VALÈNCIA. Conforme van saliendo a la luz los informes de los diferentes organismos que intervinieron en la gestión de la Dana, se van conociendo más detalles que evidencian las deficiencias de aquel día. El último, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para responder a las preguntas realizadas desde la comisión de investigación de la Dana, señala por ejemplo que los agentes medioambientales dependientes del organismo de cuenca, encargados entre otras cosas de vigilar los cauces, sólo trabajaron como mucho hasta las 17h de la tarde, momento en el que puede considerarse que se inició la riada.

El parlamento valenciano preguntaba sobre el listado de agentes que estuvieron en activo aquellos días. La Confederación responde que el servicio de Policía de Aguas tiene una plantilla de 55 empleados, entre agentes medioambientales y guardias fluviales, repartidos por toda la cuenca, de los cuales estaban asignados una decenas a la zona afectada por la Dana, pero todos ellos cumplieron con un horario hasta las 15.30h o las 17h como tarde, según la propia CHJ.

La propia Confederación explica en su respuesta que las labores desarrolladas por la Policía de Agua de la CHJ en los días 28 y 29 de octubre de 2024 consistieron principalmente en la "vigilancia del dominio público hidráulico y la atención de solicitudes de información por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación, para el seguimiento del episodio de avenidas del día 29 de octubre". En los días posteriores, se encargaron de "la evaluación de daños al dominio público hidráulico y la atención y resolución de dudas a las personas, en la medida de lo posible, dado que los caminos y accesos estaban muy dañados y la disponibilidad de coches se vio comprometida".

Las llamadas de Polo confirman la falta de información del Poyo

El informe también expone información reseñable sobre la actividad del presidente de la CHJ, Miguel Polo, aquel fatídico día. Por ejemplo, con el listado de sus llamadas. En total, se registran 33 llamadas del teléfono de Polo, de las cuales el organismo destaca una veintena. Buena parte de ellas son para hablar con agentes medioambientales responsables de diferentes zonas para consultar -la mayoría antes de la catástrofe en la 'zona cero', claro- sobre posibles desbordamientos. A las 9.18h, con el responsable de las zonas del bajo Magro y bajo Júcar, "para conocer las afecciones en las mismas". A las 13.26h, de nuevo para que "actualizara datos" del Júcar, Magro, y también del río Albaida. Nueve minutos después, contacta con el agente de Utiel "para contrastar la situación" del Magro: "En ese momento había inundaciones en el municipio aunque el río no se había desbordado".

Solo hay una llamada, a las 13.42h, donde se pregunta por el barranco del Poyo. "Hablo con el AMA (agente medioambiental) responsable de la zona del bajo Turia para conocer la situación actualizada del río Turia y del barranco del Poyo", señala el informe, que añade: "No había nada significativo en esos momentos". Es la única vez que se pregunta por el Poyo. Por la tarde, a partir de las 16.30h, cuando se empezó la súbita crecida que acabó en el mortífero desbordamiento de los diferentes barrancos de la cuenca del Poyo, ya no hay enlaces con agentes medioambientales.

De todo ello se infiere que el presidente de la Confederación no pudo obtener información sobre posibles desbordamientos en el Poyo por parte de agentes de zona, porque ya no figura ninguna llamada más sobre este tema. Sí hay varios contactos más sobre Utiel, por la crecida del Magro. Pero el resto del listado permite constatar también que, al menos por teléfono, no habló del Poyo con nadie en toda la tarde. Ni con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la que consultó si había empezado el Cecopi a las 17.10h por los problemas de conexión.

Durante el Cecopi, solo se registra una llamada a la alcaldesa de Carlet, por la preocupación en la presa de Forata, intentó hablar sin éxito con el alcalde de Real -también en la cuenca del Magro-, y más tarde, a las 19.30, habló con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, Hugo Morán, para ponerle "al corriente sobre la situación de la presa de Forata" y para informar "de la indecisión de la consellera de Justicia" y "del caos existente en el Cecopi".

Todo ello vendría a confirmar el relato de aquel día que hacen tanto los dos investigados en la causa de la Dana, la exconsellera Salomé Pradas y su 'número dos' Emilio Argüeso, como la propia delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el presidente de la Diputación, Vicent Mompó; o el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, todos ellos presentes en el Cecopi: Polo en ningún momento habló de los problemas que estaba habiendo en el Poyo. La única preocupación allí era la posible rotura de la presa de Forata.

"El seguimiento de barrancos es imposible sin los ayuntamientos y la Generalitat"

En el informe remitido por la CHJ a Les Corts también hay un apartado sobre los protocolos internos de avisos de la Confederación. Ahí señala que "el seguimiento pluviohidrológico en ramblas y barrancos, debido a la rapidez con que se generan las crecidas, es imposible sin la total colaboración de los ayuntamientos, siempre apoyados" desde los centros de emergencias autonómicos. "Es básico, por lo tanto, que exista una buena sistemática de transmisión de la información entre los ayuntamientos de una misma cuenca fluvial, y que estos pongan en marcha su propio Plan de actuación municipal frente a inundaciones", señala al respecto.

Así pues, el organismo apunta que en estos casos, "no es quien realiza el seguimiento sino quien, previa petición del centro de emergencias, contrasta la información que llega a éste". "Ese es el motivo por el cual en algunos barrancos hay puntos de control, que no son estaciones de aforo, sino sensores de nivel que, como se pondrá comprender, son muy vulnerables en una crecida de gran magnitud", prosigue el docuemtno, que señala a la Generalitat Valenciana como la que "ha de realizar el seguimiento con la información que recabe de todos los agentes implicados, no solo la CHJ.

El organismo de cuenca era aquel día, no la única, pero sí una de las principales fuentes de información sobre el estado de los cauces. Su presidente no alertó en el Cecopi y los agentes medioambientales de la Confederación trabajaron hasta las 17h, si bien estaban disponibles los datos de caudal del barranco del Poyo en tiempo real tanto en una aplicación compartida, a la que Emergencias no tenía acceso, y en la página web de la Confederación. Es este último extremo el que el organismo esgrime para defender que cumplió con su deber de informar a la Generalitat Valenciana sobre la situación del barranco.

Incumplimiento del protocolo

Con todo, el organismo cuenta con un protocolo interno que incumplió. Este fija tres umbrales de caudal que, cuando se superan, obligan a emitir un aviso a través de correo electrónico dirigido al centro de coordinación de emergencias de la Generalitat y la Delegación del Gobierno. Se trata de un caudal que "todavía no produce afecciones pero es probable que se produzcan en un tiempo corto si prosigue el incremento de nivel", según la explicación remitida por la Confederación a la jueza de la Dana: en caso del barranco del Poyo, estos umbrales son los 30, los 70 y los 150 metros cúbicos por segundo.

Sin embargo, a CHJ no remitió aviso al cruzarse ninguno de los tres umbrales, lo que se produjo a las 16.15h, las 17.00h y las 17.25h respectivamente. No en vano, el único aviso que se remitió fue el ya famoso correo electrónico de las 18.43h, pero este advertía de un caudal que a esa hora ya multiplicaba por diez el umbral máximo de aviso (160 m3/s). En dicho mensaje se acumularon los tres avisos que tendría que haber emitido con anterioridad. "Primer, segundo y tercer aviso de la Rambla del Poyo NIII (Riba-Roja VALENCIA)", reza el encabezado del correo, donde además avisaba que la tendencia era "ascendente" y que la crecida estaba siendo "muy rápida".