CASTELLÓ. En febrero de 2022, Vilafamés fue pionero en la provincia de Castellón en emitir una orden para paralizar la concesión y admisión a trámite de cualquier licencia y autorización que tuviera por objeto la implantación de centrales fotovoltaicas, placas solares y eólicas. La decisión llegó después de que una empresa planteara instalar una macroplanta fotovoltaica en terrenos de este municipio y Cabanes. La planta, con el nombre de 'Valentia Edetanotum FV1', fue presentada por Harbour Maestrat, filial de la firma castellonense Enerhi, y conllevaba levantar una planta solar con potencia eléctrica de 250 MWp y más de 555.000 paneles solares.

Este proyecto, junto el de la vecina 'Magda', despertó un fuerte movimiento social de rechazo y puso en alerta a otros municipios. La firma finalmente acabó desistiendo pero el Ayuntamiento ya había comenzado los trámites para modificar su Plan General y controlar la llegada de estas megaplantas. Vilafamés es, hasta la fecha, el único municipio de la provincia que ya tiene aprobada la modificación urbanística para regular la instalación de las renovables. El cambio se aprobó por pleno el pasado año pero se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el pasado mes de febrero. 

No es el único que ha iniciado este proceso. Tras Vilafamés, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio está tramitando otras cuatro peticiones de otras cuatro localidades en la provincia de Castellón para cambiar su normativa urbanística y vetar la instalación de megaproyectos en gran parte de su término. El objetivo común es proteger la agricultura, pero también el valor paisajístico de sus territorios. Se trata de Viver, Altura, Les Useres y Betxí. 

De ellos, el que está más cerca de aprobar la modificación urbanística es Viver. Tal y como informan desde la Conselleria, este ayuntamiento está tramitando la modificación puntual 1 de su Plan General. El cambio implica el 'veto' a que cualquier proyecto de energía fotovoltaica -salvo las de autoconsumo- pueda instalarse en suelo de valor agrícola, que supone el 21,5 % del término municipal (1.068,83 hectáreas). En otro casi 25% del término (1.231,4 hectáreas), la instalación de estos macroproyectos se regula con condiciones como un límite de cinco hectáreas por planta. 

El alcalde del municipio, Vicente Domingo Ferrer, explicaba que la medida tiene un antecedente claro: el proyecto que una filial de Abinergy Green presentó en 2022 para un parque solar de 50 megavatios que ocupaba 650.000 metros cuadrados. La Generalitat Valenciana acabó tumbándolo, pero el consistorio ya había activado las alertas. El proyecto recaía en suelo de alto valor agrológico y cuando Viver aprobó su Plan General (en 2018) no se contempló específicamente la instalación de este tipo de proyectos. 

Estas modificaciones tienen su origen en el decreto ley del Consell de 2020 sobre medidas urgentes para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática. Un texto legal que establece que solo sería incompatible la implantación de proyectos de energías fotovoltaicas cuando estuviera "expresamente prohibido en el planeamiento municipal". Algo que, en muchos casos, no se recoge en los planes generales. De ahí que, si un municipio quiere evitar grandes proyectos sobre suelo no urbanizable o de valor agrológico, debe iniciar este proceso. 

Según explican desde la Conselleria, el caso de Viver está pendiente de aprobación definitiva. El resto de consistorios, todavía están en fases más tempranas.

Mantenimiento de valores ambientales y paisajísticos

En el caso de Altura, el ayuntamiento ha iniciado la tramitación del plan especial de fotovoltaicas y está pendiente de evaluación ambiental. Tal y como recoge el expediente, el objeto del Plan Especial es "identificar las zonas aptas del término municipal de Altura para la implantación de instalaciones de generación de energía fotovoltaica". "Se pretende, que la generación de este tipo de energía, se realice en un marco de ordenación que asegure su compatibilidad con los usos urbanísticos del suelo y el mantenimiento de los valores ambientales y paisajísticos", recoge el documento. El borrador del plan se presentó ante la Conselleria en octubre del pasado año. 

También Les Useres, otro de los municipios que se ha visto afectado por proyectos de macroplantas fotovoltaicas, tiene en fase de evaluación ambiental su modificación de las normas subsidiarias para regular la instalación de estos proyectos de renovables. Este ayuntamiento aprobó la suspensión de licencias en junio de 2023 e inició el trámite para cambiar su urbanismo en enero del pasado año. En este caso, además de la protección de suelo agrícola, el consistorio habla de "protección paisajística", especialmente de la zona del Pla de l'Arc y los llamados 'paisajes del vino'. Entre los objetivos del cambio, el proyecto cita el "mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera", así como la "salvaguarda del paisaje". La intención es conservar como "activo territorial estratégico" la mayor parte posible de suelo agrícola de alta capacidad". 

"Se trata de establecer unos criterios racionales para la implantación en el término municipal de plantas fotovoltaicas de cierta envergadura y cuyo emplazamiento indiscriminado pueda hacer peligrar la viabilidad y subsistencia de otros usos previamente implantados en el término municipal y que son de especial trascendencia para el municipio y para las personas que en él residen", defiende el consistorio. 

"Sucesión indiscriminada" de proyectos

Según recoge el expediente para la modificación, Les Useres apunta a la sucesión "de manera indiscriminada" de "intereses en el establecimiento de plantas fotovoltaicas de grandes dimensiones, las cuales exceden en mucho las necesidades del municipio y se encuentran planificadas para abastecer y satisfacer las necesidades de energía que demandan las zonas costeras e industriales de la provincia de Castellón o incluso de la Comunitat Valenciana". "Con ello, lo que se pretende no es ni mucho menos el establecer una prohibición al uso de energías renovables (plantas e instalaciones fotovoltaicas) sino el regular su posibilidad de emplazamiento en el término municipal", afirman. 

Por último, Betxí ya ha obtenido el documento de alcance ambiental de la modificaicón de sus normas dirigida a regular las plantas fotovoltaicas. El proyecto, que el ayuntamiento inició en julio de 2022, se halla ahora en fase de exposición pública y busca limitar a una zona de algo más de 98 hectáreas la instalación de proyectos solares de generación eléctrica. El proyecto también limita el despliegue de instalaciones de volcado de energía y de plantas de almacenamiento a una zona de 24,5 hectáreas alrededor de la Subestación Eléctrica de Betxí.