Begoña Mollá: "El arancel que cobramos los procuradores es ínfimo, no cubre el coste de la vida"

VALÈNCIA. El Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV) cumple 150 años. Lo hace con una decana al frente, Begoña Mollá, algo que contrasta con los inicios de la profesión — que se remontan al siglo XIII — cuando las mujeres no podían ejercer este oficio. Ahora ellas son mayoría en una profesión que afronta retos como la transformación tecnológica, la adaptación a las nuevas leyes o la reclamación de que sus retribuciones se vean incrementadas de acuerdo con el alza del coste de la vida. 

Para repasar la evolución histórica de la procura y abordar las principales preocupaciones de la profesión, Mollá atiende a Plaza en una entrevista previa a un acto de aniversario que la institución celebra este viernes en la ciudad de la justicia de València.

P. El Colegio de Procuradores de Valencia cumple 150 años, aunque los antecedentes de la profesión se remontan a la época de Jaume I. ¿Cómo ha cambiado la tarea de los procuradores durante este periodo y cuál es su papel actual en el funcionamiento de la Justicia? 

R. La profesión ha evolucionado a todos los niveles porque la primera referencia es con els Furs de Jaume I. El principal cambio al que nos encontramos es que arrancó siendo un oficio de hombres, mientras que hoy es mayoritariamente femenino y prácticamente la mitad de los colegios ya tienen una decana.  

Antiguamente también cubríamos la labor de defensa en los tribunales porque la figura del abogado no existía como tal. Hoy nos centramos en representar al ciudadano dentro del organigrama judicial. De esta manera, no es el ciudadano el que tiene que recibir las notificaciones o acudir todos los días al juzgado, para eso estamos nosotros. Nuestra labor facilita y agiliza la justicia al estar todo el día en contacto directo con los abogados. Si tuviera que llevarse solo a través de cada ciudadano, la justicia sería mucho más lenta todavía.  

Los procuradores han tenido un papel importante en la defensa de personas sin recursos. ¿Qué posición desempeña la procura actualmente en la justicia gratuita?  

La procura es fundamental para la justicia gratuita. De hecho, nuestra figura se creó para asistir a los presos, a gente sin recursos. Esto ha evolucionado con el paso de los años, pero la justicia gratuita sigue sin entenderse si no hay un procurador. 

Afortunadamente, los procuradores hemos evolucionado a mejor en la justicia gratuita. La compensación por el trabajo que se nos da en la Comunitat Valenciana por estos trabajos está muy bien abonada. No llega a ser como los aranceles que cobramos, pero con los diferentes incrementos de los baremos, se nos reconoce la labor que hacemos.  

Terminando con los precedentes históricos, hay ejemplos de mecanismos que los procuradores habilitaron hace décadas para indemnizar a viudas de colegiados o incluso cubrir la jubilación de sus antecesores cuando todavía no había un sistema de pensiones como el actual. ¿Cómo es la relación actualmente entre los colegiados? ¿Se siguen observando estas muestras de afecto? 

La relación que tenemos tanto en el Colegio de Valencia como en el resto de España es excepcional. Durante la Dana de 2024 tuvimos muchos compañeros afectados y el resto de colegiados españoles se ofrecieron a ayudarles, no solo en trabajo, sino también económicamente. La procura es una profesión muy corporativa que no ha perdido la solidaridad con el paso del tiempo.  

En los últimos años ha venido reclamando mejoras, especialmente en términos salariales y de recursos humanos. ¿Cómo definiría actualmente el estado del sector? 

El estado del sector no es bueno. Nosotros trabajamos por una retribución que es a través de un sistema de aranceles. Ese arancel que cobramos es ínfimo, ni siquiera cubre el coste de la vida. Hay procuradores, sigue habiendo altas y hay ganas de trabajar, pero es muy difícil mantener una profesión que no tiene el respaldo legislativo necesario para poder continuar bien.  

Los abogados tienen criterios orientativos, pero son libres. Nosotros tenemos unos baremos de los que no nos podemos salir. Mientras el coste de la vida ha subido exponencialmente, nuestros baremos han crecido un 3%. Eso provoca que mucha gente haya tenido que buscar un segundo trabajo para poder mantenerse. 

También afecta el factor territorialidad. Antes, un procurador solo podía trabajar en el territorio que correspondía a su colegio; ahora ya puede hacerlo en cualquier punto de España. Eso está provocando que mucha gente venga a Valencia tirando los precios, lo que genera un descenso de trabajo para muchos compañeros de aquí. Si a todo ello le unes el incremento del uso de las nuevas tecnologías y todas las reformas legislativas, no está siendo fácil ejercer como procurador. 

El alza del coste de la vida, en gran medida, se produce por los precios de la vivienda. ¿Cómo se está viviendo este problema entre los colegiados? 

La mayoría de los procuradores somos de una edad en la que, generalmente, ya tenemos nuestras propias viviendas. Pero es cierto que las nuevas generaciones tienen que residir en muchos casos con sus padres porque no se pueden emancipar con sus ingresos. 

Ante la falta de incentivos, ¿ve peligrar el relevo generacional? 

Cada vez se colegian menos procuradores en el conjunto de España. Valencia no se puede quejar porque es el segundo colegio más grande de España y tenemos muchas altas, pero hay otros que no han tenido ninguna incorporación en diez años. Eso, evidentemente, pone de manifiesto un envejecimiento de los colegios. 

Comentaba anteriormente el impacto de las tecnologías en la procura. ¿Cómo ha aterrizado la Inteligencia Artificial en este oficio? 

Los escritos que preparamos los procuradores suelen ser de mero trámite, lo que en muchas ocasiones no precisan de una fundamentación que pueda requerir el uso de la IA. En todo caso, una buena IA jurídica puede facilitar mucho el trabajo, pero siempre hay que revisar todo lo que se hace con ella.  

Soy profesora de nuevas tecnologías en el máster de acceso y estoy a favor del uso de la IA, pero también les digo a mis alumnos que ellos tienen que poner su alma en los escritos, porque es lo que van a tener que plasmar en un órgano judicial. 

Por otro lado, tenemos una IA que se nos está imponiendo por parte del Ministerio de Justicia en determinados procesos de comunicación con los órganos judiciales. Las nuevas tecnologías son muy útiles en nuestro trabajo, pero deben servir para que la justicia sea mucho más ágil. 

Los retrasos judiciales son una de las principales quejas de ciudadanos y profesionales. Desde su posición, ¿cuáles son los principales cuellos de botella en los juzgados valencianos? 

La justicia es lenta, pero acaba llegando. Hay problemas a nivel de medios tecnológicos y personales, y aquí entran en juego todas las Administraciones. Faltan jueces y letrados, sobre todo con la nueva ley de eficiencia que yo la llamaría ley de deficiencia. Y, en general, se necesita mucho personal que conozca las tecnologías. Si sumamos la elevada litigiosidad con la falta de personal y de medios técnicos y tecnológicos, se genera un cuello de botella que no se puede resolver mientras persistan estas problemáticas.  

Entiendo que los ciudadanos acaben desesperados, pero deben entender que ha llegado un momento en el que nosotros no podemos agilizarlo más por mucho que lo intentemos. Nos encontramos con una barrera de falta de medios y personal.  

¿Qué impacto ha tenido la entrada de esta nueva ley en el día a día del trabajo de los procuradores? 

La ley de eficiencia procesal ha supuesto un cambio brutal al remodelar una organización judicial decimonónica para actualizarla al siglo XXI. Los profesionales e incluso los propios órganos judiciales estamos muy agobiados porque todo se ha redistribuido de otra manera y complica la organización en los procedimientos. Los ciudadanos deben entender que, en muchas ocasiones, el retraso de la justicia se debe a un sistema que nos viene impuesto por parte del legislador.  

¿Considera que la ley debería haber sido aplicada de manera más progresiva o incorporar algún tipo de memoria económica que hubiera dotado de más recursos? 

Ha entrado demasiado de golpe una ley que implica reestructurar en muy pocos meses una organización judicial que viene funcionando desde el año 1881. Debería ser sido todo más paulatino, sobre todo en las comunidades autónomas con competencias transferidas, que nos tenemos que adaptar a la nueva ley sin ninguna inversión del Estado.  

Por ello, creo que hubiera sido mejor una adaptación progresiva a esta nueva ley y debería haberse previsto una partida presupuestaria para todas las comunidades autónomas, no solo para aquellas que no tienen competencias transferidas, para facilitar la adaptación a la nueva norma. 

Teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana tiene las competencias transferidas. ¿Qué reclama al Gobierno central y a la Generalitat para tratar de mejorar el sector judicial? 

El Gobierno debería legislar oyendo a los profesionales que pisamos los juzgados todos los días. Dictar una ley que parece maravillosa sin conocer la realidad de cada partido judicial genera un caos absoluto. El Ministerio, además, debería facilitar los medios técnicos y económicos para que todos podamos trabajar en condiciones.  

A nivel autonómico, la mayoría de territorios tenemos las competencias transferidas, con lo que la realidad es completamente distinta en función de cada comunidad. La Comunitat Valenciana está tratando de ponerse al día en materia de justicia, pero sigue faltando personal, mientras hay plazas que no se llegan a cubrir. Es verdad que se ponen medios técnicos, pero deben ser conocidos por todos los tramitadores de la Administración de Justicia. 

Para bien o para mal, la justicia no da votos. Si los diera, pienso que se invertiría mucho más y se pondrían muchas más soluciones a los problemas que tenemos actualmente no solo los profesionales, sino también los ciudadanos. 

La mediación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) están ganando protagonismo. ¿Cuál es su visión en torno a estas herramientas? ¿Están contribuyendo a reducir la litigiosidad? 

En procedimientos como los de familia o los bancarios, una mediación puede ser útil. Pero no puede venir impuesto hacer una mediación de manera previa a la interposición de una demanda.  

Hay determinados procesos en los que los profesionales sabemos que no va a haber solución por mucha mediación que se haga. Interponer una mediación en estos procedimientos supone alargar el procedimiento y retrasar la solución al ciudadano. Entiendo que los MASC debían ponerse, pero considero que no deberían ser obligatorios.