VALÈNCIA. El Partido Popular quiere reformar la ley que regula las iniciativas legislativas populares (ILP) con el objetivo de subir de los 16 a los 18 años la edad mínima para poder participar, así como para acometer cambios cuestiones como quiénes pueden presentar este tipo de iniciativas y sobre qué materias pueden versar el contenido de las mismas. Los populares también quieren cambiar la tramitación parlamentaria de estos textos y reformar la parte del articulado que aborda las subvenciones que pueden recibir quienes presentan este tipo de propuestas.
Así se desprende de una de las 62 enmiendas a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para este 2025 que ha presentado la formación que encabeza el síndic Juanfran Pérez Llorca en el Parlamento valenciano. La reforma de este texto normativo aprobado en 2017, durante la primera legislatura del Consell del Botànic, tendría que ser aprobada en Les Corts Valencianes, donde se prevé que PP y Vox aúnen fuerzas para dar luz verde a las propuestas de ambas formaciones, aunque falta por ver cómo avanzan los acuerdos durante el proceso de tramitación parlamentaria.
La norma que está actualmente en vigor considera las ILP como un "mecanismo óptimo para que la juventud forme parte del debate político y del proceso de adopción de decisiones", motivo por el que fija en los 16 años la edad mínima para poder participar. Una edad sobre la que, además, recuerda que es a partir de la que las personas puedan emanciparse y tener una vida independiente en la que participen "en asuntos públicos". La propuesta de los populares elimina esta parte del articulado y fija como requisito que las personas que presentan estas iniciativas "formen parte del censo electoral".
Reduce quiénes pueden presentar una iniciativa
En el punto de la legitimación, también retira la posibilidad de que asociaciones, agentes económicos y sociales, ONG y otras entidades sin ánimo de lucro tengan potestad para promover una ILP. Además, retira que los ciudadanos que residen legalmente en España sin tener la nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea (UE) tengan legitimidad para presentar este tipo de propuestas. Con estos cambios, solo podrían ejercer la iniciativa aquellos ciudadanos con derecho a voto que estén empadronados en un municipio de la Comunitat y que tengan la nacionalidad española o sean ciudadanos de estados miembros de la UE, salvo Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Por otro lado, el PP plantea incrementar las materias que quedan excluidas de poder ser encauzadas a través de este trámite. Con la norma actual, no se pueden presentar iniciativas de cuestiones sobre las que Les Corts carece de competencia legislativa, así como los presupuestos anuales. Los nuevos cambios permitirían sumar a las exclusiones materias de tipo tributario, la reforma del Estatuto de Autonomía, así como aquellas cuestiones que afecten al desarrollo del contenido de los Títulos 1, I, IIl y VIl Estatuto, que abordan temas materia de la Comunitat Valenciana, los derechos de los ciudadanos, la propia Generalitat y la Administración Local.
Reforma la tramitación parlamentaria y retira el criterio del Consell
El cambio legislativo, además, eliminaría de su articulado el hecho de que las proposiciones de ley de las ILP sean remitidas al Consell para que tengan que mostrar su criterio sobre la misma, así como expresar si implicarían un incremento de gastos o una disminución de los ingresos del Gobierno autonómico.
Respecto a la tramitación parlamentaria, el texto original recoge que la iniciativa debe estar incluida para su toma de consideración en uno de los dos plenos siguientes desde la publicación de la proposición en el Butlletí Oficial de les Corts. Con la propuesta del PP, la toma en consideración tendría lugar "como máximo, dentro de los 4 siguientes periodos de sesiones".
La enmienda también quita, entre otras cuestiones, que una persona nombrada por la comisión promotora defienda en el plenario esta iniciativa, y reforma el resto de la tramitación en la Cámara autonómica. En este sentido, la presidenta de Les Corts preguntará al pleno la toma o no en consideración de la proposición de ley y, en caso afirmativo, se enviará a comisión competente y se abrirá plazo de enmiendas parciales. A partir de este punto, seguirá el mismo trámite previsto que en cualquier proyecto de ley.
Cambios en las subvenciones para compensar los gastos
Por otro lado, cabe mencionar que la norma actual establece que si la proposición consigue el mínimo de 10.000 firmas que exige la ley, la comisión promotora de la iniciativa puede pedir a Les Corts una subvención por los gastos incurridos en la difusión de la proposición, así como en la recogida de firmas. En este sentido, la norma establece que hasta un 10% del gasto efectuado se puede considerar acreditado sin necesidad de justificación.
Esta subvención no puede superar los 18.000 euros, aunque Les Corts tienen capacidad para dar un anticipo de hasta 3.000 euros con el fin de cubrir gastos de la recogida de firmas, que tendrían que estar justificados por la comisión promotora. Respecto a estas cuestiones, los populares proponen retirar el anticipo, el 10% de gasto sin necesidad de acreditarlo y establecen que esta subvención solo podrá cubrir los gastos que estén "directamente vinculados" con la recogida de firmas.
La propuesta del PP también plantea quitar la exigencia de que la proposición de ley recogida en los pliegos de esta iniciativa tenga que estar tanto en valenciano como en castellano "para garantizar" los "derechos lingüísticos" de la ciudadanía. Además, también propone que la Junta Electoral tenga que destruir los pliegos una vez terminada la tramitación parlamentaria de cada una de las iniciativas y que el archivo de una ILP por falta de firmas sea publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
