VALÈNCIA. Controlar el número de viviendas vacías que están en manos de grandes propietarios (aquellos con más de diez inmuebles) sin ser puestas en el mercado del alquiler o de venta es uno de los objetivos del Registro de Viviendas Deshabitadas que tiene la Generalitat Valenciana. Sin embargo, este sistema, al que están obligados a inscribirse dichos grandes tenedores, presenta unas cifras muy alejadas de las estimaciones de mercado realizadas por otros organismos.
Según consta en el registro oficial de la Generalitat, consultado por este periódico, actualmente hay 2.516 inmuebles vacíos en la Comunitat Valenciana que pertenecen a empresas, fondos o particulares con más de diez viviendas en su poder. No obstante, desde Provivienda estiman que hay cerca de 90.000 pisos y casas deshabitadas que corresponden a grandes propietarios en el mercado inmobiliario valenciano.
Esta brecha supone que el Consell sólo controla el 2,8% de los inmuebles deshabitados que estos grandes propietarios están obligados a declarar y que, además, se exponen a sanciones económicas si mantienen esas viviendas vacías durante más de un año, según dicta el decreto 130/2021, de 1 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas, que desarrolla la ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.
Si bien es cierto que la cuantificación de los inmuebles vacíos en manos de grandes propietarios es compleja. Los últimos datos del INE al respecto son antiguos (la última referencia completa procede del Censo de Viviendas de 2021) y no están desagregados por la naturaleza del propietario. Por su parte, los datos de Provivienda, que colabora directamente con el Ministerio de Vivienda, se basan en el último informe de 'Prevención y atención de la exclusión residencial. Radiografía de la provisión de vivienda en España'.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda también recoge cifras sobre el mercado inmobiliario que revelan que el número de viviendas vacías es notablemente superior al que aparece en el registro de la Generalitat. Según datos de la Agencia Tributaria, cuyas cifras fechan en 2023, en la Comunitat Valenciana hay 663.510 viviendas con valor catastral que se encuentran sin uso o vacías. No obstante, la clasificación realizada por la AEAT no indica cuántas de estas viviendas pertenecen a grandes propietarios, que son los que están obligados a inscribirse en el registro de la Generalitat y a sacar sus inmuebles al mercado antes de alcanzar un año deshabitadas, además de tener que pagar un impuesto por tenerlas sin uso.
El Ministerio de Vivienda, por su parte, estima que alrededor del 15 % del parque de vivienda en España está en manos de grandes tenedores. En la Comunitat Valenciana, según el Catastro, había en 2021 más de 36.600 grandes tenedores de vivienda, incluyendo distintos rangos de propiedad (de 11 a más de 50 inmuebles). Incluso, la alcaldesa de València, Maria José Catalá, reveló en abril del pasado año que en la ciduad hay 37.000 viviendas vacías e indicó que para sacarlas al mercado hay que dotarles de seguridad jurídica, en alusión al temor de los propietarios de poner dichos inmuebles en el mercado del alquiler por la posibilidad de sufrir impagos.
Estas cifras dan buena cuenta del complejo escenario para tener una contabilización pública pero también apuntan a que el número de viviendas vacías en manos de grandes propietarios es muy superior al que controla el Consell a través de sus registro, cuya finalidad es fiscalizar estas propiedades para darles una salida al mercado inmobiliario y así dotarle de una mayor oferta que permita aliviar los elevados precios.
Según Eduardo Gutiérrez, codirector general de Provivienda, el informe realizado por la entidad muestra que el porcentaje de vivienda que se destina a vivienda principal no se incrementa pese al aumento de la demanda. "España no solamente tiene falta de nueva vivienda, sino que tenemos un problema de uso ineficiente de la que ya existe", afirma. "Si queremos frenar la crisis residencial, además de promover nueva vivienda en alquiler asequible, debemos recuperar, movilizar y gestionar mejor el parque disponible, empezando por las viviendas vacías", indica.
La Conselleria de Vivienda, al ser preguntada por este periódico, explica que el registro de la Generalitat es obligatorio por parte de los grandes propietarios. Sin embargo, esta obligación se deja bajo la responsabilidad de los tenedores, de modo que no se persigue de oficio por parte de la Administración para que cumplan con ella. Esto va muy en línea con la postura expresada en reiteradas ocasiones por el departamento dirigido por Susana Camarero, reticente a sancionar a los grandes propietarios por mantener las viviendas vacías más de un año. Según indican, los inscritos en el registro oficial ya pagan un impuesto por esas viviendas vacías, una medida que consideran suficiente.
De hecho, el Consell ha intentado modificar, sin éxito, la ley de la función social de la vivienda el verano pasado, pero se ha visto obligado a dejar sin efecto el proceso que había iniciado para modificarla debido a que existe una sentencia que ha anulado el precepto que se quería modificar. La Conselleria de Vivienda publicó el 18 de agosto en el Diari Oficial de la Generalitat el anuncio de la consulta previa para cambiar esa norma aprobada en 2017 a través de la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos para 2026.
Informe de Provivienda
El informe de Provivienda, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, muestra que el número de hogares ha experimentado un crecimiento sostenido, aunque con ritmos muy diferentes según el periodo analizado. El parque residencial español también muestra signos de desaceleración en su expansión. En cifras absolutas, en los últimos diez años de 2013 a 2023 el parque residencial sumó 1.281.774 unidades, mientras que los hogares crecieron en 1.242.400. Esto deja un diferencial positivo de unas 39.000 viviendas respecto al número de hogares. No obstante, las viviendas principales (aquellas destinadas a residencia habitual) crecieron en menor medida, con un incremento de 937.765 unidades, por debajo tanto del aumento total del stock como del crecimiento de los hogares.
Según Elena Martínez, responsable de evaluación e investigación de Provivienda, “los datos muestran que aumentan el número de viviendas de forma muy alineada al incremento de hogares, superando el incremento en vivienda al de hogares. Sin embargo, una parte de esos nuevos hogares no se ha establecido en nuevas viviendas, sino que han permanecido en sus viviendas de origen o han decidido compartir con otros hogares”. El análisis concluye que los nuevos hogares no han podido establecerse en el stock de vivienda sin utilizar, bien sea por un problema de asequibilidad bien sea por la competencia con otro tipo de demanda que no responde a cuestiones demográficas, como la vivienda turística.
