VALÈNCIA. "No se trata de una deuda exigible sino una estimación parcial que sería preciso completar con los datos de otras comunidades autónomas". Así respondía el Ministerio de Sanidad al borrador del informe de la Sindicatura de Comptes en el que estimaba en 1.172 millones de euros la cantidad que la Generalitat Valenciana tiene pendiente de recibir por la asistencia sanitaria a personas desplazadas de otros territorios. Una visión compartida por el Ministerio de Hacienda, que planteó "serias discrepancias con el cálculo y el importe" de esta cuantía en sus alegaciones al informe.
La compensación por atención a personas desplazadas se instrumenta mediante el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS, pacientes programados de otras CCAA y extranjeros de 32 países europeos y seis con convenio bilateral) y el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA, pacientes no programados de otras CCAA).
En concreto, la Sindicatura de Comptes cifra en 1.172 millones de euros la deuda en favor del Ejecutivo autonómico por la asistencia sanitaria a personas derivadas o desplazadas a la Comunitat Valenciana entre los ejercicios 2013 y 2024. Un dato que, en cualquier caso, se trata de una estimación sujeta a una serie de limitaciones, tal y como recoge el citado informe.
En este sentido, el ente que encabeza Vicent Cucarella advierte de que el importe debería reducirse con los costes de la atención especializada y urgente no programada recibida por pacientes valencianos en otras comunidades autónomas. En sentido contrario, el cálculo podría aumentar si se incorporaran la actualización de las tasas autonómicas, los intereses de demora y la actualización de las tarifas de Atención Primaria no programada.
El Ministerio de Sanidad, en el informe de alegaciones presentado el pasado julio, apunta que la Sindicatura usa la expresión "deuda" para "importes de naturaleza diversa" y señala que no todos ellos "constituyen una deuda vencida exigible". Una cuestión que, sumada al hecho de que no se restase la atención especializada y urgente a valencianos en otras CCAA, lleva al departamento que encabeza Mónica García a considerar que la cuantía indicada por la Sindicatura "no puede presentarse como una deuda exigible".
Por su parte, el Ministerio de Hacienda que encabeza el valenciano Arcadi España también respondió en la misma línea. "A la vista de la información remitida por el Ministerio de Sanidad, se mantienen serias discrepancias con el cálculo y el importe", apuntaron desde el Gabinete del ministro, pese a reconocer que no es competencia de este Ministerio el determinar la "supuesta deuda".
El Ministerio apunta en la información emitida que la Sindicatura de Comptes "carece de competencias fiscalizadoras y de control sobre el sector público estatal". Un hecho que, según el propio Ministerio, le exime de obligación de responderle. Pese a ello, sí emitió sus observaciones "en aras de cumplir con el deber de colaboración" de la ley del Régimen Jurídico del Sector Público.
La Sindicatura de Comptes, ante el cuestionamiento de la cifra estimada, recuerda que las limitaciones están recogidas en su informe y que, de aplicarse las recomendaciones planteadas, la cuantía se convertiría en "deuda líquida y exigible a favor de la Comunitat Valenciana".
Dos de cada diez euros son "costes fijos"
Por otro lado, la Sindicatura de Comptes cuestiona que la compensación de la Atención Primaria a través del FOGA solo cubre el 60% de las tarifas, mientras la compensación establecida en el FCS se limita al 80% de las tarifas vigentes en determinados supuestos de atención programada a pacientes de otras regiones. De hecho, entre sus recomendaciones, solicita al Ministerio de Sanidad justificar este criterio mediante "un estudio técnico de costes" que avale su "razonabilidad".
En alegaciones, la cartera que encabeza Mónica García justifica la aplicación del 80% en el FCS por una "visión altamente conservadora" que estima que el 20% de los costes de asistencia son "fijos e independientes del volumen de pacientes atendidos". "Aunque se atienda a pacientes de otras comunidades autónomas, estos gastos son fijos", remarca el Ministerio de Sanidad. Por este motivo, este departamento no ve "oportuno" que esta parte del gasto se repercuta a la comunidad autónoma de la que procede el paciente atendido y, por tanto, dos de cada diez euros "no son objeto de compensación" entre territorios.
Respecto al 60% en el FOGA, Sanidad señala que se trata de una cifra acordada en 2014 por la comisión de seguimiento de este mecanismo. "Estas reglas de compensación aplicadas en FCS y FOGA derivan de acuerdos adoptados en el ámbito de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud y han sido aplicadas de forma uniforme a todas las comunidades autónomas durante los ejercicios auditados", añade el citado ministerio.
En cualquier caso, aseguran que se promoverá "una revisión técnica" de estos porcentajes, "pero sin prejuzgar el resultado previo ni reconocer su aplicación de manera retroactiva". El Ministerio también estima "procedente" analizar la actualización de las tarifas aplicables en materia de Atención Primaria.
Desarrollo normativo del FOGA
Pese a las discrepancias en torno a la cuantificación económica, lo cierto es que este departamento comparte algunas de las recomendaciones formuladas por la Sindicatura de Comptes, incluida la relacionada con el desarrollo normativo del FOGA. Tal y como explicó este periódico, casi 800 millones de lo que se le adeuda a la Comunitat Valenciana corresponden a asistencia especializada y de urgencias a pacientes de otras comunidades autónomas, un gasto que no se ha podido compensar hasta la fecha por la "ausencia de despliegue reglamentario" del FOGA.
En su informe de alegaciones, el Ministerio de Sanidad asegura que "comparte la necesidad de avanzar en un modelo efectivo de compensación", aunque "condicionado a su viabilidad jurídica, técnica y financiera", así como a su análisis en el marco interterritorial.
Pese a considerar una "necesidad perentoria" el desarrollo del FOGA, el Ministerio de Sanidad recuerda que se han promovido varias iniciativas legislativas al respecto y que, en última instancia, requieren de la intervención de las Cortes Generales. En esta línea, recuerda que la última fue presentada en el Congreso en junio de 2024 y que las diferentes ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas han provocado que el proyecto siga formalmente en esta fase en el seno de la Comisión de Sanidad, lo que ya "excede la capacidad decisoria del Ministerio".
En cualquier caso, la Sindicatura de Comptes remarca en su informe que el proyecto de ley sigue sin aprobarse y, además, "no incluye un criterio de compensación alternativo consensuado por todas las comunidades autónomas".
Hacienda rechaza el modelo de financiación por anticipos
Por otro lado, cabe mencionar que la Sindicatura de Comptes plantea entre sus recomendaciones que la compensación sanitaria se pueda cubrir mediante una partida presupuestaria estatal o, alternativamente, mediante un sistema de anticipos del pago de las comunidades deudoras a las acreedoras. Todo ello con el objetivo de "mantener el equilibrio financiero del sistema" y evitar que las regiones receptoras tengan que financiar la asistencia sanitaria a la espera de recibir "la oportuna compensación en un plazo de tiempo incierto".
Respecto a la cobertura vía partida estatal, Hacienda señala que el movimiento implicaría la necesidad de crédito adicional en el presupuesto nacional para cubrir gastos "objeto de compensación entre administraciones territoriales". La medida supondría un incremento del gasto del Estado y, por tanto, del déficit público, "sin que se identifique una fuente de financiación compensatoria", por lo que el Ministerio de Hacienda ve "inadecuada" esta alternativa.
Tampoco le gusta el sistema de anticipos mediante instrumentos vinculados a la financiación autonómica o a los flujos financieros del régimen foral. El departamento que encabeza Arcadi España da 'carpetazo' a la propuesta limitándose a señalar que "no parece viable" el uso de estos recursos para tramitar anticipos de futuras compensaciones sanitarias.
