VALÈNCIA. El PP incluyó el pasado jueves diversas iniciativas parlamentarias dirigidas a relajar la transparencia en el Gobierno valenciano. Así, entre las 62 'autoenmiendas' a la ley de Acompañamiento presentadas por los populares a su propio texto, destacan algunas relacionadas con un área que en tiempos del Govern del Botànic llegó a ser una conselleria, algo que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se encargó de suprimir tal y como había prometido en campaña electoral.

De esta manera, en la tanda de enmiendas presentada, el PP propone eliminar el apartado 3 del artículo 45 de la ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, que habla de las unidades de transparencia y participación que deben existir en todos los departamentos del Consell. "Estos órganos estarán integrados por personal empleado público con formación y cualificación adecuadas en materia de transparencia y protección de datos de carácter personal. Sus funciones, composición y funcionamiento se desarrollarán reglamentariamente", señala el epígrafe eliminado.

Dentro de esa misma ley, en el apartado 'Información sujeta a publicidad', el PP propone la supresión del siguiente apartado: "En el ámbito de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, hay que publicar la relación de los puestos de trabajo y la categoría profesional del personal de las empresas adjudicatarias de contratos que realizan una actividad, servicio u obra con carácter permanente en una dependencia o establecimiento público, así como el régimen de dedicación, el régimen retributivo y las tareas realizadas".

En ese mismo epígrafe, se matiza la información sobre las listas de espera. Donde pondría que se publicará: "Información sobre las listas de espera de acceso a los servicios públicos esenciales, incluyendo el tiempo medio de espera", ahora se ofrece una nueva redacción que reza lo siguiente: "Información sobre las listas de espera de acceso a los servicios públicos esenciales. En el ámbito de los servicios sociales, especialmente las relativas al tiempo medio de espera para acceder a un servicio de atención residencial".

También hay matices respecto a la información sobre contratación pública, donde se elimina la obligatoria publicación para adjudicatorios y subcontratas "el grado de cumplimiento de las obligaciones sociales, medioambientales y laborales".