VALÈNCIA. El Gobierno central da pasos para saldar la deuda con la Generalitat Valenciana del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). El Ministerio de Sanidad ha abonado ya el 91% de los fondos pendientes del primero relativo al período entre 2013 y 2023. Concretamente, este año ha abonado 91,3 millones de euros de los 99,6 millones que adeudaba a la administración valenciana por este concepto, según datos ofrecidos por el propio Ministerio a Compromís.

Así pues, el departamento que dirige Mónica García ha asegurado que quedan pendientes de regularizar 8,2 millones de euros de este fondo. "Para saldar esta cuantía es preciso que Aragón aporte el saldo que tenía pendiente y que actualmente está en vía contencioso-administrativa", explica el Ministerio en este sentido, que pretende llevar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud otros 22,7 millones de los años 2024 y 2025, a falta de distribuir otros 7,6 millones por la liquidación extrapresupuestaria del año pasado. "Esperamos que lo puedan recibir este trimestre", aseguran sobre esta última cuantía.

En ese sentido se felicitó el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, según el cual "se ha estado trabajando codo con codo con Sanidad". "Después de mucho tiempo, hemos conseguido resolver el problema de una parte de la deuda sanitaria gracias a la coordinación del Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García", aseguró el diputado de la formación valencianista, quien recalcó que era una deuda acumulada desde 2013.

"No obstante, queda pendiente gran parte de la deuda sanitaria, por lo que ahora nos vamos a centrar en trabajar con el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones para el pago de la deuda relativa a los turistas y población no residente", abundó el diputado, y explicó que a la postre son "mayores ingresos para el sistema sanitario valenciano". "Esperamos que no sirva para continuar privatizando nuestro sistema de salud sino para mejorar la atención a la ciudadanía y reducir las largas listas de espera", apostilló.

Lo cierto es que todavía sigue viva una gran parte de la deuda sanitaria del Ejecutivo central con la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Sanidad, que dirige Marciano Gómez, reconoce el abono de los más de 91 millones de euros pero reclama más de 1.000 millones por diferentes conceptos. Además de las líneas pendientes ya referenciadas arriba, el departamento autonómico señala otros 887,4 millones de euros del Fondo de Garantía Asistencial para atención especializada entre 2012 y 2024, así como otros 23,1 millones por atención primaria. En cuanto a los gastos sanitarios por atención a extranjeros, la deuda asciende a 98,3 millones de euros.

Este sistema se aplica desde 2013 para compensar el gasto que ciudadanos de otras autonomías generan a determinadas comunidades que, debido a su carácter turístico, atienden a una mayor población desplazada de forma temporal, como es el caso de la Comunitat Valenciana. Un servicio que presta la administración autonómica pero que provoca un desequilibrio económico que se intenta nivelar con el FOGA. Sin embargo, por el momento esta compensación se ha aplicado de manera parcial.

Una reclamación con historia

Esta reclamación valenciana no es nueva. Ni la exministra de Sanidad Carmen Montón, anteriormente consellera de Sanidad, consiguió resolver la cuestión a pesar de que su Gobierno con Ximo Puig al frente reclamó el pertinente importe. "Es una muestra más de la marginación de financiación que los valencianos sufren por parte del Gobierno", señalaba por aquel entonces, cuando la ministra de Sanidad era la popular Dolors Montserrat.

"No podemos seguir año tras año en la misma situación, el Gobierno tiene que desarrollar ya los mecanismos para que la atención a los turistas en la Comunitat no suponga un perjuicio para las debilitadas cuentas de la Generalitat", reivindicaba la consellera. Durante ese tiempo, solo pudo arrancar algunos millones que distaban mucho de las cantidades solicitadas. Durante su estancia como ministra de Pedro Sánchez, no hubo avances. Ahora, el Gobierno de Carlos Mazón tendrá que confiar en que el nuevo reglamento, liderado por la ministra de Sanidad, Mónica García, acabe compensando el gasto sanitario de los desplazados en la Comunitat Valenciana. 

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el proyecto de Ley para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud que, entre otras cosas, modifica la norma que regula el FOGA para replantear la compensación del gasto sanitario entre autonomías. Por ejemplo, elimina puntos relativos a las cuantías a liquidar por los desplazamientos de corta y larga duración. Sin embargo, poco la ley sigue atascada en el Congreso de los Diputados desde que entró en junio de 2024.

Desde el Ministerio de Sanidad reconocían ya entonces que, a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del real decreto-ley, el desarrollo reglamentario necesario no se había producido ante la falta de consenso de las comunidades autónomas. La falta de desarrollo también fue denunciada por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria gestionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de 2017.