VALÈNCIA/MADRID (X.A./EP). El Ministerio de Hacienda arranca este año 2026 con la promesa de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica entre enero y febrero, algo que ha animado a las comunidades a volver a poner encima de la mesa los criterios que consideran que deben primar en este sistema, aunque el Gobierno insiste en alcanzar un gran consenso entre PSOE y PP.

Sin embargo, tal y como ha informado este diario en sucesivas ocasiones, los diversos intentos ocurridos en los últimos años han terminado, por unas u otras circunstancias -o excusas-, siempre en fracaso, por lo que cuesta creer que esta necesaria remodelación llegue a buen puerto en lo que queda de legislatura.

El actual sistema de financiación (SFA) fue aprobado en julio de 2009. Un modelo que, con el tiempo, se mostró especialmente negativo para los intereses de la Comunitat Valenciana, una de las autonomías que peor paradas sale en el reparto año tras año. 

La disposición adicional séptima de la ley 22/2009, por la que se regula el actual SFA, establece en su disposición adicional séptima, titulada "Revisión quinquenal", lo siguiente: "El Comité Técnico Permanente de Evaluación, creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, valorará los distintos aspectos estructurales del Sistema de Financiación, con carácter quinquenal, para informar sobre las posibles modificaciones que se puedan someter a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera". En otro apartado de la ley se especifica que "la primera evaluación de los resultados del mismo se realizará con referencia al año 2013".

Así pues, el retraso en la revisión del sistema vigente acaba de cumplir los 12 años, que junto a los cinco que pasaron desde su puesta en marcha, elevan a 17 los años de agravio valenciano en forma de déficits y deuda acumulada debido a la infrafinanciación. Una situación que, conviene reseñar, tampoco era ajena antes a la Comunitat, puesto que el sistema anterior, que estuvo en vigor desde 2002 hasta 2008, era incluso aún más nocivo para los valencianos.

A lo largo de estos años, ni el PP ni el PSOE, pese a que sus direcciones políticas en la Comunitat lo solicitaran con insistencia, se han decidido a acometer la reforma cuando han gobernado en España. A la postre, la apertura de este modelo siempre genera un debate incómodo entre autonomías que nunca ha motivado en exceso a los partidos mayoritarios. Por esa razón, y porque sólo afecta gravemente a unas pocas regiones, nunca se ha situado en una posición determinante en el escenario político nacional.

Para colmo, las veces en las que alguno de estos ejecutivos ha dado el paso de, al menos, anunciar la intención de afrontar la reforma del sistema, han surgido diversas situaciones que han puesto de manifiesto la fragilidad de este asunto frente a cualquier obstáculo.

Así, Mariano Rajoy (PP) se lanzó al ruedo en la conferencia de presidentes celebrada en enero de 2017 para anunciar que afrontaría la remodelación del SFA con visos a aprobarla en aquel mismo ejercicio. La inestabilidad en Cataluña y el desacuerdo entre CCAA, según esgrimió el propio presidente del Gobierno, sirvió para retrasar un año la reforma: ya no daría tiempo, pese a que se habían retomado los trabajos y el Ministerio de Hacienda había hecho públicas sus conclusiones sobre un posible nuevo sistema de financiación autonómica en mayo de 2018, apenas unos días después salió adelante la moción de censura presentada por el PSOE.

El propio Pedro Sánchez ya advirtió en el mismo debate de la moción que no acometería la reforma del sistema si gobernaba. Sí prometía hacerlo en su primer año de gobierno en camino a la repetición de las elecciones generales de 2019 y, tras los comicios, aseguró a Compromís que presentaría el modelo en, como mucho, ocho meses. No obstante, el estallido de la pandemia por coronavirus congeló el proceso y volvió a retrasar la reforma. En abril de 2021, el asunto se retoma con la promesa de Sánchez a la coalición valencianista de que presentaría el modelo en otros ocho meses. 

Finalmente, en diciembre de aquel año, la ministra Montero envió un "esqueleto" del nuevo sistema a las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) para que estas presentaran alegaciones. El Gobierno, a partir de ahí, comenzó a insistir sobre las diferencias existentes entre las regiones, en concreto las gobernadas por el PP, para evitar avanzar en la cuestión: finalmente, Montero promete en agosto de 2022 que enviaría otro esqueleto de la reforma tras el verano; pero la legislatura entró en su recta final sin novedades sobre esta cuestión y fue la propia ministra la que, en una respuesta parlamentaria a Compromís en marzo de 2023, admitió que no habría nuevo SFA en ese mandato, aludiendo a los problemas arrastrados por la pandemia y la guerra de Ucrania. 

Tras lograr continuar en el Gobierno merced a su pacto con Sumar y otras alianzas parlamentarias, Pedro Sánchez, en diciembre de 2023, llega a proponer a Núñez Feijóo una mesa de trabajo para abordar la reforma del SFA, si bien el PP lo rechaza al entender que pretende enfrentar a las CCAA gobernadas por los populares. A partir de ahí, discurso del Ejecutivo central es culpabilizar a Feijóo por no ser capaz de poner orden en las autonomías en las que su partido lidera para alcanzar un acuerdo en esta materia mientras, por otro lado, pactaba la posibilidad de un modelo de financiación singular para Cataluña que sirviera como puerta de entrada a que otras autonomías pudieran sumarse. Finalmente, en las últimas semanas, Montero ha dado un paso adelante para anunciar la presentación de la nueva reforma del SFA el próximo mes de marzo: un anuncio que, lógicamente, sólo puede ser recogido con cierto escepticismo a la vista de lo ocurrido estos años.

Sin detalles de la propuesta

El Gobierno central todavía no ha concretado ningún detalle sobre el nuevo modelo, solo ha trasladado su intención de combinar la multilateralidad y la bilateralidad. La última propuesta que presentó Hacienda hace cuatro años se basó en la población ajustada, aunque el planteamiento finalmente no salió adelante.

Ahora, falta por determinar si Hacienda trabajará sobre este texto que remitió a las comunidades o tiene previsto otro escenario. Montero sí que ha asegurado que ninguna comunidad saldrá perjudicada y ha avanzado que en algunas figuras tributarias se va a incrementar el porcentaje de cesión a las regiones.

Según han ido adelantando las comunidades autónomas y el propio Gobierno, parece que hay cambios significativos en el nuevo modelo de financiación autonómica en el que está trabajando actualmente el Gobierno.

De hecho, el Gobierno central prevé eliminar las entregas a cuenta para los próximos años, algo de lo que principalmente se nutre el actual sistema de financiación. En este nuevo modelo también tendrá que tener cabida la singularidad catalana que pactaron el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa.

El calendario del próximo modelo

La ministra Montero trasladó a las comunidades autónomas que su intención es presentar este modelo de financiación en los próximos meses, a lo largo del mes de enero o febrero. La idea del Gobierno central es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivo para abordar la nueva financiación autonómica.

Cabe recordar que el Gobierno tiene el 50% de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que solamente necesitaría el voto positivo de una comunidad para que saliera adelante esta propuesta en este foro multilateral.

A partir de ahí, el modelo se llevará para su aprobación por parte del Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso de los Diputados, donde requerirá de una mayoría suficiente. La idea del Gobierno es que entre en vigor en 2027 y que se pueda alcanzar un amplio consenso para que se mantenga en el tiempo, aunque Montero cree que el PP no quiere "ni siquiera discutir" el nuevo modelo.

Ocho CCAA unidas por la despoblación

El debate sobre el modelo de financiación autonómica siempre ha provocado diferentes puntos de vista territoriales, ya que algunas comunidades piden que se tenga en cuenta la dispersión territorial, mientras que otras apuestan por otros criterios.

En cualquier caso, la mayoría de las comunidades autónomas están reclamando que se prime la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, con todo el gasto que eso conlleva para las arcas autonómicas.

En concreto, son ocho regiones las que están pidiendo anteponer estos criterios: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.

Hace unos años, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunió cuando era presidente de la Xunta de Galicia a los otros siete 'barones' autonómicos para aprobar una declaración en la que reclamaban tener en cuenta estos criterios, entre otras cosas.

¿Qué CCAA piden la población ajustada?

También existen las comunidades comúnmente conocidas como 'infrafinancidas', que llevan varios años reclamando al Gobierno central la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio mientras se reforma el modelo de financiación autonómica.

Del mismo modo, esas mismas comunidades autónomas están pidiendo primar la población ajustada en el nuevo modelo de financiación: Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía.

PIB o insularidad

Por su parte, las tres grandes comunidades en términos económicos -Madrid, Cataluña y Baleares- están apostando por tener en cuenta el Producto Interior Bruto (PIB) regional para el nuevo modelo de financiación autonómica.

Además, Baleares y Canarias también proponen los criterios de insularidad para compensar esa situación en el sistema de financiación en el que está trabajando Hacienda.

En cualquier caso, el Gobierno insiste en que un acuerdo para el modelo de financiación autonómica tiene que conllevar un consenso entre las dos grandes formaciones nacionales, lo que obliga a poner de acuerdo a PSOE y PP.

Por ello, desde el Ejecutivo están instando a la dirección nacional del PP a consensuar una posición para la negociación de este modelo, teniendo en cuenta que sus diferentes 'barones' territoriales están reclamando distintos criterios.