VALÈNCIA. Con un ataúd sobre los hombros, el sector del taxi denunciaba este miércoles ante las puertas de Les Corts el nuevo decreto ley de movilidad de la Comunitat Valenciana que ayer se convalidaba en el parlamento valenciano. Junto a ellos, cerca de 200 personas secundaban esta procesión fúnebre para manifestar que la nueva regulación supone la "muerte" de este servicio público.

La protesta también contó con la marcha de hasta 2.000 conductores (según datos del sector) desde la plaza de Tetuán. Su principal reivindicación es que las VTC no realicen trayectos urbanos, una cuestión que ya han perdido con la nueva normativa y que suponía la principal pelea entre ambos modelos de movilidad.

Pero no sólo los taxistas rechazan el decreto. Aunque sin una manifestación masiva, el sector de las VTC también se pronunció a las puertas de Les Corts. Y, es que, pese a que la nueva norma les concede la potestad de ofrecer sus servicios dentro de Valencia (es decir, no solo para desplazamientos entre municipios), este sector de vehículos con conductor tampoco celebra el marco regulatorio por varios motivos.

Entre sus acciones más próximas, el sector del taxi se plantea convocar huelga en la festividad de San Juan, aparte de plantear una batalla en los tribunales más adelante. "Tenemos que ver lo que vamos a hacer el día de San Juan. Posiblemente algún tipo de huelga o protesta, seguramente", señaló. Mientras tanto, los representantes de plataformas como Uber y Cabify ya han advertido de que no descartan recurrir a la Comisión Europea al considerar que la norma valenciana vulnera principios del derecho comunitario.

El presidente de Movva, Ricardo González, señaló, en declaraciones a los medios, que el decreto "no da seguridad jurídica al sector". Aunque el texto que ayer se convalidaba permite a los vehículos con conductor realizar este servicio, también establece la paralización de las licencias que estaban pendientes de autorización, las cuales ya alcanzan las 4.000 pendientes, tal y como avanzó ValenciaPlaza.

Pero, ¿cuáles son esos puntos conflictivos aprobados por el Consell que no gustan a cada uno de estos dos modelos?

Denuncias del taxi: competencia en servicios urbanos y proporcionalidad

La piedra angular del conflicto reside en los servicios urbanos, es decir, ofrecer opción de desplazamiento dentro de las grandes ciudades como València. El corazón de la nueva norma golpea de lleno al sector del taxi por este motivo, ya que la Generalitat ha concedido a los vehículos con conductor como Cabify y Uber la potestad de realizar servicios urbanos y, además, elimina la precontratación de 15 minutos.

Otra cuestión central para los taxistas es la proporcionalidad que debe haber entre taxis y VTC. El servicio público denuncia que no se está cumpliendo la proporción legal de 1/30 (una licencia VTC por cada 30 taxis). Actualmente hay 4.500 licencias de taxi en la Comunitat y cerca de 2.000 VTC, según los datos facilitados por la conselleria de Infraestructura.

La norma también modifica otros aspectos estructurales del taxi. Por un lado, amplía el número máximo de autorizaciones que puede acumular un titular, que pasa de una a tres licencias (o hasta cinco en el caso de vehículos adaptados), una medida con la que la Generalitat pretende favorecer la contratación de conductores y aumentar la oferta sin incrementar el número total de permisos.

Sin embargo, esta novedad suscita división dentro del sector del taxi, puesto que hay una corriente que sostiene que promoverá una concentración del servicio a manos de grandes tenedores de licencias y que perjudicará a los autónomos. 

Asimismo, desaparece la exigencia de dedicación exclusiva al taxi, aunque seguirá siendo incompatible simultanear esta actividad con una licencia VTC. También se flexibiliza la transmisión de licencias por herencia y se permite a los municipios abandonar las áreas de prestación conjunta si así lo deciden. Estas dos últimas medidas parecen contar con una buena acogida por parte del servicio público.

El taxi ya advirtió nada más conocerse las líneas generales de la nueva norma que "preparan demandas mercantiles y querellas penales contra el Consell" por permitir que los vehículos con conductor realicen servicios urbanos y eliminar los 15 minutos de espera entre la contratación y el servicio, dos aspectos que eran líneas rojas para el servicio público.

"Vemos muy claro que todo lo que han aprobado va contra el taxi y contra el modelo actual del taxista autónomo profesional. Quieren poner el transporte urbano en manos de empresas, concediendo autorizaciones urbanas de VTC a dedo a cuatro empresas", afirmó Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, poco después de la aprobación del dectro. El portavoz asegura que no tardarán en reclamar indemnizaciones. "Vamos preparar querellas y demandas mercantiles", agrega.

Denuncia de las VTC: paralización de licencias y falta de seguridad jurídica

Pese a que la norma supone una cesión significativa a las VTC por permitirles realizar trayectos urbanos, las patronales que representan a este modo de transporte critican que la norma "vuelve a situar al sector ante un escenario de incertidumbre, en lugar de proporcionar una solución estable", debido a que el Consell ha decidido paralizar un total de 4.000 licencias de vehículos con conductor pendientes de autorizar hasta que no redacte un informe técnico sobre la proporcionalidad que debe existir entre ambos modelos. 

Las asociaciones consideran que el texto aprobado supone una "patada hacia delante" del problema regulatorio. "Reconoce la actividad urbana de las VTC existentes solo de forma provisional y por un periodo máximo de dos años, pero no consolida su continuidad en el largo plazo ni ofrece un marco jurídico estable para empresas, trabajadores, autónomos y usuarios", señalan las patronales. 

La suspensión de licencias se mantendrá vigente hasta que la Generalitat elabore un informe sobre la situación de la movilidad y del propio sector. No obstante, en el caso del taxi sí se contemplan excepciones cuando exista un incremento de la demanda o sea necesario ampliar la flota de vehículos adaptados para personas con discapacidad.

Además, el Consell endurece el régimen sancionador para tratar de evitar incumplimientos por parte de las VTC. Las multas podrán alcanzar los 6.000 euros e incluso implicar la inmovilización del vehículo en casos como captar clientes en la vía pública sin contratación previa o prestar servicio fuera del ámbito permitido por la autorización. El sector de las VTC no sólo denuncia el endurecimiento del régimen sancionador, si no el hecho de que no permiten a los conductores captar clientes en la calle al igual que lo hace el taxi. Por lo tanto, deben continuar funcionando mediante la contratación previa mediante la aplicación móvil.