CASTELLÓ. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs ha abierto una causa por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y estafa en la que ha citado a declarar como investigado al alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana confirma que la jueza ha abierto diligencias previas a raíz de una querella presentada en el año 2022 en la que se denuncian supuestas irregularidades en la gestión del Patronato Municipal de Turismo de Peñíscola antes de su disolución oficial en febrero de 2015.
La querella fue ratificada en octubre de 2023 y admitida a trámite por el juzgado el pasado 18 de noviembre de 2024. Según el auto, la jueza apunta que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de malversación” y ha citado a declarar a Martínez, en calidad de querellado, este jueves día 30 en el juzgado de Vinaròs. La querella se dirige contra otras 49 personas más, pero, tal y como han apuntado desde el TSJ, por el momento únicamente ha sido citado en la causa el alcalde de Peñíscola.
El denunciante, que en la actualidad es concejal de Compromís en el consistorio (aunque el cargo de edil es posterior a la presentación de la querella, que interpuso como particular), pone en conocimiento del juzgado una serie de hechos que giran en torno a la gestión del Patronato Municipal de Turismo y pide que se investiguen. Este organismo se fundó en 1993 y estaba presidido por el alcalde de Peñíscola (que también es diputado provincial), aunque con funciones delegadas en el edil de Turismo a partir de 2003. El Patronato se disolvió oficialmente en febrero de 2015 (fecha de publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia) pero, según la querella, “estuvo funcionando sin adaptarse a la ley 57/2003 desde que entró en vigor hasta su disolución”.
“Disfunciones y duplicidades”
En este sentido, la querella admitida a trámite aporta dos informes jurídicos firmados por el secretario municipal que relatan las “disfunciones y duplicidades” de este organismo autónomo y propone su disolución. En el primero de ellos -firmado en septiembre de 2012-, el secretario municipal explica que, si bien la regulación inicial de los organismos autónomos como este patronato era más beneficiosa al permitir mayor agilidad en la gestión y la tramitación administrativa, así como más flexibilidad en los controles presupuestarios, la legislación vigente en esa fecha ya era “mucho más restrictiva” y suponía aplicar al Patronato Municipal de Turismo “las mismas normas de contratación administrativa, de gestión de personal y de gestión presupuestaria propias de cualquier administración española”.
Así, el informe jurídico apunta que la Ley 57/2003 supuso una “enorme alteración del régimen jurídico de los organismos autónomos”. Entre otros puntos, el documento se refiere a la obligación de someterse a controles específicos por parte de la concejalía de la que dependen, tanto en materia de personal, como patrimonial y de contratación pública. Por ello, la Secretaría municipal concluye que la evolución normativa ha hecho “esfumarse” las ventajas que motivaron la creación de organismos autónomos y que el mantenimiento del Patronato “genera más inconvenientes que ventajas para el Ayuntamiento de Peñíscola”, pasando a desglosar las “principales disfunciones y duplicidades” detectadas.
Entre ellas, cita “la existencia de contratos administrativos que no obedecen directamente al objeto del patronato”. El informe señala como ejemplos contratos como los de servicios de taichí, aerobic, visitas guiadas, administración y mantenimiento de redes sociales, fomento de futbol-sala o de actuaciones musicales. “El hecho de que la contratación de estos servicios se produzca a través del patronato conlleva que estos contratos no aparecen fiscalizados por órganos de control del ayuntamiento”, recalca. También advierte que las subvenciones concedidas por el Patronato debían someterse al derecho público y que la estructura de este ente no permitía tales controles.
El secretario municipal afirma en su informe que “estas disfunciones acaban provocando mayores gastos para los presupuestos del organismo, y en consecuencia del ayuntamiento, que es casi su única fuente de financiación” y que “no es sostenible el mantenimiento de estas disfunciones y duplicidades”. “Mantener el organismo tiene como inconvenientes el mayor gasto para el presupuesto público municipal y el menor control de la legalidad de la actuación administrativa del Patronato”, concluye.
Sin embargo, el Patronato continuó activo después de ese informe y el mismo secretario volvió a firmar un informe jurídico el 5 de noviembre de 2013 en el que insistió en las mismas “disfunciones y duplicidades”. Y añadió: “En tanto no se corrijan las anteriores inadaptaciones a la legalidad, la actuación del organismo autónomo Patronato Municipal de Turismo en el tráfico jurídico puede considerarse irregular”. Por ello, volvió a proponer su disolución y su sucesión por la concejalía de Turismo.
Presupuesto cercano al millón
Ambos informes señalan que el patronato manejaba un presupuesto cercano al millón de euros y que el Ayuntamiento era “casi” su única fuente de financiación. No obstante, en 2013 el consistorio transfirió 344.620 euros. Finalmente, la disolución fue aprobada en un pleno municipal celebrado el 21 de noviembre de 2013 en el que se acordó que el patronato se extinguiese el día en que entrase en vigor el presupuesto municipal de 2014, momento en el cual sería el consistorio el que asumiese el papel de este organismo. La querella presentada llama la atención sobre un decreto de alcaldía fechado en enero de 2014, pocos días después de la entrada en vigor del presupuesto, en la que se aprobó la instrucción para gastos por cerca de 23.000 euros al presidente del Patronato Municipal de turismo para Fitur 2014. El pago, no obstante, estaba sujeto a justificación y rendición de cuentas ante la Intervención municipal.
Por todas estas razones, el denunciante sostiene en la querella que el patronato “ha estado actuando sin adaptarse a la Ley 57/2003 desde que entró en vigor en diciembre de 2003 hasta que se disolvió finalmente el Patronato el 17 de febrero de 2015 (fecha de publicación en el BOE); todo ello siendo conocedores y consintiendo los miembros del organismo la ilegalidad de este”.
El Festival de Cine de Comedia
La querella admitida a trámite por el juzgado de Vinaròs se acoge a los escritos de la Secretaría municipal y sostiene que desde la citada ley de 2003 el Patronato no funcionaba acorde a la legislación y que “la mayoría de los contratos que se celebraron no obedecían al objeto del Patronato, ni estos aparecían fiscalizados correctamente por el órgano de control del Ayuntamiento”. “Partimos de la base de que todos los actos realizados con posterioridad al año 2004 son irregulares, pues no tienen cobertura jurídica alguna”, afirma la denuncia.
Es en base a ello por lo que el denunciante, Juan Ignacio Carrasco, pasa a desgranar los hechos que motivan la querella. Así, la denuncia expone que Carrasco fue el director del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola en el año 2007. Ese año, según relata, la mercantil de la que era administrador único (Serendipity Audiovisual) fue “contratada verbalmente” por otra empresa (la adjudicataria del festival) para dirigir y coorganizar aquella edición. Según asegura en su querella, Carrasco acabó realizando el 90% de los trabajos y sufragando gastos por valor de 205.632 euros, pero solo recibió unos 96.500 euros. Por el contrario, denuncia que la empresa adjudicataria cobró del Patronato 359.999 euros por la organización del festival, importe que, asegura, no podría cobrar sin haber justificado previamente los gastos al Patronato, ya que este organismo “debía expedir el correspondiente informe de intervención para poder aprobar las facturas y satisfacer su importe”.
La denuncia se extiende a otros hechos que el querellante considera que pueden ser constitutivos de delito y apunta, además de al alcalde de Peñíscola, a otras 49 personas (entre componentes del consejo rector del Patronato, de la comisión permanente, el pleno municipal, etc.) como supuestos responsables. Por el momento, según confirman desde el TSJ, en la causa abierta solo Andrés Martínez tiene la condición de investigado y ha sido citado a declarar. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con Martínez sin haber recibido respuesta.
