VALÈNCIA. Se avecina algún cambio en la normativa valenciana de función pública. El grupo del Partido Popular en Les Corts Valencianes ha presentado varias enmiendas a la conocida como Ley de Acompañamiento, en trámite parlamentario junto a los Presupuestos de 2025, para modificar la norma que regula la función pública en la administración valenciana con diferentes propósitos. Uno de ellos, otorgar competencias en este ámbito a la Conselleria de Educación.

En concreto, la Ley de Función Pública Valenciana vigente contiene una disposición que otorga las competencias que por lo general ostenta la Conselleria de Función Pública a su homóloga "en materia de Sanidad o a su titular". Una atribución en lo referente al personal funcionario o laboral que también se delega a "sus organismos o entidades dependientes", según reza el tenor de la legislación.

Esto confiere al departamento de Sanidad, que actualmente dirige el conseller Marciano Gómez, cierta autonomía a la hora de negociar con los sindicatos y adoptar medidas en materia de personal de manera independiente al resto de consellerias, que en este ámbito dependen directamente del departamento de Administración Pública, encabezado por la consellera Nuria Martínez. En ese sentido, fuentes sindicales explican que el departamento sanitario ha podido actuar en algunos ámbitos "al margen", por ejemplo, decidiendo no aplicar algunas circulares de teletrabajo en la Dana.

Sin embargo, esta la enmienda del PP presentada en el parlamento autonómico pretende ampliar dicha suerte de ventaja también al área de Educación. El nuevo texto propuesto por los populares, registrado por el síndic del grupo parlamentario, Juanfran Pérez, introduce en este apartado la "conselleria competente en materia de educación" o su titular, incluyendo también los entes dependientes. Siempre, cabe recordar, en referencia tanto al personal funcionario o laboral.

De salir adelante, la decisión otorgaría más poder a la Conselleria de Educación en materia de función pública pero por el momento se trata de una enmienda cuyo destino todavía se desconoce, al no haberse concretado por Vox su apoyo explícito. Pese a ello, hay que recordar que la normativa atribuye a la Conselleria de Función Pública acto seguido -esto es algo que no cambiaría- la competencia de la "coordinación tanto interdepartamental como con el sector público instrumental y los restantes sectores de personal de la Generalitat: sanidad, educación y justicia".

Con todo, lo cierto es que la medida no ha encontrado de primeras gran acogida sindical. Desde la federación de UGT Serveis Públics señalaron que "estas modificaciones no generan ningún tipo de confianza" porque "se hacen por la puerta de atrás y sin negociación de ningún tipo". También debido a que, "visto lo visto, no servirán para ampliar derechos sino para reducirlos, como ya ocurrido en algunos casos en la Conselleria de Sanidad, a los que se les ha recortado algunos derechos, como los del teletrabajo", critican desde la organización sindical.