VALÈNCIA. El teletrabajo se ha planteado como una medida para paliar los graves estragos del paso de la Dana por la provincia de Valencia hace dos semanas. Esta fórmula, que vivió su momento álgido durante el periodo de confinamiento en pandemia, regresa para aquellos trabajadores que no pueden acudir a su centro de trabajo por el estado en el que éste ha quedado o por los problemas de movilidad. 

No obstante, la ausencia de directrices claras sobre cómo aplicarlo sumada a la falta de apuesta por el Gobierno autonómico, que ha reculado en sus planes en los últimos meses, lleva a plantear una serie de incógnitas sobre esta modalidad. En este sentido, el Grupo Parlamentario Compromís ha registrado este miércoles en les Corts Valencianes una Proposición No de Ley (PNL) en la que denuncia la falta de medidas del Consell sobre el teletrabajo por la Dana y reclama una serie de ayudas para empresas y trabajadores. 

El texto presentado por los diputados Mònica Àlvaro y Vicent Granel, así como el Síndic, Joan Baldoví, insta al Consell a tramitar ayudas de urgencia para "recuperar el tejido empresarial e industrial valenciano". Y hace especial énfasis en el teletrabajo, para el que pide ayudas "de urgencia" para empresas y trabajadores. En esta línea, propone la creación de un plan de implantación de esta fórmula en el sector productivo con ayudas para la digitalización, compra de dispositivos y programas, así como la formación que sea necesaria. 

También reclama que el Ejecutivo autonómico vele por el cumplimiento del artículo 43 del Real Decreto Ley 7/2024, de medidas del Gobierno de España por la Dana. Este apartado establece la posibilidad de trabajar a distancia en supuestos como cortes de carreteras, labores de puesta a punto de domicilios tras inundaciones o cuando hayan desaparecido o fallecido familiares del empleado. Asimismo, se da la opción de acogerse a esta fórmula a aquellos trabajadores que no puedan acceder al centro de trabajo o deban realizar tareas de cuidado de otras personas derivadas de la Dana.

Además, el artículo recoge que se podría solicitar la ampliación del teletrabajo a toda la jornada laboral si esta fórmula ya estaba prevista de manera parcial en un acuerdo en vigor. Por otro lado, se prevé la ausencia del trabajo con derecho a remuneración cuando no se pueda trabajar a distancia porque la modalidad del empleo lo impida o por falta de recursos proporcionados por las empresas.

De hecho, este último punto es uno de los más denunciados por aquellos que desarrollan su profesión desde casa, tal y como señala el informe El Teletrabajo en la Comunitat Valenciana en 2023 elaborado por la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universitat de València. En este sentido, este informe revela que la mitad de quienes teletrabajan en la Comunitat aportan ellos mismos su herramienta de trabajo, normalmente un ordenador portátil. El porcentaje se dispara hasta el entorno del 80-90% si se refiere a elementos de mobiliario de oficina, tales como sillas o mesas.

Situación en la Administración Pública

Por otro lado, desde Compromís también critican que la Conselleria con competencias en materia de Empleo emitiera un comunicado sobre la conveniencia de utilizar el teletrabajo sin que éste "incluyera ningún tipo de instrucción o forma de aplicación al respecto". En esta línea, la formación añade: "El Consell de Mazón ha ido eliminando esta fórmula de trabajo paulatinamente y ahora, con una breve nota de prensa, la recomiendan". 

Lo cierto es que la Generalitat ha ido retrocediendo en los últimos meses en sus planes relacionados con esta modalidad en organismos como el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) o en Turisme Comunitat Valenciana. A finales del pasado mes de agosto se desestimaba un recurso de los trabajadores de este último ente tras la decisión de finalizar dicho plan por parte de la conselleria encabezada por Nuria Montes.

El Ejecutivo del Botànic creó en 2021 un marco general para estos programas, que tendrían que ser diseñados por cada organismo y cuya duración máxima sería de un año prorrogable por periodos de la misma duración. Hasta finales de 2023 se presentaron un total de 30 programas de trabajo a distancia por parte de 14 departamentos que afectan a cerca de 4.000 puestos. No obstante, el total de empleados públicos roza los 20.000, por lo que los profesionales públicos con posibilidad de acogerse al teletrabajo apenas llegaban al 20% del total. Cabe además mencionar que esta normativa deberá revisarse durante el actual mandato de Mazón, tras incluirlo en el acuerdo de legislatura negociado con los sindicatos.