VALÈNCIA. El Gobierno valenciano que lidera Juanfran Pérez Llorca ha superado los seis meses desde su nombramiento el pasado mes de diciembre. Una etapa en la que han cumplido un tercio del que, como máximo, será su mandato, teniendo en cuenta que las próximas elecciones autonómicas se celebrarán, si no hay adelanto, en mayo de 2027.

Tiempo suficiente, este semestre, para analizar las distintas vicisitudes que han atravesado los diferentes responsables autonómicos y posición resultante que, en muchos casos, se deriva de esta intensa etapa política, preludio del curso que desembocará en los comicios.

Sin duda, la dirigente que más ha sufrido en estos seis meses al frente de su departamento es la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí. Las cinco semanas de huelga de los docentes ha sido un duro examen para la dirigente, recomendada para el cargo por la alcaldesa de València, María José Catalá, que ha terminado además cerrándose en falso con una pausa de la protesta que podría retomarse en septiembre. 

Los sindicatos hicieron dos manifestaciones antes de la huelga indefinida pero desde el Consell no supieron evitar que, finalmente, se produjera el paro completo. Lógicamente, enfrentarse a una crisis de estas características es una prueba muy exigente para cualquier alto cargo, y más aún si acaba de llegar al puesto. Es por ello que a Ortí, pese a su trayectoria como profesora e inspectora educativa, se la vio en una primera fase del conflicto más 'verde' y desorientada en la manera de afrontarla: con el paso de las semanas, mejoró sus prestaciones tanto interna como públicamente, si bien no ha podido resolver la crisis de forma definitiva. Así, y aunque en privado, los sindicatos docentes admiten que la consellera es una persona con mayor voluntad de diálogo que su predecesor en el cargo, Ortí se enfrentará a una reválida en septiembre con el mismo asunto.

Otro de los consellers que se ha situado en el foco en estos seis meses ha sido el responsable de Hacienda, José Antonio Rovira. Pérez Llorca apostó por él, pese a que no pocos en el PP pensaban que podía ser uno de los sacrificados con la cadía de Carlos Mazón. Hasta el momento, el titular de Hacienda ha conseguido diseñar unos presupuestos que Vox está dispuesto a aprobar -más allá de los problemas con la Ley de Acompañamiento-, lo que supone un éxito para el conseller que, de alguna manera, devuelve la confianza que le dio Pérez Llorca. 

En la otra orilla, Rovira, además de su fuerte influencia en otras cuestiones como la huelga educativa, está desempeñando el complejo papel de rechazar, tal y como ha ordenado la dirección nacional del PP, la propuesta del nuevo sistema de financiación que ofrece el Gobierno de España, que supondrían a priori 3.669 millones de euros más al año para la Comunitat. El conseller reclama al ejecutivo central, con razón, un fondo de nivel transitorio, pero resulta difícil defender que se muestre más proactivo en la negociación del modelo. 

Por otro lado, cabe recordar que Pérez Llorca realizó una apuesta en buena medida continuista cuando se puso al frente de la Generalitat. Una decisión que facilitaba que la transición fuera menos traumática para la gestión pero que también tenía la consecuencia de mantener a dirigentes que estaban al mando en la catástrofe de la Dana.

Un factor relevante cuando se producen novedades sobre el proceso judicial de la tragedia, como ha pasado esta semana, en la que se han conocido los mensajes del grupo de whatsapp del Consell en aquella jornada. Una revisión de lo ocurrido que castiga especialmente a la vicepresidenta Susana Camarero o al conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, que mientras se producía la catástrofe acudieron a una recogida de premios organizados por la CEV, o también al propio Rovira, que más allá de las nueve de la noche criticaba lo que calificaba como "campañita de la izquierda" en uno de sus mensajes. Bien es cierto que, aunque resulta obvio que nadie en ese momento era consciente del volumen de la tragedia, los consellers que tuvieron responsabilidades durante la Dana y que continúan ahora en el ejecutivo, van a tener este hándicap durante el resto de la legislatura de verse salpicados por el proceso.

Otro episodio de cierto interés en el ámbito interno que ha suscitado cierta tensión interna en el Gobierno valenciano es la pugna por el funcionariado público entre la vicepresidenta Camarero y la consellera de Servicios Sociales nombrada en diciembre, Elena Albalat, impulsada para el puesto por la líder provincial de Castellón, Marta Barrachina. Una pugna entre dos altos cargos que ya se conocían previamente, puesto que Albalat venía trabajando en el departamento que dirigía Camarero, primero como directora general y posteriormente como sectretaria autonómica.

Así pues, estas pinceladas sobre algunos de los departamentos del Gobierno valenciano dibujan algunas situaciones difíciles para los nuevos miembros del Ejecutivo y, al mismo tiempo, los problemas que se arrastran de la primera parte de la legislatura. Un escenario que no resulta extraño tras el diseño acometido por Perez Llorca, basado en la continuidad de casi todo el equipo de Mazón combinado con determinadas concesiones orgánicas, una vía en cierto modo lógica dado el aterrizaje forzoso del alcalde de Finestrat como presidente de la Generalitat sobrevenido.