ALICANTE. Las indagaciones promovidas por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), para determinar si más funcionarios, o sus familiares, pudieron haber adquirido otras viviendas de protección pública (VPP) construidas en el solar municipal subastado por el propio Ayuntamiento entre los años 2018 y 2022 permite detectar indicios de que sí concurrió esa circunstancia en casos adicionales a los conocidos hasta ahora. Es decir, los de los hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna y actual jefa del área de Contratación, así como dos arquitectos municipales.

Así lo ha dado a conocer el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia informativa en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local, en la que ha precisado que se había dado traslado de esas indagaciones internas a la Conselleria de Vivienda para que se cotejasen los datos y se constatase que los nombres que figuran en la lista de compradores de las 140 viviendas de Residencial Les Naus se corresponden con los funcionarios municipales. En esta línea, Villar ha optado por la prudencia y no ha desvelado qué cantidad de nuevos posibles casos se había detectado hasta constatar que, en efecto, se trata de ellos y no de una coincidencia con otros nombres y apellidos que pueden resultar "comunes", según ha indicado. 

Según Villar, ha habido resultados con nombres y apellidos "muy comunes" que, "por prudencia", hay que cotejar y ha evitado concretar más para evitar "generar culpabilidades" erróneas sobre determinados funcionarios que pudieran infundir a error. En todo caso, ha calculado que la Generalitat aclarará la situación en las próximas horas o días, a partir de la documentación remitida por el Ayuntamiento. Será entonces cuando se podrá iniciar el correspondiente expediente de averiguación de hechos con el fin de determinar si esos funcionarios que también pudiesen haber comprado una de las 140 viviendas construidas en el distrito de Playa de San Juan en régimen de cooperativa tuvieron alguna participación en el expediente de subasta del solar municipal, o si tomaron alguna decisión respecto a su venta o respecto a la concesión de su licencia de obra que conllevase un presunto conflicto de interés o una incompatibilidad. "Lo que queremos saber es si algún funcionario ha podido intervenir, y en su caso, si ha intervenido, en qué condiciones", ha incidido.

Dos expedientes ya en curso

Se trata del mismo procedimiento que ya se habría seguido respecto a los dos arquitectos municipales que había trascendido hasta ahora que sí habían sido adquirientes de pisos en esa promoción, al figurar como socios de la cooperativa que los construyó. En esta línea, Villar ha señalado que los expedientes abiertos respecto a esos dos funcionarios seguían abiertos sin que se haya alcanzado una conclusión definitiva respecto a la concurrencia de algún tipo de irregularidad o de supuesto indicio delictivo que pudiese conllevar la apertura de un expediente disciplinario que conllevase una posible suspensión de empleo y sueldo, por ejemplo. "Esos expedientes siguen abiertos, aunque tratamos de avanzar con la mayor rapidez; no van a quedar en un cajón", ha enfatizado el vicealcalde. "Los iniciamos el pasado miércoles o jueves e iremos comunicando las conclusiones; son expedientes reservados, pero están abiertos y se está actuando con la rapidez que el caso requiere", ha apostillado.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda apuntan que se siguen revisando los expedientes en los que se había detectado posibles omisiones de información, al margen de si los adquirientes son o no funcionarios de Alicante, y añaden que el propio Ayuntamiento era quien ya había cotejado quiénes son funcionarios

Por el momento, el informe de averiguación de hechos elaborado por el vicesecretario general por encargo del alcalde ya habría descartado la posibilidad de que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, o uno de esos dos arquitectos municipales, hubiesen tenido una intervención decisoria en la tramitación de los expedientes de venta del solar o de concesión del permiso de obra. De hecho, hasta ahora, al margen de la dimisión de Gómez y de la renuncia de Pérez-Hickman al cargo de directora general para regresar a su plaza como jefa de Contratación, no se ha acordado la imposición de ninguna medida disciplinaria contra ninguno de ellos.

Entre tanto, fuentes de la Conselleria de Vivienda señalan que se sigue analizando el conjunto de los expedientes en los casos en los que se había detectado posibles omisiones de información, sin llegar a distinguir si esos casos corresponden con funcionarios del Ayuntamiento de Alicante o no. De igual modo, las mismas fuentes han apuntado que el departamento autonómico no tiene la capacidad de cotejar si los compradores son o no trabajadores del ayuntamiento y que, en todo caso, esa ya es una información de la que dispone el propio equipo de gobierno, a partir del listado que se había aportado al elevar su consulta. Por último, han incidido en que el listado de adquirientes del que dispone la conselleria es el listado de los visados, aportado por la cooperativa promotora de la construcción de las viviendas, que sería el mismo del que dispone el Ayuntamiento de Alicante.