un plan hace falta un cómo y un cuándo", ha señalado.
En la misma línea crítica, la diputada socialista María Jiménez ha reprochado al PP que dedique "un pleno más" a cuestionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Para el PP, las siglas están por delante de lo que necesita la provincia", ha afirmado. Frente a las críticas del PP, la diputada socialista ha reivindicado las medidas adoptadas por el Gobierno central, entre ellas el incremento de las aportaciones a los municipios, la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones vinculada al IPC, entre otras.
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Sergio Toledo, ha defendido la necesidad de la moción ante las dificultades económicas que, según ha expuesto, afrontan los hogares de la provincia. Toledo ha señalado que el IPC ha aumentado un 31,4% desde julio de 2018 y ha asegurado que uno de cada cinco hogares de Castellón tiene dificultades para llegar a final de mes, mientras que la tasa de riesgo de pobreza se aproxima al 24%.
El portavoz popular también ha cuestionado el incremento de la recaudación tributaria, que ha cifrado en más de un 55% en la provincia en los últimos años, y ha acusado al Gobierno central de "hacer caja a costa del ahogo de los ciudadanos". "Es un llamamiento a la realidad. Exigimos un plan de choque para devolver el poder adquisitivo a las familias", ha defendido.
El portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha respaldado la iniciativa al considerar prioritario recuperar el poder adquisitivo de las clases medias y de las familias más desfavorecidas. Ferrer ha incidido en las dificultades económicas de los hogares y ha afirmado que más de la mitad de las familias llegan con dificultad a final de mes.
Finalmente, la moción ha sido aprobada con los votos favorables del equipo de gobierno provincial y Vox, frente al rechazo del PSPV y Compromís. La propuesta reclama al Gobierno de España medidas fiscales para aliviar el coste de los suministros energéticos y los alimentos básicos, adaptar el IRPF a la inflación y reforzar las ayudas a las familias, además de reducir los costes de producción de los sectores económicos de la provincia.
En el apartado de mociones, el equipo de gobierno ha desestimado las tres propuestas presentadas por PSPV y Compromís. Los socialistas habían planteado al Pleno una propuesta para garantizar la dirección, los recursos y la protección efectiva de los parques naturales de la provincia. Las mociones de Compromís pedían, por un lado, la aprobación de un plan de empleo joven para los municipios pequeños de la provincia y, por otro, la incorporación de los departamentos de Servicios Sociales en la gestión de las emergencias.
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