VALÈNCIA (P.P./EFE). Entre tres y cinco años. Es el tiempo que calcula el presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (FECOVAL), José Luis Santa Isabel de Castro, como el plazo necesario para llevar a cabo todas las actuaciones de reconstrucción en la zona afectada por la Dana el pasado 29 de octubre. El representante empresarial se pronunció así preguntado por las obras de recuperación, y aprovechó para hacer especial énfasis durante su intervención en la importancia de las obras no ejecutadas en el barranco del Poyo y la influencia de la Ley de la Huerta.

Santa Isabel compareció como experto este martes en la comisión del Senado sobre la catástrofe y una de las cuestiones que se le planteó tenía que ver precisamente con todos los trabajos que serán imprescindibles para la vuelta a la normalidad de la 'zona cero'. A su juicio, "depende mucho de la voluntad política" pero "con una decisión política valiente, que se ponga a hacer las cosas", calculó en un plazo de "no menos de tres a cinco años".

Así, en su intervención, recordó que según las evaluaciones preliminares realizadas por la Cámara de Comercio, Caixabank y la Vicepresidencia para la Reconstrucción de la Generalitat Valenciana, la factura de la recuperación estará entre los 14.000 y los 21.000 millones. Y recordó que las obras del barranco del Poyo estaban valoradas en unos 220 millones. Así, señaló que "la mayor inversión del Estado se produjo en el 2008 y fueron 27.000 millones en todo el Estado español", lo que "quiere decir que necesitamos en esa zona una inversión casi tan grande como lo que se invierte en todo un año en toda España".

Obras pendientes y limpieza de barrancos

Santa Isabel se pronunció también sobre las obras pendientes en el barranco del Poyo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que llevaban lustros proyectadas. Según dijo, se han hecho 53 obras de "regeneración paisajística y ninguna obra estructural" de las que tendrían que haberse construido: "No ha habido inversión hidráulica", lamentó, tras recordar que "el agua no hace daño por sí misma, sino por su velocidad y fuerza".

"La no existencia de estas obras han dado como resultado la mayor tragedia humana conocida por catástrofe en nuestro país", lamentó el presidente de los contratistas, que afeó que el barranco mencionado no cuente con "ninguna estructura de control [...], ni presas, azudes, ni tanques de tormenta ni interconexiones entre cuencas y sin una red extensa del control de aforos".

Con todo, más tarde admitió que el día 29 de octubre "se produjo un hecho histórico que ni las obras proyectadas hubieran podido paliar en su totalidad", aunque a su juicio "hubiesen contribuido sin duda a paliar parte de los efectos, sobre todo en el número de víctimas, verdadero drama de esta tragedia".

Ley de la Huerta

"Hemos oído los valencianos que cuando estuvieron preparadas las obras, eran incompatibles con la Ley de la Huerta", dijo, para invitar a "una reflexión": si "el propósito de la ley" era "proteger la huerta", el resultado por haber "impedido la ejecución de las obras" han sido 70.000 hectáreas de huerta "desaparecidas", insistió, según datos de las asociaciones agrarias. "¿Alguien me puede explicar cómo se redacta una ley tan desatinada, que no ha protegido lo que quería proteger y que ha impedido hacer las obras que hubiera protegido, en parte o al menos la salud humana y seguramente una parte de esos cultivos, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica y las infraestructuras?", se preguntó.

Por otra parte, achacó a "la velocidad del agua y los elementos de suspensión" gran parte de la catástrofe, e hizo referencia expresa a las cañas, que "alguien las protegió" porque "en teoría, controlaban los desbordamientos" aunque, a su parecer, esto no ocurre "cuando el cauce es violento". Su opinión choca no sólo con la del Ministerio de Transición Ecológica, que rechazó ante la jueza la influencia de la limpieza de los barrancos en la virulencia del agua, sino también con la de otro experto que compareció en el Senado la pasada semana, profesor de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, según el cual tuvo una influencia "nula".