CASTELLÓ. La Diputación de Castellón ha celebrado el Pleno del mes de diciembre, el último de este 2025, una sesión en la que la situación del Gobierno central, la falta de Presupuestos Generales del Estado y los casos de corrupción en las filas socialistas se han colado también en el debate. Entre los asuntos que han visto la luz por unanimidad destaca el convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Diputación Provincial de Castellón para el desarrollo del Centro de Innovación Territorial, además de dos mociones que el Partido Popular ha sacado adelante con el apoyo de Vox -PSPV y Compromís se han abstenido- para exigir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo las inversiones necesarias para la provincia, así como otra propuesta de apoyo al colectivo de autónomos. 

La sesión, que ha comenzado con un minuto de silencio como muestra de condena por el último asesinato machista en Catarroja, ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos el acuerdo entre el Gobierno y la institución provincial para la creación del Centro de Innovación Territorial (CIT), un proyecto que contempla una inversión de 850.000 euros que tendrá como principal objetivo potenciar la Red de Centros CEDES de Dinamización Económica y Social así como otras infraestructuras de la Diputación en el territorio con el fin de "activar el ecosistema innovador de la provincia", según ha indicado la vicepresidenta primera de la Diputación y responsable del área Económica, Mª Ángeles Pallarés. Entre los objetivos de los CIT se incluyen, entre otros, desarrollar un diagnóstico, detectando fortalezas y debilidades, fijar objetivos y desarrollar una estrategia de actuación para alcanzarlos, adaptada a las peculiaridades de cada territorio; dinamizar el tejido socioeconómico en las zonas afectadas por fenómenos de despoblación; y fomentar la creación, retención y atracción de talento y apoyar el emprendimiento. Castellón será la octava provincia de España en sumarse a este convenio, que, en palabras del diputado socialista Rhamsés Ripollés, supone "una oportunidad para tejer alianzas y generar servicios para el interior de la provincia". 

La unanimidad que ha concitado este asunto se ha roto a la hora de abordar las mociones presentadas en el Pleno. Así, PP y Vox se han quedado solos a la hora de sacar adelante la moción de los populares para "exigir al Gobierno de España unos Presupuestos Generales para 2026 que contemplen las inversiones necesarias para que la provincia de Castellón pueda progresar". “Somos conscientes que hacen falta esos Presupuestos Generales del Estado y por ello seguiremos alzando la voz y reivindicando para que se aprueben los presupuestos y se cumpla con un mandato que es constitucional”, ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. El diputado Sergio Toledo ha incidido en que “los Presupuestos Generales del Estado son el instrumento fundamental de planificación económica" y que en el caso de la provincia de Castellón, la falta de unas cuentas estatales deja en el aire inversiones en materia de prevención de inundaciones, regeneración del litoral castellonense, mejoras en carreteras y cuarteles, accesos a la AP-7 o prolongación de la A-7, además de ayudas a sectores como la cerámica, la agricultura o la pesca. 

Desde el PSPV, su portavoz, Samuel Falomir, ha justificado la abstención de su grupo alegando que "estamos ante una moción que no busca mejorar las infraestructuras de la provincia sino hacer política partidista". Además, ha reprochado al PP su "incoherencia" porque "cuando el Gobierno los presente, votarán en contra como han hecho otras veces". Compromís también ha optado por la abstención puesto que "aunque no estamos en contra de que haya Presupuestos Generales, esta moción tiene un sesgo político, ya que olvidan reclamar también unos presupuestos a la Generalitat", ha asegurado su portavoz, David Guardiola. 

La segunda de las mociones populares aprobada en el Pleno, también con el apoyo de Vox y la abstención de Compromís y PSPV, ha sido la propuesta de apoyo a los trabajadores autónomos, “a quien el Gobierno de España mantiene sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local”, ha expresado la vicepresidenta María Ángeles Pallarés. A través de la moción, la Diputación de Castellón expresa su respaldo a los más de 43.000 autónomos de la provincia y manifiesta su rechazo a la política fiscal del Gobierno central, que considera "generadora de mayor presión impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa". La institución provincial reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2023, con reformas pendientes en protección social, conciliación, pluriactividad y simplificación administrativa, así como la aplicación inmediata del régimen de franquicia de IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros. El acuerdo incluye además el impulso de medidas de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización, y la flexibilización del acceso a la prestación por cese de actividad.

El diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha defendido la necesidad de impulsar medidas de apoyo a este colectivo puesto que "cada día cierran su negocio 74 autónomos en España" y ha achacado esta realidad a la "carga administrativa" y al "voraz afán recaudatorio por parte del Gobierno". Por su parte, la diputada de Compromís Maria Fajardo ha señalado que "defendemos a los autónomos y autónomas pero esta moción esquiva la raíz del problema: la concentración del capital y la precariedad". Desde las filas socialistas, la diputada Ruth Sanz ha asegurado, por su parte, que "esta moción no busca mejorar la situación de los autónomos sino imponer el sistema que defiende el PP: que muchos coticen lo mínimo y que tengan pensiones mínimas. Los socialistas defendemos un sistema de reciprocidad y derechos". 

En otro orden de cosas, el voto en contra de PP y Vox ha frenado dos mociones del grupo socialista para impulsar una solución coordinada al transporte adaptado en la provincia de Castellón así como para mejorar la coordinación de los recursos para el mantenimiento de pistas y caminos rurales. También ha quedado sobre la mesa la moción del PP sobre la propuesta de la Comisión Europea para las jornadas de faena de la flota de arrastre del Mediterráneo en 2026.