ALICANTE. La comisión municipal de fiscalización sobre las presuntas irregularidades registradas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 echa a rodar de forma oficial. Ese foro de análisis político ha quedado constituido formalmente este lunes, en función de los términos acordados en el pleno extraordinario celebrado el pasado 5 de febrero, tras la celebración de una primera sesión en la que -como era previsible- se han evidenciado las distintas posiciones políticas existentes entre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y los grupos que ejercen funciones de oposición -PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem- respecto al objeto de análisis y en lo que respecta al calendario de trabajo a desarrollar.
En esta línea, los representantes del PP han abogado por acelerar el desarrollo de las reuniones con el propósito de favorecer que se esclarezca lo sucedido con la mayor rapidez posible, y "evitar que se dilate" según ha defendido el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar. Es más, en este sentido, ha llegado a plantear que las sesiones de trabajo de la comisión se celebren con un periodicidad semanal, cuando lo habitual, en otras comisiones previas constituidas durante este mandato, es que esas sesiones se celebren cada quince días o, incluso, con una cadencia superior. Además, ha incidido en que la comisión debe ajustarse a factores como la concurrencia de un procedimiento penal abierto y la existencia de una comisión de investigación en Les Corts, por lo que ha insistido en que la comisión de fiscalización no es una "comisión de investigación" al no estar contemplada en el reglamento del pleno. Así, ha señalado que "podemos llegar hasta dónde podemos llegar" para recalcar que se podrá contar con "todos los documentos que figuren en los expedientes municipales", aunque sería "irrelevante pedir otras cosas sobre las que no tenemos competencias".
Por su parte, los portavoces de los grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición, Ana Barceló, Rafa Mas y Manuel Copé, han recriminado que se tratase de acortar ahora la duración del trabajo de la comisión, cuando se ha tardado más de un mes y medio en formalizarse su constitución. En esta línea, han denunciado que el equipo de gobierno no adopte la misma celeridad en el funcionamiento de otras comisiones municipales en las que se trata de fiscalizar el funcionamiento de servicios públicos, como el de la limpieza o el de la seguridad ciudadana, sobre las que, según han puesto de manifiesto, se acumulan semanas e incluso meses de retraso.
En esta línea, Mas ha incidido en que los populares "han tardado mes y medio en convocar la comisión y salimos preocupados. Creemos que PP y Vox evidencian que quieren cerrar cuanto antes esta comisión. No lo vamos a consentir. La ciudadanía tiene que saber la verdad y recuperar la confianza en su Ayuntamiento, que los implicados asumen no solo responsabilidades jurídicas si mo también políticas y devuelvan las viviendas", ha señalado. Y en parecidos términos se han pronunciado sus homologos de PSOE y de EU Podem, quienes han insistido en que la comisión debe servir para extraer conclusiones, para depurar posibles responsabilidades políticas y para evitar que "vuelva a darse una situación como esta", según ha subrayado Barceló. Además, también han planteado que las conclusiones que se alcancen se pongan a disposición de la Fiscalía Anticorrupción para que pueda tener conocimiento de ellas en su participación en el procedimiento judicial que instruye la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
Sea como fuere, lo cierto es que no se ha llegado a precisar un calendario concreto, más allá de la declaración de intenciones esbozada por los populares de plantear una posible cronograma, a la espera de que se pueda celebrar una próxima reunión convocada para este próximo viernes, en la que se prevé que ya se haya facilitado al conjunto de grupos políticos la documentación solicitada respecto a los expedientes de subasta del solar, de la concesión de licencia de obra para la construcción de la promoción, así como todos los informes elaborados respecto a los adquirientes de los pisos y la posible participación de funcionarios en la toma de decisiones respecto a la ejecución del residencial.
En esa documentación solicitada por los grupos opositores también se incluirían los informes sobre los tres expedientes informativos incoados por el equipo de gobierno respecto a tres situaciones concretas: la posible participación de dos arquitectos municipales que compraron piso en la promoción (Francisco Nieto y Elsa Lloret); el papel que pudo jugar la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que presentó su renuncia a ese cargo para regresar a su puesto como jefa del área de Contratación cuando se conoció que dos hijos y un sobrino suyos también habían comprado viviendas en Les Naus; y el seguido para comprobar si algún funcionario pudo tener un acceso indebido a la solicitud de liquidación del impuesto de la plusvalía respecto a esas viviendas antes de que trascendiese la controversia sobre la identidad de los compradores, a finales del pasado enero. Hasta ahora, ya se ha informado de algunas decisiones provisionales respecto a los dos arquitectos: el relevo de Nieto en la mesa de contratación que debe resolver la adjudicación de las parcelas municipales cedidas a la Conselleria de Vivienda para la construcción de vivienda protegida en el marco del Plan Vive, y la instrucción comunicada a Lloret para que no participe en ningún expediente relacionado con esa tipología de viviendas.
En este sentido, el PSOE ha solicitado acceso completo a todos los expedientes, informes técnicos, actas, comunicaciones internas y modificaciones contractuales relacionadas con las promociones objeto de fiscalización; "documentación que, en parte, Barcala ha negado a los grupos de la oposición para ejercer su derecho a la fiscalización", según han lamentado, a través de un comunicado posterior. "Hemos pedido acceso total a la información, sin filtros ni cortapisas. Si no hay nada que ocultar, no debería haber ningún problema en enseñarlo todo", ha afirmado Barceló.
Al margen de ello, en esa primera reunión constitutiva de la comisión se ha planteado el listado de solicitudes de comparecencias que los distintos grupos consideran que deben producirse entre funcionarios municipales, cargos públicos, expertos de sectores profesionales vinculados con la promoción inmobiliaria y hasta funcionarios de la Conselleria de Vivienda. Es más, Compromís ha planteado incluso que se llame a comparecer al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para que pudiese dar cuenta de los cambios introducidos en el decreto regulador de acceso a la vivienda pública promovidos por el Consell mediante la aprobación del decreto de diciembre de 2024, así como la presencia de la actual vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, entre otros.
El listado de representantes políticos
Al margen de ello, los cinco grupos políticos con representación municipal han coincidido en la mayor parte de los nombres de esos comparecientes que consideran que deben ofrecer explicaciones respecto a los expedientes de enajenación del solar municipal y respecto a todos los aspectos relacionados con la concesión de la licencia de obra. Entre ellos, como ya había anticipado este diario, se incluye al alcalde de Alicante, Luis Barcala, a la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez (que presentó su dimisión después de que trascendiese que era una de las compradoras de los 140 pisos del residencial), así como los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, o la exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman.
Además, también se ha solicitado que se cite a distintos técnicos municipales del área de Patrimonio, a los exfuncionarios (ya jubilados) que redactaron los pliegos de condiciones de la subasta, al secretario municipal, a varios técnicos del departamento de Urbanismo, y a los responsables del Patronato de Vivienda que han participado en la cesión de cinco solares municipales destinados a la promoción de vivienda pública en el marco del Plan Vive, ya que la comisión no solo se centra en el caso de Les Naus, sino en el conjunto de acuerdos municipales destinados a la promoción de vivienda pública con el fin de evaluar la imparcialidad de su adjudicación.
Entre otros responsables o exresponsables políticos, descontados Mazón, Camarero, Barcala y Gómez (los dos últimos contemplados incluso por el PP), los grupos municipales han propuesto igualmente la comparecencia del concejal de Urbanismo durante el pasado mandato, Adrián Santos Pérez; del exconcejal de Hacienda y Patrimonio, Toni Gallego en este mandato; de su sucesora en el cargo tras el registro de su dimisión, Nayma Beldjilali; del actual concejal de Vivienda, Carlos de Juan; y del actual concejal de Urbanismo, Toño Peral. Al tiempo, a propuesta de Vox, se ha planteado que también se cite al exalcalde socialista Gabriel Echávarri, al concejal de Contratación en el extinto tripartito, Natxo Bellido; y a la exedil de Hacienda, Sofía Morales, así como al exconcejal de Hacienda por el PP, Carlos Castillo, y a las exconcejalas de Contratación y de Urbanismo, Dolores Padilla y Mari Carmen de España, durante el periodo comprendido entre abril de 2018 y las municipales de 2019, cuando el PP gobernó en solitario tras la ruptura del tripartito y la dimisión de Echávarri con el propósito de poder cuestionar sobre el inicio del procedimiento de subasta del solar en el que se construyó la promoción.
De igual modo, también se ha planteado que se llame a comparecer ante la comisión a los responsables del informe policial emitido tras la inspección girada a las viviendas de Les Naus para comprobar quién residía en ellas; al técnico responsable del Padrón Municipal, y al funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de los pisos de la promoción, Roberto Palencia, entre otros. Por último, a propuesta de los grupos que ejercen funciones de oposición, se ha planteado que se llame a comparecer a los representantes de la cooperativa que construyó las viviendas, al notario que firmó la escritura de compra del solar municipal y de parte de las viviendas de la promoción, y hasta de representantes de Provía, toda vez que fue uan de las entidades que planteó un recurso contra las condiciones recogidas en la licitación de esa parcela pública.
Con todo, como ya ha informado este diario, solo estarían obligados a acudir a las sesiones de la comisión los funcionarios municipales, sin que tampoco queden forzados a responder necesariamente todas las preguntas que se les formulen. La comisión queda integrada por los ediles Manuel Villar, Toño Peral y Mari Carmen de España, por parte del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP); por Ana Barceló y Silvia Castell, por parte del grupo municipal del PSOE; por Carmen Robledillo y Óscar Castillo, como representantes de Vox; por Rafa Mas y Sara Llobell, como miembros de Compromís, y por Manolo Copé como representante de Esquerra Unida Podem.
Barcala aboga por la transparencia
Entre tanto, el propio alcalde, Luis Barcala, se ha referido este mismo lunes a sus expectativas sobre el desarrollo de la comisión para señalar que se mostraba confiado en que pueda servir para "terminar de aclarar lo que no esté suficientemente claro" y "que todos los partidos puedan formular sus preguntas" y, "con la máxima transparencia", dejar "bien claro cuál es la posición en la intervención" del consistorio en relación con el residencial Les Naus.
Tras asistir al acto de toma de posesión de Manuel Pineda como nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, el primer edil ha abundado en que pretende que queden "lo suficientemente claros" las "posibles interferencias o accesos que se haya podido tener por parte de algún personal municipal" respecto a la tramitación del expediente de enajenación de la parcela municipal donde se construyó el complejo y el de tramitación de la licencia de obras. Además, al ser cuestionado sobre si el Ayuntamiento pedirá personarse en la causa judicial que investiga las adjudicaciones de las VPP, ha dicho que eso se hará o no "en función de la instrucción". "Si de la instrucción que se realiza resultan hechos de los que el Ayuntamiento deba ser parte para ejercitar acciones penales, el Ayuntamiento se va a personar", ha apostillado.
En este contexto, Barcala ha resaltado que la denuncia presentada por el consistorio en la Fiscalía se trasladó al juzgado, órgano ya ha pedido a la administración local que aporte documentación. En este punto, ha reiterado su "colaboración" con la justicia y ha afirmado: "Es más, creo que se aportará también toda la documentación pertinente que surja de la propia comisión".
