CASTELLÓ. La asamblea local de Compromís por Castelló ha aprobado una resolución por la cual rechaza las "medidas estéticas" adoptadas por el Consell de la Generalitat y por el Gobierno de España que "no están dando respuesta a la situación actual de emergencia habitacional y que solo están sirviendo para enriquecer todavía más a los grandes propietarios y proponen topar los precios de alquiler en la ciudad de Castelló".
"En un contexto en que el precio del alquiler sube constantemente es imprescindible tomar medidas efectivas, por eso propusimos a las ordenanzas fiscales que se incrementara el recargo hasta un 150% a las viviendas de uso residencial que estén deshabitados" ha apuntado el portavoz local Compromís, Francesc Mezquita, quien al mismo tiempo ha lamentado que "el gobierno de Begoña Carrasco no sabe cuál es el número de viviendas vacías que hay en la ciudad de Castelló".
A la resolución de la coalición valencianista también se pide que el Ayuntamiento haga un estudio para identificar y declarar como zonas tensionadas aquellas en las cuales el coste de la hipoteca o el alquiler supongo más de un 30% de los ingresos y donde el precio de compra o alquiler haya aumentado en los últimos cinco años un 3 % más que el aumento del IPC y se puedan limitar los precios "para garantizar el derecho a la vivienda".
Derecho a una vivienda digna
"Ante la concepción mercantilista y especulativa de la vivienda del Partido Popular y Vox y algunos sectores de partidos que no son las derechas, no está de más recordar que el derecho a la vivienda digno una vivienda digna es un derecho subjetivo de la ciudadanía valenciana garantizado por la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda y que el artículo 47 de la Constitución española hace recaer en las administraciones públicas la obligación de garantizarlo en virtud del interés general e impedir la especulación", ha añadido Mezquita.
Por otro lado, desde el colectivo local de Compromís a Castelló también han aprobado una iniciativa en apoyo de las trabajadoras del tercer sector que están sufriendo una situación en la cual no se le aplican las mejoras salariales y de condiciones laborales que estipula el convenio vigente porque la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda no ha procedido a la licitación correspondiente de las residencias de mayores y centros asistenciales de gestión privada.
Finalmente, Mezquita ha subrayado que desde los sindicatos han expresado su miedo al hecho que la puesta al día de los contratos no llego hasta 2025 "porque, como que no hay retroactividad, el dinero de más que dejan de percibir no los recuperarán, aunque el convenio ya esté en vigor desde el año pasado". Mientras tanto, los empleados mantienen los sueldos prácticamente congelados dado que acumulan subidas del 3% cuando la inflación ya supera ese porcentaje.
