VALÈNCIA. José Antonio Rovira (Sant Vicent del Raspeig, 1962) asumió el pasado mes de diciembre el cargo de conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública en el nuevo Gobierno de Juanfran Pérez Llorca. Licenciado en Ciencias Economicas y Empresariales, Rovira es profesor titular en la Universidad de Alicante aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la política.

Fue concejal del Ayuntamiento de Alicante entre 1991 y 1999, director general de Personal de la Conselleria de Educación (2001-2007), gerente de Personal de la Diputación de Alicante (2007-2011) y director Territorial de Alicante de la Conselleria de Educación (2013-2014), además de diputado en Les Corts en varias legislaturas. En 2023 fue designado por Carlos Mazón conseller de Educación, Universidades y Empleo, cartera a la que sumó Cultura cuando Vox abandonó el Consell un año después. 

Rovira responde en esta entrevista a cuestiones sobre los presupuestos de la Generalitat 2026 que aún no ha presentado, la reforma del sistema de financiación autonómica, la política fiscal, la situación de la economía valenciana, el absentismo o la jornada de 35 horas. En otra parte de la entrevista, titulada "Teniendo a Ábalos y a Koldo en la cárcel, estar hablando de que Mazón siga de diputado de a pie...", responde a asuntos de más calado político.

-¿Tendremos presupuestos de la Generalitat en 2026?

-Sí, nosotros confiamos en que vaya a ser así. Esperamos que antes del verano tengamos nuevos presupuestos, pero bien es cierto que los presupuestos actuales se aprobaron en mayo del 25, con lo cual no hay una prisa ni una urgencia en aprobar esos nuevos presupuestos. Recordemos que, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez está gobernando con presupuestos del año 2023.

-Pero no es lo más adecuado.

-No es lo adecuado. Lo adecuado es que haya presupuestos. Y confiamos en que, antes del verano, tengamos presupuestos.

-¿Cuándo calcula que los presentará?

-Yo creo que pronto, porque la idea es que antes del verano estén aprobados. Ese sería el objetivo.

-¿Están negociando ya con Vox?

Se habla habitualmente con Vox y hay una relación muy fluida y continua.

¿Y los ve predispuestos a aprobarlo?

Sí, creo que llegaremos seguro a un acuerdo.

-En 2026 también se prevé un presupuesto de la Dana, que se habló de que tendría tres ejercicios, financiado con deuda del Estado...

-Con deuda del Estado no, con deuda de la comunidad autónoma.

-Bueno, deuda prestada por el Estado.

-No, no, el Estado nos autoriza a endeudarnos, que no es lo mismo. Con los fondos Dana lo que ha hecho el Estado es autorizar a endeudarnos. No nos ha dado ni un solo euro a la Generalitat Valenciana para asumir los gastos.

-¿Ya han solicitado al Gobierno qué cantidad quieren para este 2026 para el préstamo Dana?

-La cifra exacta no me la sé de memoria porque el Gobierno aún no la ha autorizado, no tenemos la autorización.

-¿Cree que será necesario alargar esta autorización de financiación o presupuesto Dana para 2027?

-No. Creo que la parte nuestra, la parte que le toca a la Generalitat, en 2026 podremos concluir sobradamente todos los procesos. Sí que es cierto que los colegios que están ahora en proyectos igual se empezarán a construir y no estarán terminados, pero sí que estarán presupuestados. Básicamente, quien debe empezar a ponerse las pilas es el Estado, porque yo no sé si los barrancos siguen igual que se quedaron tras la Dana o no, pero parece que sí. Quien tiene que ponerse las pilas para hacer las obras necesarias es el Estado, que es de quien depende la Confederación Hidrográfica del Júcar.

-Cuando recibió físicamente la cartera de manos de Ruth Merino bromeó con que estaba vacía. Realmente, ¿cómo se encontró la caja cuando llegó?

-La caja está mal. Hemos hecho un esfuerzo presupuestario importante porque la financiación por habitante es mucho menor que en otras comunidades. Además, también la deuda que mantiene el Estado con nosotros y que sigue sin abonar nos crea un perjuicio. Son 4.000 millones en dependencia y 1.000 millones en sanidad. Estamos hablando de 5.000 millones.

-Pero esa deuda no la reconoce el Gobierno, ¿no? Reconoce una parte de la de sanidad, que es un 10% aproximadamente, pero no reconoce que deba ese dinero.

-Pues es la deuda que nosotros reclamamos. En el caso de la sanidad es atención a desplazados y en el caso de dependencia es el porcentaje que se está pagando en otras comunidades.

-¿Ya les ha llamado la vicepresidenta Montero para negociar el nuevo modelo que se presentó el 14 de enero?

-No, en absoluto. Primero, todas las comunidades, incluidas algunas del PSOE salvo Cataluña, planteamos que era bueno que la negociación no fuera bilateral, sino que fuera en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como siempre se ha hecho con los diferentes modelos anteriores. Y ella dijo que quería entrar a una negociación bilateral como había hecho con Esquerra Republicana, que primero hizo la negociación bilateral con Junqueras y luego presentó el modelo. Pero desde 14 de enero no hemos tenido ninguna llamada del ministerio. Por declaraciones del secretario de Estado parece que quiere en el próximo mes convocar otro Consejo de Política Fiscal, pero yo creo que la ministra Montero está llevando esto según su interés en Andalucía como candidata a la Junta de Andalucía.

-¿Y tampoco ha habido ningún contacto a nivel técnico?

-No. Nosotros mantenemos contactos técnicos con el Ministerio... autorizaciones, con endeudamiento y tal, pero en cuanto al asunto de la financiación, no.

-Respecto a esa propuesta del Gobierno, el presidente de AVE, Vicente Boluda, dijo el otro día en presencia del presidente de Baleares que lo que va davant, va davant, y que a veces hay que decir que sí. Y Vicente Lafuente también ha apelado a que se negocie o a que hablen el PP y el PSOE.

-Yo creo que ellos dos muestran una buena voluntad de mejorar la situación. Es cierto que, aunque con el nuevo modelo no llegamos a la media, nos acercamos mucho más a la media que actualmente. Pero quizá habría que ver también la letra pequeña, porque, por ejemplo, la ministra Montero en esta reunión del Consejo de Política Fiscal y en otras declaraciones dijo que este modelo se pondría en marcha pero sujeto a que las comunidades pierdan autonomía fiscal. ¿Qué significa? Si yo tengo que asumir este modelo y voy a tener que volver a poner el Impuesto de Sucesiones o el impuesto de la muerte para los hijos, que ahora está bonificado al 99%, pues no me parece adecuado. Si no puedo hacer deducciones fiscales en el IRPF a rentas bajas y medias, pues no me parece adecuado. Si voy a tener que volver a subir el Impuesto de Transmisiones, por ejemplo, cuando ahora hay una propuesta para bajarlo un punto o dos puntos en el caso de jóvenes para la compra de vivienda de segunda mano, pues no estoy muy de acuerdo. La política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez no es la misma política fiscal que tenemos nosotros gobernando aquí. Y si aceptar ese modelo supone someternos a esa política fiscal, no estaremos de acuerdo.

-¿El no del Consell es un no rotundo, o si le llamara Montero, irían a ver qué les propone?

-Lo que hemos dicho es que es un modelo de financiación autonómica para toda España, salvo País Vasco y Navarra que tienen su propia financiación aparte. Y que lo que hay que hacer es negociarlo dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y si se nos plantea un modelo como tal, podamos también allí decir lo que pensamos en cada paso y sea un modelo global. Que se diga qué va a pasar, si se va a implantar un fondo de nivelación o no mientras llega el nuevo modelo, qué va a pasar con nuestra deuda. Porque los propios expertos reconocen que la mayor parte de la deuda valenciana es culpa de la infrafinanciación histórica de estos últimos años, desde el último modelo que se aprobó en 2009.

-¿Cree que si gobierna Núñez Feijóo a partir de 2027 sí que habrá cambio de modelo?

-Bueno, el presidente Feijóo se ha comprometido en lo que se ha llamado el Acuerdo de Zaragoza a un nuevo modelo donde se va a tener muy en cuenta la población, la población ajustada y el crecimiento poblacional, que son variables que nosotros desde la Comunidad Valenciana introdujimos en ese documento. Su compromiso es, una vez gane las elecciones, en un año tener un nuevo modelo. Y también recoge el fondo de nivelación transitorio mientras ese modelo se pone en marcha.

-Pero el documento de Zaragoza no hablaba de condonación de deuda...

-Sí que habla de condonación de deuda, de lo que es la deuda Dana.

-Sí, pero no es la de la financiación.

-Ese capítulo se quedó sobre la mesa.

-Ese no se lo han aprobado, ¿no?

-No, porque suscita controversia en otras comunidades que sí han tenido una buena financiación en los últimos años y es un tema a trabajar.

-¿Cómo afecta el decaimiento del segundo decreto Ómnibus a las transferencias mensuales que tiene que recibir este año la Generalitat?

-Lo que afecta realmente es no tener presupuestos. Porque, claro, nos hacen las transferencias con datos de 2023, luego nos las vas actualizando y siempre vamos un poco a rebufo. El año pasado ocurrió algo, que fue que el último FLA llegó tardísimo, que yo creo que fue un deseo claramente del Gobierno central de intentar ahogarnos. Este año, por ahora, no hay problemas. Ya veremos a lo largo del año cómo van llegando esas entregas a cuenta.

-Pero las entregas a cuenta, al decaer el decreto Ómnibus, van a volver a llegar las de 2023, menos cantidad...

-Pero es que lo que no puede hacer este Gobierno es mezclar entregas a cuenta a las Comunidades con las facilidades o los impedimentos para desalojar una vivienda, por ejemplo. Son cosas que no se deben mezclar. Y eso lo que dice es que hay una clara voluntad de no hacerlo. De todas formas, Montero ha dicho que va a trocear ese decreto, ya veremos.

-Sobre el FLA, que el año pasado llegó muy tarde, ¿este año tienen alguna comunicación del gobierno?

No, la previsión es que llegue en tiempo. Que llegue cuando debe llegar y que no nos vuelva a ocurrir como el año pasado, que hubo un mes que tuvimos que dejar de pagar a las farmacias. De todas formas, no es tan mala la situación de la Generalitat. Ahora mismo hemos hecho unas operaciones de refinanciación de deuda y la verdad es que han acudido muchos bancos. Las condiciones de tipo de interés han sido muy positivas para la Comunidad Valenciana y eso lo que significa es que la comunidad está volviendo a recuperar un poco de prestigio bancario.

-El Consell aprobó el 27 de febrero la ampliación de las rentas medias de las deducciones en el IRPF por gastos médicos y práctica deportiva. ¿Descartan bajar ese impuesto, que sigue siendo en algunos tramos el más alto de España?

-Es cierto que los tramos marginales más altos son muy altos. Nos vendría bien un nuevo modelo de financiación para acometer esa reforma que es necesaria. Hemos tocado ahora otros impuestos. Entendíamos que también eran necesarios y nos hemos ido a ajustes en impuestos de Sucesiones, en Transmisiones Patrimoniales; hemos establecido mejoras para las rentas medias, que eso fue un compromiso del presidente Pérez Llorca en el debate de investidura. El debate de investidura planteó dos compromisos. Uno era que las deducciones llegaran a rentas medias y otro era las deducciones también para los gastos de la música.

-El PP ha reclamado muchas veces al Gobierno central que deflacte cada año la tarifa del IRPF para evitar que paguemos más como consecuencia de la inflación. ¿Por qué no lo hace el Consell en la tarifa autonómica?

-Pues por la misma razón, porque hemos ido a atacar el tema de las deducciones, sobre todo. Digamos, el ahorro lo hemos dirigido a las deducciones. En las deducciones sociosanitarias el ahorro va a ser de unos 100 millones de euros, 100 millones de euros con las deducciones del IRPF en la declaración que haremos ahora, en abril, gracias a las deducciones que van a afectar en torno a un millón de valencianos.

-También se anunció una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y la bonificación para la transmisión de empresas, pero esto no se ha aprobado...

-Lo de la transmisión de empresas va en el decreto de simplificación. Y lo de Transmisiones, que nosotros ya lo hemos hecho en algunos casos para gente joven de bajarle del 8 al 6 y demás, sí que ahora a mitad de año se aprobará el pasar el tipo general del 10 al 9.

-Hablando de vivienda, se baja a los jóvenes el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 6% para viviendas de segunda mano, pero el PP ha pedido en el Congreso que se les baje el IVA al 4% para las nuevas. ¿Por qué no bajar el ITP también al 4% en el caso de jóvenes que quieran comprarse la primera vivienda?

-Pues porque bajamos los impuestos hasta donde podemos.

-Y Vox propone el 0%.

-A mí me pediría el cuerpo, en vez de bajar del 10 al 9 en Transmisiones Patrimoniales para vivienda de segunda mano, bajar del 10 al 8, que es como estaba hace muchísimos años. Pero claro, tenemos que hacer ajustes presupuestarios. Entonces podemos ir a una bajada y lo que estamos haciendo es un plan fiscal de ir poco a poco tomando cada año medidas. El caso más claro es Sucesiones. En Sucesiones y Donaciones, que antes las donaciones no tenían ningún tipo de bonificación, ¿qué hicimos? Pues eliminarlas, bonificarlas al 99% para hijos y nietos. Ahora vamos a dar un siguiente paso: a mitad de año vamos a bonificar un 25% la de sobrinos y hermanos y ya vamos a aprobar para el 27 que ese 25%%, pase al 50 y nos situaríamos igual que la Comunidad de Madrid. Y, curiosamente, ha habido un incremento brutal del número de donaciones. Es que lo que no tenía sentido antes es que un padre le regalara dinero a su hijo para comprarse una vivienda o emprender un negocio y que tuviera que pagar impuestos por ello. Eso ahora está exento. Muchas familias donan ahora dinero y eso ha movido la actividad. O sea, que con todas estas bajadas, la recaudación aumenta.

-A lo mejor temen que en 2027 vuelva a ganar la izquierda y lo vuelva a subir...

-Yo no creo que vaya a ganar la izquierda en las próximas elecciones, pero yo siempre digo: si hueles que puede venir la izquierda, haz donaciones porque te vas a ahorrar dinero.

-¿Van a eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio?

El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto que solo existe ya en España. Incluso cuando se volvió a poner se le llamó "impuesto extraordinario" porque se trataba de que fuera solo por unos años. Es un impuesto que grava dos veces lo mismo, no puede estar. El objetivo final es eliminarlo, pero lo que hemos hecho este año ha sido incrementar el mínimo exento, que eso ya se va a aplicar en el 25. Ese mínimo exento lo hemos pasado de 500.000 euros a un millón de euros.

-Ha dicho que el objetivo es eliminarlo, pero ¿progresivamente va a hacer más bonificaciones?

-Ese sería el objetivo. Las bonificaciones pueden ir hasta los dos o tres millones porque es donde se aplica el de grandes patrimonios del Estado. Los expertos dicen que es un impuesto que no tiene sentido. Es lógico que pagues por el rendimiento que genera tu patrimonio, pero no por el mero hecho de la tenencia. En patrimonio siempre pensamos en bienes inmuebles, pero imaginemos un señor que ha ido comprando cuadros. ¿Qué sentido tiene que pague patrimonio solo por tenerlos en su casa? Es un impuesto totalmente injusto según todos los expertos.

-¿Cómo ve la economía valenciana?

-Los datos del paro son buenos y la economía valenciana está creciendo incluso algunas décimas por encima de la media nacional. Los datos de recaudación tributaria, a pesar de bajar impuestos, han aumentado, y eso solo tiene una explicación: la economía se está moviendo mucho más.

-¿Le preocupa la situación internacional?

-La situación internacional es preocupante desde hace cuatro años con el inicio de la guerra de Ucrania, que generó repuntes del IPC. Es preocupante sobre todo porque es fácil que el precio del gas pueda llegar a triplicarse. Y eso al final perjudica sectores fundamentales para nosotros como la cerámica en Castellón o a las familias que tengan calefacción.

-Uno de los problemas que destacan los empresarios es el absentismo. ¿Puede hacer algo la Generalitat?

Desgraciadamente, la Generalitat no puede, porque este es un tema de regulación estatal. Yo siempre he dicho que hay que tomar medidas duras. En la función pública el grado de absentismo también es excesivamente elevado, pero son medidas a nivel estatal. En su momento se tomó una medida que era no pagar el 100% del salario en ciertos tipos de enfermedad, pero son medidas muy conflictivas. Es un problema que ha subido mucho desde el Covid. Lo que hay que hacer es sentarse todas las partes a una mesa, pero no como actúa ahora el Ministerio de Trabajo, que acuerda las cosas solo con los sindicatos.

-La sindicatura detectaba un aumento de la temporalidad en la administración del 51%. Si bien la mayoría son de sanidad y educación, ¿qué medidas considera que debe tomar el Consell?

-Acabamos de aprobar una oferta de empleo de 2.671 plazas. Esas son las medidas. Nuestro objetivo va a ser sacar un montón de oposiciones en los próximos años. Si sumamos las de este año con las de los dos anteriores, estaríamos en 5.252 plazas. Lo que hay que hacer es seguir en 2027 y 2028 con otras tantas.

-Es que ahora viene un proceso de jubilaciones del baby boom.

-Entonces hay que ir a un número de oposiciones grande.

Al final, la edad media de los funcionarios va en aumento y del 23 al 24 se incrementó esa temporalidad. Por eso le preguntaba que pese a las OPEs...

Este año hemos hecho la OPE más importante de los últimos años y el objetivo es seguir con este ritmo para ir bajando poco a poco la interinidad. El objetivo del 8% me parece muy loable, pero siempre va a tener que haber algo.

-¿Qué porcentaje de interinidad le gustaría alcanzar o cómo cree que se puede reducir?

La idea es sacando oposiciones. El nivel que hay ahora es elevado, eso es verdad. Pero el Gobierno central también podría tomar medidas para estabilizar. Están ahora elaborando un nuevo reglamento de movilidad de puestos.

-En un principio se preveía que las bolsas solo tuvieran en cuenta la nota del examen. Parece que se ha abierto la puerta a que también se tenga en cuenta la experiencia. ¿Se incluirá finalmente?

Está en negociación. Yo siempre he pensado que la experiencia debe contar. Siempre he sido más defensor del concurso-oposición que de la oposición pura y dura, porque creo que los méritos deben tener su valor.

-¿Cuándo prevé que el reglamento salga adelante?

-Están en mesa sectorial trabajando en ello y será pronto porque lo queremos aplicar ya para estas oposiciones.

-El Consell ha encargado un informe del coste de implantar la jornada de 35 horas. Una cuestión que no ha gustado a los sindicatos porque se planteó que se aplicaría en el periodo 24-26. ¿Se ha avanzado en este informe?

-Estamos estudiando los costes. Pedro Sánchez legisla con el dinero de los valencianos, pero no nos da más dinero por ello. Esta medida tiene un problema en sectores como sanidad o bienestar social, donde repercute más coste. En administración pública el problema es menor, pero estamos analizando cómo aplicarla. Primero hay que calcular el coste. Por ejemplo, la subida salarial del IPC aprobada a nivel nacional nos supone a la Generalitat un incremento de 1.000 millones de euros en el capítulo 1 para cuando acabe 2027.

-¿De 2027 respecto a 2024?

-Sí. ¿Y sabe cuánto dinero nos da Pedro Sánchez para eso? Creo que no hace falta que se lo diga. La subida del sueldo de los funcionarios la estamos haciendo a pulmón.

-Bueno, pero el sueldo de los funcionarios siempre lo ha pagado cada administración y lo ha aprobado el Gobierno.

-Pero también podría tener algún gesto con una comunidad infrafinanciada como nosotros.

-¿En el 26 sigue la previsión de reducción a las 35 horas?

-Lo estamos estudiando. Hubo una declaración de intenciones y vamos a ir poco a poco. Los ajustes horarios son complicados porque en cada sitio se trabaja distinto. Primero vamos a digerir lo que nos costaría. No hay ninguna negativa a la negociación. Mi secretaria trabajando media hora menos no supone casi nada, el problema es cuando tienes que cubrir turnos en sanidad o dependencia.