VALÈNCIA. El letrado que ejerce la defensa del que fuera secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en la causa judicial que investiga la gestión de la Dana también representa al sindicato Manos Limpias en el caso de la adjudicación de viviendas protegidas (VPP) en el Ayuntamiento de Alicante. El abogado, José María Bueno Manzanares, es uno de los tres que firma la deuncia presentada por la organización a raíz del escándalo de vivienda pública construida sobre un solar municipal subastado entre 2018 y 2022.

Así pues, Bueno Manzanares continúa prestando importante asistencia jurídica a la organización que preside Miguel Bernad, a la que también ha representado ante la justicia en otras causas como la que sentará en el banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz. Con todo, ha sostenido en varias ocasiones el letrado, su vinculación con Manos Limpias es estrictamente profesional y no forma parte de la misma.

Cabe recordar que la jueza de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra, se hizo servir de esta relación para expulsar de la instrucción judicial a Manos Limpias, que se había personado como acusación popular. Se había presentado con otra representación jurídica pero la magistrada consideró que el vínculo entre el sindicato y Bueno Manzanares, aunque externo a la causa, era motivo de incompatibilidad, y tomó como argumento unas declaraciones del propio letrado en una entrevista donde decía que era el "jefe de los servicios jurídicos" del sindicato.

La magistrada dictaminó que así que la acción penal "jamás podrá ejercitarse adecuadamente, incumpliéndose la finalidad constitucional que recoge la jurisprudencia a la acusación popular". Todo pese a que el abogado explicó en un escrito que ni es militante ni afiliado de Manos Limpias, ni tiene cargo alguno ni es trabajador del mismo, sino "un abogado penalista independiente, con despachos abiertos en Madrid y en Alicante".  A la postre, defendía que Manos Limpias es uno de sus clientes "en causas concretas". "No en todas las causas de Manos Limpias, sino solo en unas pocas de ellas", resaltaba, para añadir que el sindicato no le suele informar "jamás de las denuncias" que interpone como la de la Dana, donde acudió con la representación del valenciano José Luis Roberto, líder de España 2000.

En aquel escrito, Bueno Manzanares sostenía que cuando Manos Limpias le ofrece llevar litigios, "hay ocasiones" en las que decide aceptar la propuesta pero, aclaraba, "en todo caso es sabido por parte de Manos Limpias que a este letrado no se le debe informar tan siquiera y que jamás aceptaría acciones contra el Partido Popular de la Comunidad Valenciana o sus cargos". Lo cual ha sorprendido a algunos después de conocerse que la denuncia del sindicato por el escándalo del reparto de viviendas protegidas en Alicante afecta de lleno a los 'populares' valencianos, siendo Luis Barcala el jefe del gobierno municipal.

La denuncia de Manos Limpias, presentada el pasado jueves por los letrados José María Bueno, Yulia Ivanistova y María del Carmen Caballero, pretende que se depuren posibles responsabilidades penales en la venta del suelo y en el reparto de los 140 pisos de la promoción entre los socios cooperativistas de Residencial Les Naus. Y la denuncia se dirige contra diez personas concretas.

En primer término, figuran la exconcejala de Urbanismo, la exdirectora general de Organización Interna, el arquitecto municipal que también obtuvo un piso como socio cooperativista y una segunda arquitecta municipal, esposa del técnico de la Conselleria de Vivienda que visó todos los contratos. A ellos se suma otro funcionario municipal sin identidad definida (al que Manos Limpias le atribuye el puesto de jefe del servicio de viviendas), el notario que firmó los contratos de escritura de compra de los pisos, y cuatro representantes de la cooperativa Residencial Les Naus: el administrador, el presidente, la secretaria y la vicepresidenta.

La organización les considera responsables de cuatro delitos: falsedad en documento público mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios. Esos ilícitos se habrían cometido en la adjudicación o compra de esas viviendas "a miembros concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, así como a directivos de la referida cooperativa y adjudicatarios diversos de los diferentes pisos", según detalla el escrito.

En él, se incide en supuestas anomalías como que "no se hizo publicidad de esas viviendas con la justificación de que ya había listas de espera"; que la Generalitat Valenciana "amplió el límite de los ingresos totales de la unidad familiar para acceder a la vivienda"; y que "las viviendas adquiridas en varios casos, y una vez escrituradas, han sido puestas a la venta por el doble de su adquisición, interviniendo una agencia inmobiliaria, donde en un vídeo manifiesta que una cantidad aproximada de 175.000