VALÈNCIA. Los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026 han superado esta semana el debate de enmiendas parciales en el que PP y Vox han hecho gala de su unidad: ambas formaciones han actuado como un bloque dando respaldo a todas sus respuestas. El único punto de discrepancia entre ambos socios ha sido el recorte de casi un millón a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) propuesto por Vox, que ha contado con la firme negativa del resto de grupos que componen el hemiciclo, incluido el PP.
Esta merma de la dotación a la AVL quedará como enmienda viva para el pleno de debate y aprobación de las cuentas que se celebrará a mediados de la próxima semana. En cualquier caso, no se espera que la negativa de los populares suponga una ruptura del pacto PP-Vox sobre los Presupuestos. En este sentido, el síndic voxista, José María Llanos, recordó este miércoles que la AVL ya experimentó una importante rebaja en las cuentas de 2025 y enfatizó en los "éxitos y logros que ha conseguido Vox" durante la tramitación parlamentaria de estas cuentas. "No es el momento de adelantarnos a un apoyo o no por una cuestión concreta, me quedo con todo lo que ha conseguido Vox con estos Presupuestos por el bien de los valencianos", apuntó.
La prioridad nacional, clave en los Presupuestos
Más allá del desacuerdo en torno a este ente, lo cierto es que el PP ha tragado con el resto de propuestas planteadas por Vox, aunque matizando algunas pocas. En cualquier caso, los populares han acatado las peticiones relacionadas con el concepto de prioridad nacional que tanto debate ha venido generando a escala nacional. La estrategia adoptada por los populares evidencia su preferencia por sacar adelante unas nuevas cuentas autonómicas, aunque el peaje que toque pagar por ello sea elevado, tal y como analizó este periódico. Para el PP, acatar las reivindicaciones de Vox puede suponer un desgaste mucho menor que no tener unos presupuestos, más todavía en el primer ejercicio de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat y cuando apenas queda un año para unas nuevas elecciones.
Con todo ello - y a falta de debatir la ley de Acompañamiento - el PP ya ha dado respaldo a la inclusión del principio de prioridad nacional en materia de Vivienda y Servicios Sociales, así como en un par de líneas de ayudas destinadas a la crianza. En este sentido, el Consell "garantizará el arraigo real, duradero y efectivo" y la residencia "estable y verificable" para acceder a las ayudas públicas. Para ello, varios departamentos de la Generalitat procurarán "la asignación prioritaria de los recursos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable".
Los populares no solo han respaldado el término prioridad nacional durante las votaciones, sino que incluso han llegado a estampar su firma en una enmienda transaccional con Vox referente a la inclusión de este concepto en materia de servicios sociales. Entre otras propuestas de Vox aceptadas por el PP se encuentra que el Consell tenga que tramitar una nueva ley de la Renta Valenciana de Inclusión, para incluir la prioridad nacional en esta norma, de manera que los recursos se asignen de manera "prioritaria" a las personas que mantienen una "relación efectiva, afectiva" y "duradera" en la Comunitat Valenciana.
Además, PP y Vox han sacado adelante dos líneas de ayudas que incorporan el principio de prioridad nacional. Una de ellas, dotada con dos millones, se destina a "madres con hijos menores de tres años" para "facilitar la crianza y manutención" de los descendientes. La otra cuenta con un montante de 1,5 millones y subvenciona actividades deportivas y extraescolares para los hijos menores de 15 años.
Despliegue de 'agenda ultra' en inmigración
Vox no solo ha querido impregnar su discurso migratorio en los Presupuestos con el mantra de la prioridad nacional, sino que ha sacado adelante - con el beneplácito de los populares - una serie de modificaciones presupuestarias para poner el foco en la inmigración desde distintas aristas. En este sentido, los populares han dado luz verde a varias reclamaciones de la formación que encabeza Santiago Abascal para el Consell "impulse actuaciones" para "el fomento del retorno voluntario" de las personas migrantes a sus países de origen.
Vox plantea que el Ejecutivo autonómico apoye "entidades sociales" que trabajen en programas de "retorno voluntario". También reclama que se realicen convenios para "fomentar y asesorar" en torno a este programa de "retorno". Para financiar todo ello se plantea una partida de 600.000 euros a través de una enmienda que el PP ha respaldado esta misma semana.
Además, el Consell incorporará una partida de 2,3 millones de euros para el "retorno de jóvenes extutelados en países de origen". En concreto, los voxistas venían planteando la inclusión de estos jóvenes en sus países de procedencia "mediante proyectos de formación e inserción laboral", lo que ha contado con el voto favorable del PP en la comisión de Presupuestos.
Por otro lado, PP y Vox han sacado adelante que la Conselleria de Emergencias e Interior tenga por objetivo realizar un estudio sobre las "nuevas realidades delincuenciales" derivadas de la "inmigración". El departamento que encabeza Juan Carlos Valderrama deberá obtener "datos objetivos sobre el impacto de las nuevas realidades sociodemográficas en la delincuencia", haciendo especial énfasis en las "afectaciones a la seguridad pública" que provoca esta situación. En esta misma enmienda se ha llevado un recorte de 10.000 euros en una subvención destinada a Cruz Roja Comunitat Valenciana.
En este mismo departamento del Consell, populares y voxistas han sacado adelante que la Policía de la Generalitat y la Policía Local refuercen "la prevención y el control de la delincuencia vinculada a los cambios sociodemográficos y a la concentración poblacional en fenómenos urbanos", así como un mayor control "sobre el uso irregular de la vivienda".
Por otro lado, el PP también ha respaldado una enmienda de Vox que ha supuesto un recorte de 300.000 euros en las subvenciones que reciben las ONGD para la inversión en programas y proyecto de impacto en cooperación internacional al desarrollo. Con ello, esta partida pasa a tener una dotación de 6,5 millones de euros, mientras el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo contará con un presupuesto de 600.000 euros.
La okupación de viviendas, otro de los focos
Dejando al lado la política migratoria, uno de los focos de Vox para estas cuentas ha sido la lucha frente a la okupación de viviendas. Además de las modificaciones ejecutadas dentro de la propia Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, los voxistas han maniobrado, con el respaldo popular, 1,5 millones de gastos diversos para impulsar varias ayudas que giran en la línea de la okupación: son subvenciones para "la reparación económica de los daños sufridos por víctimas de la okupación", para la recuperación de las viviendas públicas okupadas y para financiar pólizas que garanticen el cobro de rentas e "incentiven el arrendamiento".
Recorte a los sindicatos: "Todo lo que hemos podido"
A este despliegue de exigencias se suma otra acción con la que Vox ha tratado de ejercer su batalla cultural en las cuentas autonómicas. Una de ellas es un recorte de 100.000 euros a los sindicatos UGT y CCOO, eliminando la partida de 50.000 euros que tenían cada una de estas formaciones para el impulso de Planes de Igualdad en las empresas valencianas.
"Hemos reducido todo lo que hemos podido", aseguró este miércoles el propio Llanos. El portavoz de Vox explicó que su formación había "intentado el recorte tanto para la patronal como para los sindicatos", aunque varias partidas ya se estaban ejecutando, por lo que no podía aplicarse una rebaja durante la tramitación parlamentaria. A ello se suma el hecho de que la patronal y los sindicatos cuentan con una participación institucional blindada por ley: "Esa no se puede bajar", lamentó el síndic durante su argumentación.
Si bien la rebaja no supone un elevado volumen a nivel económico, evidencia el interés de Vox por reducir al mínimo posible las dotaciones presupuestarias dirigidas a los agentes sociales, tal y como ha venido reclamando en los últimos años. Los 100.000 euros rebajados irán a una nueva línea para el fomento del empleo en municipios en riesgo de despoblación. Esta partida permitirá el "apoyo a proyectos empresariales innovadores y generadores de empleo" en municipios en riesgo de despoblación. Serán autónomos, pymes, cooperativas y empresas en general las que puedan acceder a estas subvenciones.
