VALÈNCIA (EFE). La decana de los procuradores de Valencia, Begoña Mollá, ha denunciado este viernes el "colapso tecnológico y legislativo" de la Justicia durante el acto de jura de nuevos colegiados, celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Mollá ha destacado la capacidad de adaptación de los procuradores a los constantes cambios tecnológicos y legislativos, una cualidad que, según sus palabras, no siempre se ve correspondida por la Administración.

"Hemos pasado del papel y el calco a las comunicaciones 100 % telemáticas y del expediente en papel y en cuerda floja al expediente judicial electrónico", ha afirmado. Sin embargo, ha señalado que "tenemos la sensación de que la justicia no está preparada o dispuesta a adaptarse a dichos cambios con la misma rapidez que se nos obliga y exige a los procuradores".

La decana ha sido enfática al exigir la dotación de medios y recursos necesarios para que todos los órganos judiciales puedan adaptarse a las exigencias tecnológicas del legislador.

La situación se agrava, a su juicio, en la Comunitat Valenciana con el cambio del sistema de gestión procesal de Cicerone a Just@, un proceso que, en palabras de la decana, "sigue siendo tortuoso el camino, inesperados los resultados y en algunos supuestos exasperantes para los profesionales y sobre todo para el ciudadano".

Otro de las cuestiones abordadas ha sido la manera "atropellada" en que se está legislando en los últimos años, "sin tener en cuenta la realidad de la justicia ni las necesidades de los ciudadanos".

Se ha referido a la reciente Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, que introduce los medios alternativos de resolución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad.

Según la decana, estas reformas se están implementando "sin apenas contar con los operadores jurídicos, sin tener en consideración qué necesitan realmente los ciudadanos, y sobre todo, sin contar que en muchas ocasiones las mismas requieren de unas grandes inversiones económicas".

Mollá ha advertido sobre el riesgo de crear "dos tipos de justicia" con la introducción de los MASC, ya que aquellos que no puedan costearse un mediador o conciliador verán "cercenado su derecho de acceso a la justicia".