VALÈNCIA. La huelga educativa cumple su duodécimo día en la Comunitat Valenciana. La falta de acuerdo entre los sindicatos convocantes y la Generalitat ha dejado bloqueada la situación, por lo que el sábado habrá manifestación y el próximo lunes se iniciará la tercera semana consecutiva sin actividad docente completa en los centros.

Al margen de las reivindicaciones de los colectivos implicados y del contenido de las negociaciones, de las que ha ido informando puntualmente este diario, también se antoja relevante analizar este problema desde el punto de vista estratégico y político.

Es ahí donde el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se somete a su primer gran test de estrés como máximo responsable autonómico de la gestión de los servicios públicos en la Comunitat. 

Hasta el momento, tal y como ha informado Plaza, el jefe del Consell ha tratado de permanecer en un discreto segundo plano en la administración de esta crisis. De hecho, el discurso empleado se ha dirigido en gran medida a traspasar la responsabilidad de diálogo y soluciones a la consellera de Educación, Carmen Ortí. 

Sin embargo, con el alargue sostenido de la huelga, al presidente de la Generalitat se le acaban las opciones para no tomar las riendas de la situación, y para ello debe definir si opta por la crítica al sector docente tras rechazar la última oferta del Consell o si se inclina por la moderación y la actitud negociadora.

Un dilema en el que, de hecho, viene navegando Pérez Llorca y el propio PPCV en las últimas semanas. Atacar a un colectivo tan numeroso y, al menos en este caso, tan cohesionado implica profundizar en un conflicto de imprevisibles consecuencias para la imagen del presidente de la Generalitat. De la misma manera, apostar por la pasividad y la distancia puede conllevar la falta de iniciativa en el relato y la pérdida de capacidad de contraataque, especialmente frente a los grupos de oposición.

Con este escenario, y la imagen ofrecida este jueves, el presidente de la Generalitat parece estar tratando de navegar entre las dos tierras mencionadas anteriormente, deslizando ciertas críticas a los docentes pero, al mismo tiempo, tratando de ofrecer su versión más conciliadora.

En ese apartado más beligerante, pueden incluirse algunas de las manifestaciones del propio Pérez Llorca en la sesión de control en Les Corts este jueves: "No voy a tolerar que se utilice a los estudiantes y a los padres como chantaje de cara al Gobierno valenciano. Un profesor tiene derecho a reivindicar aquello que crea mejor, pero es intolerable que los niños estén todos los días en los patios mientras hay profesores en las aulas que no les quieran atender", señaló en el debate, unas afirmaciones que, a buen seguro, molestaron a las fuerzas sindicales y causaron protestas en la bancada de la izquierda.

En su faceta más moderada, sin embargo, el presidente de la Generalitat aseguró que la propuesta realizada por su gobierno es la "más ambiciosa" y la económicamente mejor dotada "de todas las comunidades autónomas de España". "Hay parte de sus reivindicaciones que comparto", comentó Pérez Llorca, para subrayar que "gran parte" de la huelga pone de manifiesto la "incompetencia" de la izquierda durante sus "ocho años de gobierno".

Esa línea más dialogante también fue exhibida posteriormente cuando, a la salida de la sesión, el jefe del Consell fue abordado por algunos manifestantes en la puerta de Les Corts, con los que se detuvo a hablar varios minutos. Entre ellos se encontraban un director de centro dispuesto a presentar su dimisión y la presidenta de Fampa Valencia, Elisabet García.

Una actitud que contrasta con su falta de implicación en primera persona en las negociaciones -algo que ya han empezado a pedirle los sindicatos- o con la posición más beligerante de la consellera de Educación, Carmen Ortí, la encargada de conducir las negociaciones con los sindicatos, que este mismo jueves se despachaba con las organizaciones sindicales en un video colgado en la red social X.

Un tono que también han utilizado desde el PPCV, que han apuntado a que la protesta está politizada y alentada por la izquierda, además de acusar a los convocantes de utilizar el "dinero" como "excusa" para "dinamitar el fin de curso", según señaló la portavoz del PP en Educación, Beatriz Gascó.