CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Onda ha trasladado a la Generalitat Valenciana su preocupación por el proyecto energético híbrido Olinda previsto en la localidad y que contempla una inversión superior a los 62 millones de euros para combinar generación fotovoltaica y almacenamiento mediante baterías. El consistorio considera que la iniciativa puede tener afecciones sobre el territorio y ha solicitado colaboración institucional para estudiar las opciones disponibles dentro del marco administrativo.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha mantenido una reunión con el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra Devesa, acompañada por representantes de la Comunidad de Regantes de la Cota 220, con el objetivo de exponer la posición municipal y trasladar las inquietudes del sector agrario ante la tramitación del proyecto.
Durante el encuentro, Ayuntamiento y regantes defendieron la necesidad de "compatibilizar el despliegue de energías renovables con la protección del suelo agrícola y de la actividad económica vinculada al campo". El consistorio reiteró su oposición a instalaciones de gran escala sobre terrenos rurales que, a su juicio, puedan comprometer áreas con valor productivo.
Según explicó la alcaldesa tras la reunión, el Ayuntamiento mantiene su respaldo a los agricultores y vecinos afectados y continuará utilizando las herramientas disponibles dentro de sus competencias para defender los intereses del municipio. Ballester insistió en que el consistorio respalda el desarrollo de energías renovables, aunque reclama una "planificación que tenga en cuenta el equilibrio territorial y el impacto sobre el entorno". "Creemos en las energías renovables, pero también en la planificación, el equilibrio y el sentido común. Vamos a seguir trabajando con todas las administraciones y utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance para defender los intereses de Onda, de nuestros agricultores y de nuestro entorno. Junto a la Generalitat, los regantes y agricultores vamos a pelear juntos hasta el final y no bajaremos los brazos ante esta imposición del Gobierno", ha señalado.
El proyecto al que se refiere el Ayuntamiento es Olinda, promovido por Lightsource bp, actualmente en fase de obtención de permisos y licencias. La infraestructura contempla una potencia total de 110,53 MW, de los que 57,92 MW corresponderían a la planta fotovoltaica y 52,61 MW al sistema de almacenamiento energético mediante baterías.
La instalación se proyecta en suelo rústico del noreste del término municipal de Onda, con una superficie de 85,77 hectáreas. Además, el proyecto prevé que esta planta comparta infraestructura de evacuación con otros dos proyectos de almacenamiento energético que la compañía tramita también en la localidad. La previsión de producción anual se sitúa en 130.818 MWh, equivalente al consumo de más de 33.500 hogares.
En el proceso de información pública del proyecto, la empresa defendió que el proyecto incorpora medidas de integración ambiental y paisajística, entre ellas pantallas vegetales, conservación parcial de cultivos y actuaciones para favorecer la biodiversidad. Desde Lightsource bp insistieron en su momento en que el proyecto forma parte de su estrategia de descarbonización del sistema eléctrico y que se ha diseñado para minimizar la afección visual y territorial.
En paralelo, el Ayuntamiento de Onda mantiene desde hace meses una estrategia de seguimiento de los proyectos fotovoltaicos previstos en el término municipal. Aunque la autorización corresponde al Gobierno de España o a la Generalitat en función de las características de cada instalación, el consistorio ha presentado alegaciones y recursos dentro de los procedimientos administrativos abiertos.
La coordinación con el sector agrario se ha reforzado a través del Consell Agrari Municipal, en el que participan comunidades de regantes, agricultores, organizaciones agrarias y cuerpos de seguridad. Entre las medidas abordadas figura la presentación de alegaciones a proyectos que afecten al suelo rural y el estudio de posibles cambios en la normativa urbanística municipal para reforzar los mecanismos de protección del territorio.
Además, el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de la Cota 220 han constituido una comisión de seguimiento para coordinar actuaciones durante la tramitación administrativa del proyecto.
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